Editorial

Tiene razón la AUF, pero es peligroso: hace tiempo que el fútbol dejó de ser un deporte para convertirse en un gran negocio si se utiliza el cartelito de FIFA. Sin él, a jugar y llorar al campito.

Es peligrosa, pero ajustada a derecho, la decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol de no aceptar la intervención de la FIFA y recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) porque no violó ninguna norma (ni en el proceso eleccionario ni en los plazos para aprobar el nuevo estatuto) y además no se cumplió con un principio fundamental en materia jurídica: el debido proceso. A Uruguay se lo condenó sin escuchar sus descargos o su defensa.

Es peligroso, porque hace tiempo el fútbol es un deporte que moviliza multitudes, pero también es un gran negocio que mueve millones y millones de dólares, que maneja su máxima autoridad mundial: la FIFA. Solo por el rubro inversiones, en los últimos mundiales de Brasil y Rusia se gastaron uno 14.000 millones de dólares y en el mundial de Qatar 2022 serán 200.000 millones de dólares. Pocos años atrás estuvo sacudida por un gigantesco escándalo que terminó con su presidente, el suizo Joseph Blatter, y sus principales dirigentes presos. Hubo cambio de figuras en su conducción, asumió el suizo Gianni Infantino y su equipo y, por lo que se sabe, aquella corrupción desapareció (o por lo menos amainó), pero no se perdió para nada la soberbia y el autoritarismo de sus antecesores.

Es peligroso porque la FIFA actúa por encima del derecho que rige en los países miembros, con independencia y por encima de los Estados. Tiene sus propias reglas, sus propios principios rectores, sus propios códigos de justicia. Los países acatan o se van (o los van). Pero nadie puede discutir sus decisiones y menos oponerse.

Es peligroso porque Uruguay es un país pequeño, con un formidable historial futbolístico, pero con escasos recursos. Solo la venta de jugadores —y/o la presencia del empresario Francisco Casal— permite sobrevivir a la mayo- ría de las instituciones que integran la AUF. Donde los verdaderos protagonistas del fútbol, que son los jugadores, no participan (hasta ahora) de las decisiones de la AUF.

Pero es ajustado a derecho. La AUF estaba presidida por un dirigente, Wilmar Valdez, amigo del nuevo mandamás de la FIFA, que iba por su reelección cuando se armó un escándalo de enormes proporciones por la aparición de unos audios con presuntos actos de corrupción, que determinaron la renuncia de Valdez a pelear por su reelección. Hoy este episodio está en la justicia, porque en este país pequeño la justicia funciona y funciona bien.

Con este panorama, la FIFA decidió intervenir el fútbol uruguayo. Motivos serios no hay ninguno: no se incumplió nada ni con la FIFA ni con la Conmebol. La AUF tenía previsto realizar sus elecciones el 31 de julio. Cuando estaba reunida la Asamblea llegó un comunicado de la Conmebol, presidida por el paraguayo Alejandro Domínguez —enemigo de Casal— recomendando la suspensión del acto eleccionario porque ninguno de los candidatos había cumplido con el requisito de un test de idoneidad obligatorio. La Asamblea aceptó la nota de la Conmebol y se pasó a cuarto intermedio. Todos los que aspiraban a ser candidatos (y algunos más por las dudas) se sometieron al test e incluso varios lo perdieron, por lo que quedaron inhabilitados.

Algo parecido pasó con la aprobación del nuevo Estatuto FIFA. Es cierto, como dijo en uno de sus excelentes informes aparecidos en Ovación el periodista Edward Piñón: "Cuatro años de hartazgo por las promesas incumplidas tienen que haber tenido un peso importante. En el año 2013, bajo el mandato de Sebastián Bauzá ni siquiera fue posible tener quórum para cambiar el Código de Disciplina que acompasara los tiempos de la FIFA. Bajo el mandato de Wilmar Valdez, en tanto, los clubes nunca quisieron aprobar el nuevo estatuto porque consideraban que iban a perder peso político y eso dejaría en el cargo indefinidamente a Valdez y su cuerpo de neutrales". Pero el mismo martes 31 de julio, fecha de la Asamblea, la AUF recibió una comunicación de FIFA, advirtiendo que se le suspendería la afiliación en caso de que la Asamblea de Clubes no apruebe el nuevo Estatuto antes del 2 de diciembre. La AUF aún estaba y está a tiempo. Entonces, ¿por qué la intervención?

La intervención —el apartamiento del cargo de sus legítimas autoridades— es una sanción más leve que la desafiliación, pero es una sanción. Y se tomó sin escuchar al acusado. Se lo condenó sin posibilidades de defensa, sin garantías mínimas.

Tiene razón la AUF. El tema es si vale la pena esta pelea: el fútbol es un deporte, pero también es un gran negocio si se utiliza el cartelito FIFA. Sin él, a jugar y llorar al campito. ¿Vamos por eso o será mejor sentarse y conversar?