Repitiendo por tercera vez el mismo ritual, el Frente Amplio retornó al gobierno anunciando que promoverá una reforma de la Constitución. Aunque el más reciente argumento para justificar ese impulso sería la necesidad de acortar el proceso electoral, ya se sabe que una vez abierto el proceso reformista abundan las iniciativas para agregar, suprimir o modificar sus artículos en un país en donde hay grupos políticos convencidos de que para arreglar las cosas basta con cambiar la letra de la Constitución.

Desde distintos sectores del Frente Amplio surgen numerosas propuestas: ampliar el capítulo referido a los derechos humanos; regular mejor la gestión del Estado; otorgar el voto a los uruguayos en el exterior; crear un Tribunal Constitucional independiente del Poder Judicial así como un Ministerio de Jus- ticia; consagrar el matrimonio igualitario; incluir normas que aseguren la equidad en materia de género; redefinir el concepto de derecho de propiedad; reforzar el fuero sindical; cambiar las formas de actuación del Tribunal de Cuentas y de la Oficina de Servicio Civil; constitucionalizar el Fonasa; nuevas normas sobre el derecho a la vivienda, y un largo etcétera.

Como puede apreciarse las ansias reformistas son variadas e ilimitadas por lo que una vez iniciada la marcha puede preverse que lloverán otras muchas iniciativas para redactar una Carta Magna repleta de novedades. De más está señalar los peligros que entraña obrar de esta manera sin reparar en el ejemplo de sociedades más desarrolladas que raras veces enmiendan sus constituciones convencidas como están de que las cosas no se arreglan en el papel sino en la forja diaria de mejores instituciones.

Pero el Frente Amplio tiene otras ideas y esta vez, acicateado expresamente desde otras organizaciones, en particular por el Pit-Cnt, parece más decidido que en ocasiones anteriores a lanzarse en pos de la reforma. Tanto es así que instaló un grupo prorreforma y puso a trabajar a algunos grupos para tener redactado el proyecto de lo que algunos llaman "una Constitución socialista" antes de fin de año. El propio Tabaré Vázquez aprueba la iniciativa que tiene en el MPP a uno de sus principales propulsores.

Uno de los problemas todavía no resueltos por el Frente Amplio es elegir el mecanismo para instrumentar la reforma. La Constitución prevé varias maneras de reformarse. La primera es a través de la iniciativa popular del 10% de los ciudadanos cuyo proyecto se vota conjuntamente con las elecciones nacionales. La segunda es mediante una mayoría legislativa de dos quintos de miembros de la Asamblea General con posterior plebiscito. La tercera y más mencionada por los dirigentes frentistas es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

El mayor inconveniente de esta fórmula es que requiere convocar a elecciones para seleccionar a los 260 constituyentes, ya que se exige que su número duplique al de los legisladores. Cuesta creer que el gobierno se embarque en los próximos meses en un nuevo proceso electoral en el cual cada partido político se lanzará a hacer una campaña fragorosa para presentar y publicitar no solo a sus candidatos sino también sus diversas propuestas de reforma. Cuesta imaginárselo y parece contradecir a quienes se quejan de la excesiva extensión de nuestro ejercicio electoral.

Si esta tercera vía de reforma prosperara tendríamos al Parlamento en funciones y a su costado una Convención Nacional Constituyente en plena deliberación y con potestades suficientes para cambiar todo el andamiaje jurídico-institucional del país. Es fácil suponer que gradualmente esa Convención podría ir aumentando su gravitación hasta convertirse en el foro máximo de la discusión pública en detrimento de los demás poderes. Experiencias similares en otros países de la región demuestran que una Constituyente en acción, alegando que representa mejor que nadie la soberanía popular, puede convertirse en una fuente de poder capaz de opacar al propio Parlamento. En el caso uruguayo el panorama puede complicarse aun más si se recuerda que la palabra "revolución" arde en algunas cabecitas propensas a la utopía y en donde el partido Comunista, por ejemplo, postula cambios radicales en la Carta, entre ellos los vinculados a "la propiedad de los medios de producción" y "la tenencia de la tierra".

En suma, aun cuando el impulso reformista pueda encontrar razones que lo justifiquen, todo indica que disponerse a cambiar la Constitución es abrir la marcha hacia un camino largo, sinuoso y de final incierto.

Editorial