EDITORIAL

Con el pueblo y con la Corte

Da la impresión de que el Frente Amplio no entiende que la Constitución está para ser respetada y no para torcerla. Que el pueblo ya laudó una vez y que las modificaciones fundamentales del régimen electoral requieren mayorías especiales y no mayorías simples.

Hace unas semanas que el oficialismo está intentando quitar el foco de atención de sus tramas de corrupción sin lograr mayor éxito. Sin embargo, con el planteo del voto de los uruguayos en el exterior encontró parte de la distracción que precisaba.

Es un tema que levanta pasiones en el pequeño microclima politizado, aunque notoriamente no desvele a las mayorías populares. Es un tema político por definición, ya que atañe a quiénes y cómo han de decidir nada menos que el gobierno de la República con su voto. Y es un tema que abarca de alguna manera a la amplia diáspora de uruguayos por el mundo, cuyo número cierto nunca termina de saberse en verdad, pero cuya estimación global nunca es menor a los 250.000 en total.

El voto de los uruguayos en el exterior fue además ya tratado por el pueblo uruguayo. En efecto, aunque se quiera relativizar el asunto por parte de quienes ahora lo promueven, la verdad es que la ciudadanía votó en 2009 acerca del voto epistolar, que es una forma concreta de permitir el voto de los uruguayos en el exterior. El rechazo fue contundente: solo el 37% estuvo de acuerdo con admitirlo. Además, sabido es que lo que se ha dado en llamar el "voto Buquebus", es decir la participación masiva en las elecciones nacionales de 2004, 2009 y 2014 de residentes uruguayos en Argentina, fue fundamental para que el Frente Amplio obtuviera mayorías parlamentarias en esas tres ocasiones. Por todo esto es que son legítimas las dudas sobre las buenas intenciones de la actual iniciativa.

Más allá de debates teóricos que involucran las definiciones de soberanía nacional, capacidad de discernimiento ciudadano, consecuencias de la globalización económica e informativa, papel de las diásporas por el mundo y justificación y legitimidad de la cultura ciudadana moderna, hay dos dimensiones muy importantes que no están siendo lo suficientemente explicitadas en este pequeño debate que distrae la atención de los verdaderos problemas del país.

La primera refiere a que luego del resultado de 2009 en el que la ciudadanía votó tan claramente en contra del voto epistolar de los uruguayos en el exterior, cualquier iniciativa de similar objetivo debe pasar nuevamente por la decisión directa del pueblo. No es cuestión de que el pueblo haya dicho no al voto epistolar hace menos de diez años, y que por la ventana ahora y sin consultarlo nuevamente, se quiera definir que los uruguayos pueden votar en el exterior de otra forma.

Se dirá que no hay alarma, ya que hoy no hay mayorías especiales para poder aprobar la idea del voto consular en el Parlamento. Sin embargo, sí parece que puede haberlas para facilitar a los uruguayos del exterior sus trámites con respecto a la credencial cívica cuando por dos elecciones consecutivas no han concurrido a votar al país, y de esta forma evitar que queden excluidos del padrón electoral.

Es aquí que importa mucho la segunda dimensión de este debate: debe respetarse la Constitución de la República. Su artículo 332 señala que la Corte Electoral conocerá sobre todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales y su artículo 77 dice que toda nueva ley de Registro Cívico o de Elecciones, así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. No es cuestión de torcer la letra de la Constitución para aprobar modificaciones electorales fundamentales, por ejemplo, con mayorías simples en el Parlamento.

Uruguay ha sido históricamente muy sabio en materia electoral. Es el país del continente que cuenta con más y mejores garantías para el sufragio. Aquí, en 1971, 1994, 2004, 2009 y 2014, por ejemplo, se resolvieron elecciones presidenciales o conformaciones de mayorías parlamentarias claves por márgenes menores a los 20.000 votos. Y si todas las veces se respetaron los resultados fue también por la certeza institucional que brinda la Corte Electoral, órgano independiente del Poder Ejecutivo. ¿Acaso no se pondrá en tela de juicio esa garantía institucional tan importante si se otorga un papel electoral a los consulados en lo que refiere a las credenciales cívicas?

El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Cuidado con ceder a la demagogia del discurso de la inclusión de los uruguayos del exterior y blablablá. Antes que nada están las garantías de la democracia. Sea cual fuere el resultado de las negociaciones parlamentarias, nada debe hacerse de espaldas a la voluntad del pueblo y ninguneando las funciones de la Corte Electoral.

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