EDITORIAL

República cocalera

Un país como Uruguay, que tiene una Fuerza Aérea sin aviones, una Armada sin barcos y sus fronteras agujereadas, queda expuesto a la acción del narcotráfico y a convertirse en boca de salida de la droga al mundo.

Realmente patético. Un partido y sus gobiernos, instalados con ínfulas de refundar al Uruguay, están a un paso de hacerlo pero de la peor manera: desde algunas partes -sobre todo Europa- miran hacia aquí de reojo, con la sospecha de que ha aparecido un nuevo centro de distribución de cocaína, al tiempo que la primera potencia del mundo -Estados Unidos-, foco de grandes inversiones, aconseja a sus ciudadanos a tomar precauciones en caso de venir por el alto grado de criminalidad que hay en el país.

Y no es el único que prende la luz amarilla; también Suiza, Australia, Portugal, Francia, Italia, Holanda, España, Inglaterra, Alemania, Suecia y Canadá -pese a que nuestro sagaz Canciller aún no los denunció por “meterse en las elecciones uruguayas”- ya habían advertido y recomendado en las últimas semanas a sus ciudadanos de la necesidad de estar alertas en caso de una visita al Uruguay. Alemania, por ejemplo, en un documento del 26 de junio, señala que “en Montevideo ha habido un notable aumento de la delincuencia en los últimos años”, y que “la atención se centra en los delitos de robo y hurto, cada vez más a punta de pistola”. (El Observador 08/08).

No hay dudas: drogas a inseguridad van de la mano. Guste o no guste a nuestro benemérito Ministro del Interior, el narcotráfico y sus secuelas hace tiempo que se han instalado en el país. Basta ver cómo ha crecido el número de asesinatos por “ajustes de cuentas” -un fenómeno típico de dirimir conflictos en esta actividad- para concluir que crecen el narcotráfico y las bandas. En 2018 fueron asesinadas 414 personas, 46% más que en el 2017. La tasa de homicidios quedó en 11,8 cada 100.000 habitantes, muy por encima de Chile, que tiene 3,6 y de Argentina con 5,2. El 47% de los casos fueron calificados como “conflicto entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajuste cuentas”. La Policía los mete en esa categoría y la gente cree que es un problema entre delincuentes y no se preocupa. Pero la realidad dice que la espiral de violencia es mucho más grande y sintomática de una enfermedad altamente peligrosa.

Tampoco hay dudas de que si crece el “ajuste de cuentas” es porque crece el narcotráfico y hasta parece lógico que busque expandirse más allá de las fronteras por mejores “negocios”. El narcotráfico corrompe y mucho con su argumento de “plata o plomo”. ¿Sorprenden entonces los cargamentos de cocaína boliviana hacia Europa o es el corolario de una nefasta política desde el gobierno y sus expertos en seguridad? ¿Se puede refundar un país con una Fuerza Aérea sin aviones, una Armada sin barcos, las fronteras repletas de agujeros y “El Guardián”, el servicio de escuchas policiales que mandó a comprar Bonomi, no incluye al WhatsApp? ¿No vieron que el tren se venía y los pasaba por arriba?

El Frente Amplio en el gobierno ha logrado lo que se proponía: ha refundado el Uruguay. El mundo nos mira como un país inseguro, donde campea la delincuencia y se hace complicado vivir o simplemente visitar, y además como una boca de salida de la droga de la región. Desde Alemania, el sitio Deustche Welle publicó un informe que ubica a Uruguay como “el nuevo cen-tro mundial del narcotráfico. El país se ha convertido en un centro cada vez más importante para los traficantes de drogas”; Le Monde, uno de los íconos del periodismo francés, considera que Uruguay “se está convirtiendo en un nuevo centro para la droga con destino a Europa”, en tanto Chris Dalby, director de InSight Crime, una red de periodistas con asiento en Washington dedicada a investigar el crimen organizado en América Latina fue más lejos: “La cocaína boliviana llega al mercado europeo a través de Uruguay desde hace al menos diez años. Sus autoridades conocen el problema, pero eso no significa necesariamente que se le haya buscado soluciones”. Y agrega un dato no menor: la cocaína es la principal fuente de financiamiento de la mafia italiana de la ’Ndrangheta, la organización que lideraba el fugado Rocco Morabito. ¿Será simple coincidencia?

Lo cierto es que han quedado muy lejos aquellos anuncios de Mujica de que la legalización de la marihuana iba a mejorar la seguridad pública y a disminuir el narcotráfico. Tras quince años en el gobierno solo nos han puesto en la agenda mundial del tráfico de drogas. La realidad se ha encargado de demostrar la falsedad de sus anuncios y promesas. Han logrado refundar el Uruguay, pero lo han hecho al precio de una república cocalera y de paso lo han refundido.

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