EDITORIAL

El gobierno frenteamplista se niega a responder informes y no quiere que ni siquiera el Parlamento, donde están los representantes de la gente, investigue en que andan.

En una democracia, los gobernantes están obligados a responder por sus decisiones ante los gobernados. Dan cuenta de sus actos, muestran lo que hacen, lo que gastan, lo que ganan y lo que pierden. Esa es la base de la transparencia en un Estado de Derecho: explicar ante el soberano y ante el que paga los impuestos, cada paso que da.

Eso le está resultando difícil al actual gobierno frenteamplista. No quiere dar cuenta de nada. Se niega a responder informes y no quiere que ni siquiera el Parlamento, donde están los representantes de la gente, investigue en que andan.

La lista de ese preocupante desinterés es larga, pero basta atenerse a dos hechos recientes. Uno fue el de impedir que la Cámara de Diputados formara una comisión para investigar como administra sus gastos el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El otro fue la negativa de Antel a dar información sobre los costos de mantenimiento del Antel Arena, pedida por un senador.

La actitud, en ambos casos, da lugar a dos lecturas. Una es la comprobación de una soberbia asombrosa. La otra es de la intención oficialista de ocultar información; hay datos que no quieren que se conozcan y cualquier artilugio es bueno para negar su divulgación.

Las dos lecturas se resume en lo mismo. Son señales que da el gobierno de su creciente y alarmante desgaste.

Lo del Mides es bien conocido. Preocupado por lo que considera un gasto sin control que linda en el clientelismo, el diputado blanco Martín Lema pidió una investigación a fondo. Argumentó que el Mides ya no era un buen instrumento “para concentrar y ejecutar políticas sociales”, pues se convirtió “en un contumaz incumplidor de la legalidad, buscando (…) evadir controles o mantener bajo un manto de secretismo los resultados de sus programas”. Dijo que se iban millones de dólares que no llegaban a los más necesitados y que el Mides se sentía impune, “al punto que parece haber creado su propia legislación”.

Esto preocupa a mucha gente y eso solo hubiera bastado para haber votado la comisión pedida por Lema, y así aclarar que está pasando en ese ministerio. Al votar en contra el Frente Amplio le da la razón al diputado blanco y desnuda una innegable intención de no querer mostrar en qué gasta el Mides sus cuantiosos fondos. Semejante negativa, sólo da lugar a más sospecha.

El caso de Antel es sorprendente por cómo argumentó su negativa. Allí no se trataba de crear una comisión investigadora ni mucho menos. El senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, tan solo pidió información sobre los costos de mantenimiento, limpieza, electricidad, agua y seguridad del complejo Antel Arena. Información que seguramente está ya procesada en las computadoras gerenciales: basta hacer “click” para que le llegue al senador.

La respuesta fue insólita: se le dijo que esa información era “confidencial”. Darla constituiría una “pérdida de ventajas competitivas” y dejaría a Antel Arena en “inferioridad de condiciones” frente a las empresas de la región. La empresa estatal sería “irresponsable” si desnudara “información estratégica”.

Se trata de una actitud cuestionable. Cuando un senador pide información, ésta se da. Sin titubear. El senador, en este caso, representa a los dueños de una empresa pública. No se trata de un lugar privado que maneja tales datos solo ante sus accionistas. Acá, los accionistas somos todos. Negarse, revela el deseo de administrar ese centro con estilo oscurantista y cerrado.

Esto es grave en si mismo, y es más grave aún dados los antecedentes polémicos de Antel Arena. Por un lado sigue sin explicarse porque su costo se fue multiplicando con el tiempo, hasta terminar gastándose más del doble de lo previsto. Y estamos hablando de cifras millonarias. Por otro lado está el tema del propio origen de ese emprendimiento, pues al no ser parte del rubro de telecomunicaciones que maneja y define a la empresa estatal Antel, viola lo que la Constitución establece sobre como deben funcionar las empresas públicas.

Ante cuestionamientos de tal envergadura, Antel debería ser más trasparente que nunca respecto a su funcionamiento. Mieres pidió información elemental, que sin embargo fue convertida gracias a un inexplicable pase mágico en “confidencial” y “estratégica”. ¿Informar sobre cuanto cuesta barrer el estadio cerrado o a cuanto asciende la cuenta de luz es “estratégico”? Nadie puede creer que quien dio esa respuesta esté hablando en serio.

Es una tomadura de pelo. No a Mieres, sino a los uruguayos: los genuinos dueños de la empresa.