Generó controversia la decisión de la Intendencia de Rocha de acotar los apoyos a las murgas departamentales para el próximo Carnaval.

Decimos acotar y no cancelar, porque la tradicional contratación de esos colectivos artísticos para los desfiles se mantiene, así como también la contribución de la Intendencia en equipamientos de luces y audio para sus espectáculos. Lo que el intendente Alejo Umpiérrez ha decidido discontinuar es el pago que se hacía a esos conjuntos para que actuaran en escenarios financiados con arcas públicas.

Esto es totalmente distinto a lo que se ha dicho por ahí, de que la intendencia censura a las murgas o pretende acallarlas. Es obvio que en nuestro país impera la más amplia libertad de expresión y, como tal, las murgas de Rocha tienen toda la potestad del mundo para actuar donde quieran: lo único que decide el gobierno departamental es que no lo hagan financiadas con recursos públicos. ¿Acaso no tiene un intendente electo democráticamente el derecho a administrarlos de la manera que entienda más conveniente y eficiente para los contribuyentes?

También se ha dicho con total desacierto que esto demostraría que esa comuna no apoya la cultura. Porque ¿de qué cultura estamos hablando? La conducción de Alejo Umpiérrez ha llevado adelante una vasta gama de iniciativas de promoción cultural: desde espectáculos teatrales y musicales en distintas localidades hasta talleres de formación en diversas disciplinas artísticas. Ayer mismo, se anunció la puesta en marcha del programa “Biblioplayas”, el cual, mediante un convenio con la Biblioteca Nacional, distribuirá libros de autores nacionales y universales a través de cinco móviles que recorrerán la costa, desde Barra del Chuy hasta La Paloma. Haciendo una somera consulta en redes sociales, también aparece una exposición en memoria de las víctimas del Holocausto, que tendrá lugar la semana que viene en la capital departamental y en febrero en La Paloma. Solo en lo que va de este mes de enero, se anunció asimismo la inminente mejora constructiva del Teatro 25 de Mayo de Rocha. Para esto, la administración del departamento cuenta con el aporte de un fondo concursable del MEC por valor de 30.000 dólares e invertirá de sus propios recursos otros 70.000.

Entonces, las voces plañideras que hablan de ataque a la cultura, deberían empezar por respetar el derecho del gobierno rochense de diseñar su propio plan de promoción cultural. Nadie duda de que la murga es una expresión autóctona. Lo que también es indudable es la magnitud con que este fenómeno, arraigado a viejas y entrañables tradiciones, se ha visto contaminado en los últimos años por una intencionalidad proselitista que poco tiene que ver con la calidad artística. No solo ha pasado en Rocha. Prácticamente en coincidencia con la asunción del nuevo gobierno, el primero de marzo de 2020, la murga montevideana “Metele que son pasteles” publicaba en YouTube un video incendiario, en el que cantaba consignas de odio e incluso hacía apología de la violencia, amenazando explícitamente al gobierno con protestas como las de Chile de octubre de 2019. Más recientemente, otra murga llamada “Cayó la cabra” hizo chistes con la muerte del exministro Jorge Larrañaga. Y personalidades políticas frenteamplistas de primera línea, como la intendenta Carolina Cosse, han explicitado una y otra vez que los escenarios de Carnaval serán instrumentos ideales para persuadir a los ciudadanos en contra de la LUC.

En este contexto, la anterior administración rochense destinaba generosos recursos públicos a un puñado de murguistas militantes que, más que presentar espectáculos artísticos, cantaban consignas en contra de los partidos fundacionales. Eso no es promoción cultural, es manejo irregular de recursos públicos, con desembozada finalidad de propaganda electoral. Si hoy las arcas de esta o cualquier otra intendencia blanca se destinaran a himnos celebratorios del presidente Lacalle o tonadas burlonas contra el FA, los mismos que hoy lloriquean por esta medida estarían incendiando la pradera.

Pues bien: es hora de que se acostumbren a que el país dejó de ser la estancia en la que mandaban como patroncitos caprichosos. Que quienes representan a las mayorías ciudadanas no solo tienen el derecho, sino la obligación de administrar recursos con ecuanimidad, austeridad y prescindencia de toda publicidad partidaria.

Sus murgas compañeras pueden cantar cuando y donde quieran, pero no desde la comodidad de la rebeldía subvencionada.