Lo que es provisorio no es definitivo y quien está contratado trabaja hasta que termine su contrato o culmine la tarea para la cual se lo tomó. Esto es de sentido común y sería lógico pensar que no hace falta aclarar nada más.

Sin embargo, no es así en la burocracia estatal uruguaya. Las cosas se llamarán de una manera pero en realidad quieren decir otra y así lo hizo saber, en jerga oscura y enredada, José Lorenzo López el dirigente del sindicato que reúne a los funcionarios del Estado (COFE).

Su reacción es una respuesta a la preocupación manifestada por futuros ministros, al percibir eventuales movimientos de empleados públicos en las áreas de las que serán responsables cuando asuman.

Una propuesta del futuro gobierno, anunciada durante la campaña electoral, era no cubrir vacantes de funcionarios estatales para así reducir su número en un intento por disminuir el hoy acuciante déficit fiscal. Es obvio que si gente que fue tomada en la modalidad de pasantías, de provisoriatos o por contrato, luego se incorpora masivamente al elenco estatal en calidad de presupuestada (y por lo tanto inamovible), el objetivo del presidente electo habrá sido trabado por el gobierno saliente.

El director del Servicio Civil, Alberto Scavarelli, se encargó de aclarar que no entró nuevo personal a última hora, lo cual es cierto. Mucha de esta gente está en los cargos transitorios desde hace tiempo. Lo que si se está por hacer a última hora (para usar la expresión del director) es cambiarle su status dentro del Estado, para quedarse de por vida. Y no son números menores.

Se habla de 500 casos en el Mides. Vaya si ese no es un número. De 160 en el Ministerio de Ganadería, 70 en el de Transporte y Obras Públicas y 50 en el de Industria. En todos los casos son un número equivalente a la plantilla de una empresa de cierto porte.

Esto pasa cada tantos años, e incluso en ocasiones hubo protestas porque los funcionarios que estaban en esa situación consideraban que les era un derecho inherente pasar a ser presupuestados, por ninguna otra razón que no sea la de que ya estaban ahí.

López despliega explicaciones confusas que no son fáciles de entender. Pero si fueron tomados en régimen de “provisoriato”, se supone que son provisorios y que quien entró en esa condición lo sabe. Provisorio quiere decir, para ponerlo en palabras sencillas, “por ahora”. Luego, se van. ¿O es que en ese diccionario tan especial que usa la burocracia, provisorio tiene un significado que el común de los mortales desconocemos?

Lo mismo ocurre con los que fueron contratados. Se supone que quien asume una función en ese régimen es porque fue tomado para cumplir una tarea bien concreta, por un período determinado y nada más. También como en el caso anterior, quien es contratado conoce de antemano su situación. Terminada la tarea o cumplido el plazo, se va. No hay más que discutir.

La confusa explicación de López da pie a suspicacias. ¿Serán estos mecanismos formas de apariencia legal para hacer entrar gente como empleados públicos sin cumplir otros requisitos? ¿Se les hace entrar por está vía para luego, ante el hecho consumado, pasarlos a presupuestados en forma definitiva?

Si así fuera, el mecanismo parece perverso y tramposo y no sería propio de un dirigente sindical andar defendiéndolo.

De todos modos, supongamos que hay mecanismos previstos que obligan a presupuestar a contratados y provisorios (cosa que parece poco probable), ¿cuál es el apuro entonces? ¿Por qué el Mides enlista de golpe a 500 personas si la actual ministra no los precisa ya que se va a su casa en un mes y medio? Lo lógico sería, dado que los administradores presentes no quieren hacerse cargo, dejar que el siguiente ministro decida.

Lo peor es que este tema salta a la luz pública porque en el proceso de transición los ministros entrantes descubren que tendrán un problema que no estaba previsto en sus cálculos. Sienten que alguien, con cierta dosis de malicia, les están haciendo daño. De no haber sido así, nunca hubiéramos estado discutiendo este tan peculiar mecanismo, con fuerte olor clientelístico.

Pero no solo al gobierno entrante debería preocupar este tema. Esto afecta al ciudadano que paga sus impuestos en tiempo y forma. Es a ese anónimo uruguayo que este mecanismo perjudica, porque pone en evidencia que existen formas raras y peculiares para hacer entrar gente como empleados públicos. Formas poco transparentes. Alguien, desde arriba, está jugando con el dinero de los contribuyentes y eso no es aceptable.