Editorial

Los votos del Frente Amplio en la Cámara de Diputados declararon “secretos” los términos del acuerdo entre la Regasificadora con la empresa brasileña OAS involucrada en el Lava Jato.

La ausencia de tres legisladores de la oposición (Betina Britos y Ricardo Berois del Partido Nacional y Guillermo Facello del Partido de la Gente) permitió que el Frente Amplio, a pesar del retiro de sala del diputado “rebelde” Darío Pérez, impusiera su mayoría en la Cámara de Representantes y no solo rechazara el pedido de pase de los antecedentes de la regasificadora a la Justicia, sino que también se aprobara declarar “secreta” parte de la documentación manejada por la Comisión Investigadora. Dentro de ese legajo se encuentran los antecedentes y actuaciones que se relacionan con la empresa brasileña OAS, a la que le fue adjudicada la concesión para la construcción del gasoducto que conectaría el barco regasificador en Puntas de Sayago con la planta en tierra.

La Regasificadora, una megaobra que abrazaron dos gobiernos del FA (primero Mujica y luego Vázquez) ha dejado un reguero de pérdidas que se estiman en unos 200 millones de dólares y ha afectado -además del bolsillo de los ciudadanos- a unas 300 firmas nacionales de distinto porte y de los rubros más variados. En ese paquete, la presencia de OAS, una empresa que no integra el grupo Odebrecht pero está vinculada a las investigaciones del Lava Jato, ha sido uno de los elementos más polémicos de las contrataciones de la Regasificadora y ha dejado una larga lista de juicios y reclamos.

Pero, más allá de lo que significa para el país el estrepitoso fracaso de este proyecto y sus consecuencias en la muy cascoteada economía que va dejando el Frente Amplio como legado, en lo sucedido en la Cámara de Diputados se destacaron dos episodios: el secretismo que se impuso desde las alturas sobre los pormenores de ciertas “aventuras” y la responsabilidad de algunos legisladores de la oposición para que ello ocurra.

1) Los documentos sobre OAS fueron enviados a la Comisión Investigadora y, si se presenta denuncia penal como se anuncia desde la oposición, llegarán a la Justicia. ¿Por qué se oculta entonces? ¿Es solo “cercenar, limitar o poner obstáculos a una actuación que igual vamos a cumplir” como dijo el diputado del PN Pablo Abdala?

No está en juego la seguridad nacional. No hay un proceso en marcha que pueda explicar la imposición de silencios por cuestiones de oportunidad, confidencialidades o eventuales perjuicios al Estado. Es algo que ya pasó: se firmó, hizo o no hizo OAS su trabajo y se terminó, ya es historia. El Estado uruguayo ha anunciado su desinterés por la obra de la Regasificadora.

Y entonces, ¿por qué no se puede conocer ese pasado? Los actos de un gobierno democrático ¿deben ser públicos o clandestinos? ¿Acaso no se debe rendir cuentas de ellos? Pero, como dijo el diputado del PI Daniel Radío: “Hay gente que tiene vocación de ocultamiento”.

2) No es la primera vez que en cuestiones importantes y que hacen al control que debe ejercer el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, fracasa la oposición porque alguno de sus legisladores no se encuentra en sala. Ya había ocurrido antes, con la comisión investigadora de ASSE que pidió una prórroga para sus investigaciones y el FA la rechazó. Si bien le faltaban diputados, muchos más faltaron desde la oposición, tantos que es muy difícil recordar los nombres.

Ni siquiera se tomaron la molestia de pedir la convocatoria del suplente. Podría justificarse si se retiran de sala porque no están de acuerdo con lo que propone su Partido. En este caso, sería de orden que así lo expliquen, como hizo Darío Pérez en Para empezar el día de Radio Oriental: “No me cayó bien declarar algo secreto a los ojos del pueblo”.

Pero no, su omisión los convierte en cómplices del Frente Amplio y garantías de su política de secretismo.

Es además una falta de respeto al cuerpo legislativo y una irresponsabilidad con los ciudadanos que confiaron en ellos y les dieron su voto. La función de control que debe ejercer el Parlamento sobre el Poder Ejecutivo -y de eso se tratan las comisiones investigadoras- es esencial en el equilibrio de poderes y así lo establece la Constitución de la República.

No cumplieron. Los partidos políticos a los que pertenecen esos legisladores omisos deberían pasar los antecedentes a sus tribunales de conducta para que dictaminen si estas actitudes son correctas.

Cuando se aproxima el año electoral es muy bueno que los ciudadanos que van a utilizar su voto para elegir el futuro sepan quiénes son los legisladores respetuosos de sus obligaciones y quiénes no. Es, ni más ni menos, asegurar el correcto funcionamiento del sistema democrático.