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¿Réquiem para el Antel Arena?

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Nadie podrá decir que la suspensión de las obras del Antel Arena fue sorpresiva. Venía anunciada desde hace meses por el equipo económico en su afán de contener el exceso de gastos de las empresas estatales.

Pese a ese anuncio inicial las autoridades de Antel, la ministra de Industria, Carolina Cosse, y la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, siguieron empujando hasta ahora para construir un "estadio multimodal" que suscitó polémicas desde que se conoció el proyecto. Quizás ellos sean los únicos sorprendidos por la decisión del gobierno.

Las razones aducidas para detener las tareas son comprensibles. Se trata de "priorizar otras inversiones" que atiendan necesidades más urgentes del país que la de sustituir al derribado Cilindro Municipal. La situación económica, según la confesión de Tabaré Vázquez, era peor que la prevista y, por tanto, el horno no está para bollos. Y menos, para lanzarse a invertir más de 80 millones de dólares, que esa es la cifra real y no los 43 millones que figuraban en la primera estimación.

Un emprendimiento que fue discutido desde el principio del punto de vista jurídico, pues el artículo 190 de la Constitución estipula que "los entes autónomos no podrán realizar negocios extraños" a los asignados por la ley o "disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales". Rompe los ojos que edificar y explotar un estadio deportivo y centro de conferencias poco tiene que ver con la misión de una empresa telefónica. Tal como lo advirtió el Tribunal de Cuentas, en la ley orgánica de Antel no hay un solo artículo que habilite al ente a realizar esa obra.

Si el ente se embarcó en el proyecto fue porque desde la intendencia municipal de Montevideo les llegó a sus autoridades un pedido de auxilio. El Cilindro Municipal, una obra emblemática de la ingeniería nacional, debía ser reemplazado después del siniestro que agrietó sus paredes y amenazó con tirarlo abajo. Un siniestro, dicho sea de paso, que pudo prevenirse pues había denuncias sobre la falta de mantenimiento del edificio hechas en la Junta Departamental. Ocurrido el desastre no hubo sumario o investigación para delimitar responsabilidades, pero sí la urgencia de erigir otro estadio.

Entre 2010 y 2012 la intendencia capitalina intentó sin éxito ponerse al frente de la obra.

Visto que no podía hacerla por su cuenta —a pesar de que recauda unos 600 millones de dólares al año— buscó apoyos externos. Allí encontró a Carolina Cosse, por entonces presidenta de Antel, que vio una oportunidad de canalizar los ingresos de la empresa estatal en un área novedosa, espectacular, aunque extraña a su giro. Para ello se montó una enorme operación de marketing para justificar la presencia del ente telefónico en el tema, proceso que culminó con la implosión de los restos del Cilindro, episodio que fue presentado alegremente como un show mediático y no como el triste final de un edificio histórico.

Tan segura estaba Ana Olivera de que la obra era imparable que en su reciente discurso de despedida ante la Junta Departamental dio a entender que no había marcha atrás posible en la construcción del moderno estadio en virtud de los compromisos asumidos con la empresa constructora. Ella misma, en compañía de Cosse, y del nuevo presidente de Antel, Andrés Tolosa, había visitado el lugar a mediados de junio para comprobar en persona los avances concretados. Olivera ofreció incluso un detalle sobre el estado de la obra con mención de los movimientos de tierra y las labores de cimentación efectuadas, como si de tareas colosales se tratara. Entre los ediles de la oposición quedó la idea de que con la exaltación del Antel Arena la intendenta procuraba disimular la falta de obras trascendentes en la ciudad y el fracaso de operativos tales como el del Corredor Garzón.

De aquí en más el sueño del "estadio multimodal" quedará en un limbo por lo que resulta difícil vaticinar cuál será su futuro.

Al principio, cuando se produjo el incendio en el Cilindro Municipal, Olivera se apresuró a proclamar que en su lugar inauguraría un estadio en 2014. Ahora se despidió de la Junta diciendo que el estreno quedaría para 2017, contradiciendo así a la ministra Cosse que poco antes había informado que la obra se terminaría en 2016. En suma, nadie sabe a ciencia cierta cómo y cuándo concluirá la saga de este proyecto objetado desde el origen por su carácter inconstitucional.

Evocando (con cambios) una vieja —e infortunada— sentencia de Danilo Astori podría decirse que lo que empieza mal está destinado a terminar mal.

Editorial

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