EDITORIAL
diario El País

Reivindicar la política

La libertad responsable a la que apela el presidente responde a un criterio que es mucho más amplio que las medidas y sugerencias que plantean los científicos. Por suerte, el Gach tiene claro su papel y no avasalla la verdadera representación popular del político.

Este año tan particular que vivimos, entre la alternancia en el poder y las consecuencias nefastas de la pandemia, trajo un replanteamiento de los vínculos entre la política y el conocimiento científico.

Al menos desde “La República” de Platón siempre hubo argumentos que sustentaron que había que dejar que del tema político se ocuparan los expertos. Para el caso de la pandemia, esas personas con conocimiento especializado vendrían a ser los científicos, y en particular los que tan bien han trabajado en todo este tiempo en el grupo honorario que ha asesorado al Ejecutivo. Quienes se inscriben en esta tradición de pensamiento creen que nada tienen que hacer los políticos sobre todo en tiempos de crisis, y que hay que hacer caso siempre a los planteos que hacen los científicos para enfrentar esta grave coyuntura.

A esta argumentación se suma un condimento partidista. Por un lado, la gran mayoría de la comunidad científica es simpatizante de la izquierda, y en particular del Frente Amplio (FA). Por otro lado, el FA hizo campaña en 2019 y siguió sosteniendo luego que el gobierno encabezado por Lacalle Pou no iba a tener la capacidad de conducir el país, por falta de experiencia, por exceso de juventud y/o por ideologización derechista. Así las cosas, la crisis de la pandemia vino a cristalizar todos estos puntos de vista críticos: dar el poder de decisión a los representantes del conocimiento especializado no solamente era algo que filosóficamente tenía su peso, sino que, además, quitaría del medio a un gobierno flojo para dirigir y daría protagonismo a compañeros de ruta izquierdistas.

Esta postura ha surgido con fuerza cada vez que la pandemia se ha agravado. Ocurre que lo que podríamos llamar una parte del mundo de “las túnicas blancas” sale con énfasis a hacer sus propuestas, y que ellas casi siempre se extienden más allá del ámbito de sus competencias de saberes: se trata de medidas que afectan a la economía, a las libertades individuales, a la educación de las nuevas generaciones y a un sinfín de sectores y de intereses que es mucho más amplio que el sanitario del país. Gran parte del FA, por su lado, aparece apoyándolas, y se queja de que el gobierno no sigue los lineamientos científicos.

En este contexto, importa dejar en claro cuál es el fundamento democrático de nuestra convivencia política. Aquí no gobiernan los científicos. Aquí gobiernan los políticos, que no salen de un repollo, sino que fueron votados por la gente en elecciones justas y libres repetidamente en 2019 y, además, en plena pandemia en setiembre de 2020 cuando, una vez más, el pueblo apoyó mayoritariamente a los partidos que conforman la coalición republicana.

Es el político pues el que ostenta la representación del pueblo. Y en su tarea tiene que tener presente no solamente lo que plantean los científicos, sino también otras dimensiones que, notoriamente, escapan a las consideraciones de esos especialistas. Como nada es perfecto en la vida, y como siempre hay que optar dentro de una gradación de grises que involucra muchas dimensiones, es que la democracia representativa hace confianza en sus políticos de forma de conducir el barco en tiempos de crisis.

Es muy fácil, por ejemplo, tener asegurado el salario y el empleo por formar parte de la élite de funcionarios públicos de altos ingresos, y desde allí salir a exigir en distintas tribunas que se cierre la economía para evitar que sigan aumentando los casos de COVID-19. ¿Pero acaso eso es posible en la realidad de la vida nacional sin causar enorme perjuicio económico, social, y en definitiva vital a las grandes mayorías populares cuyos sustentos pasan por la actividad cotidiana? Obviamente que no. No es por tanto tal o cual vocero de gremios o científicos, cuyas visiones siempre serán parciales, los que están legitimados para decidir cuál será el rumbo nacional a tomar, sino los políticos, que son los que deben velar por los intereses generales.

La libertad responsable a la que ha apelado el presidente en todo este tiempo responde a un criterio que es mucho más amplio que las medidas y sugerencias que plantean los científicos. Por suerte, el grupo honorario que ha trabajado con el Ejecutivo tiene claro su papel y no ha pretendido avasallar la verdadera representación popular que inviste al político, y sobre todo la legitimidad enorme de este Ejecutivo que es respaldado por cerca del 60% del Parlamento y de la ciudadanía.

Hoy que vivimos tiempos de crisis, es cuando más que nunca debe ser reivindicada la política. Y es cuando lamentablemente se vuelve a observar una estrategia bastante clara; sembrar cizaña entre la Presidencia y el GACH.

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