"De Eso No Se Habla” se llamaba una de las excelentes películas de María Luisa Bemberg, la cineasta argentina.

Aunque la trama de la misma, nada tiene que ver con lo que hoy nos ocupa, dicho título cruza la mente si pensamos en la diferencia que permanece en nuestro país hace unos 30 años, entre víctimas de la violencia terrorista. Como si los derechos de unos valieran más que los de los otros. Tal como lo dijera hace unos días el ministro Javier García, hay que “reconocer que el sufrimiento no fue en un solo sentido”.

Mientras se ha reparado económicamente a hijos, padres, hermanos, abuelos, cónyuges, concubinos y concubinas, de subversivos perseguidos, desaparecidos, fallecidos o declarados ausentes, con pensiones vitalicias que suman una cuantiosa suma, los familiares de quienes murieron a manos de la guerrilla nunca han sido tenidos en cuenta. Es de recibo entonces, que el ministro de Defensa dijera el otro día, que “corresponde una reparación económica dirigida a las víctimas de la guerrilla y que los derechos humanos se defienden integralmente”. “Que haya derechos humanos para unos y no para otros”.

Máxime cuando se sabe de las penurias en la que viven algunas familias de esos damnificados y no solo de dinero se trata. Hay reclamos que van más allá, con mucha razón de ser, como del hijo de un bancario de apellido Burgueño, quien tranquilamente esperaba el ómnibus en el momento en que los tupamaros avanzaron sobre Pando y una bala perdida lo mató. Una violenta insania que insólitamente hasta ahora festejan anualmente los partidarios de esa aventura guerrillera, demostrativa del carácter terrorista que asumió a cierta altura el accionar del movimiento tupamaro. En representación de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla, Burgueño (h) pretende que se haga una reparación histórica sobre lo acontecido en ese negro período. Su demanda es la de terminar con el mentiroso relato plasmado en volúmenes convertidos en libros de texto a través de los cuales se enseña a los jóvenes que los terroristas eran un puñado de valientes en lucha contra un gobierno tiránico, un grupo de idealistas amantes de los pobres que querían derrocar a una dictadura.

Un total de 66 personas perdieron la vida a manos de la guerrilla, entre los cuales, 14 asesinatos de civiles. Para los subversivos no era solo combatir contra policías o militares que portaban armas, sino que murieron simples ciudadanos que por distintas circunstancias cayeron sin tener nada que ver con lo que sucedía. Ese fue el destino de Ramón Pascasio Báez, un peón rural que trabajaba en un establecimiento en las proximidades de Pan de Azúcar, casado y con hijos, quien por pura casualidad dio con lo que en la jerga de la guerrilla se conocía como “tatucera”. Allí se escondían armas y dinero entre otras cosas, además de contar con campo de entrenamiento de tiro. Luego de mantenerlo cautivo durante 2 meses lo asesinaron con una inyección de pentotal. Y según se ha sabido, el “justiciero” no solo está libre, sino que es uno más de los beneficiados por las leyes de resarcimiento económico.

En los comienzos, la guerrilla solía atacar a los policías para quitarles el arma. A fines de los 60, uno de los agentes intentó impedirlo, como era su deber y lo mataron a mansalva. Se llamaba Germán Garay y tenía 28 años. Otros muchos fueron ultimados tratando de impedir el robo de un auto, el asalto a un banco o un atentado en la calle. Por obra del MNL-tupamaros murieron 34 policías y ¡oh ironía!, cuando el FA llegó al poder, la policía pasó a ser comandada por uno de aquellos durante al menos dos períodos. Una vez que las Fuerzas Armadas, por decisión del Poder Legislativo, entraron en la lucha antiguerrillera, 18 militares fueron abatidos y tras el triunfo frentista, otro tupamaro se convirtió en jefe de las mismas.

Las declaraciones del ministro García han vuelto a poner en la palestra un debate que ha tenido distintas instancias. Ya blancos y colorados elaboraron proyectos sobre este punto que no llegaron a concretarse. El presidente Vázquez mandó una ley de reparación que incluía a estas víctimas, pero como su partido no estuvo de acuerdo ni él insistió demasiado, al artículo lo borraron. El año pasado Cabildo Abierto presentó otro y debería haber más chances de que se apruebe. Aunque hay una gran injusticia en el tratamiento de unos y otros, hay quienes opinan que debería hacerse cargo de las reparaciones la “organización” y no el Estado, o sea, el contribuyente. Sin embargo, lo que más importa es que de una vez todas se haga justicia con los deudos de esa gente.