Es importante proteger a los delincuentes. Por eso, cuando la policía arresta a una persona, luego de un robo, un tiroteo o inclusive un asesinato, existen importantes razones para no difundir el rostro del individuo; aunque el sujeto esté empuñando un arma todavía humeante.

¿Por qué? En el caso de un presunto asalto, el revólver, por ejemplo, podría estar sin balas. ¿Y si fuera de juguete? No habría peligro para nadie y si no se extrajo nada, el imputado solo quedaría demorado poco tiempo, depende de cuán eficaz sea su abogado ¿Y los antecedentes? Para los menores cuentan si es un crimen muy grave tras una reciente reforma. Se supone.

¿Y si una cámara hubiese fotografiado a una persona —por ejemplo— empuñando un cuchillo (de verdad y filoso) amedrentando a un rehén, durante lo que algún agudo observador podría creer que es un asalto? Esa imagen tampoco debería ser mostrada en la prensa. Aunque el lugar fuese un banco o un comercio y el imputado haya gritado. "Este es un asalto; la guita", añadiendo alguna palabrota o insulto para mayor énfasis.

Esta prohibición se debe a varias y válidas razones. La más importante es que no lo reconozcan, poder salirse con la suya. Así, nadie del público lector podrá aportar datos para su captura. Está también el tema de sus vecinos que verían confirmadas sus sospechas sobre la razón por la que tal persona vive por encima de sus posibilidades. Podría ser que, teniendo empleo pero de licencia, haya hecho esta "changuita" y sus patrones y colegas podrían quedar mal dispuestos y perder una de sus fuentes de ingresos si lo despiden.

¿Y de ser atrapado infraganti? La misma restricción se mantiene. Los policías se ven obligados a cubrir cuanto antes la cara de los arrestados, impidiendo que alguien los reconozca. Los diarios, de conseguir una foto sobre el acontecimiento, solo pueden mostrar la imagen del supuesto delincuente, sin que se vea su rostro. ¿Por qué? La víctima de algún atraco anterior podría reconocer al asaltante, al que le rapiñó su jubilación o entró en su casa llevándose sus cosas; su auto, su plasma, el celular o su dinero, luego de un zamarreo y unas pocas bofetadas para hacerlo entrar en razón. Amén de algún diente flojo u ojo en compota. Nada serio.

Estas medidas humanitarias son para evitar cosas peores. No vaya a ser que la desdichada víctima de un anterior atraco se le ocurriese hacer una denuncia. Los juzgados están abarrotados de casos y las cárceles están llenas. Además, el supuestamente imputado, que podría salir y/o escapar de la custodia policial (cosa lamentablemente frecuente) tendría toda la razón para vengarse de esa persona entrometida y buscar revancha. "No la podemos proteger, señora. Mejor olvídese, es gente peligrosa", aconsejaron en la policía. "Sabrían quién es Ud. y suelen ser rencorosos".

Dejando estas disquisiciones irónicas, que pueden parecer divertidas, pero que representan una triste realidad, es necesario hacer algo en serio, de lo contrario esto se va a poner cada vez peor. Se le echa la culpa al Gobierno, al ministro del Interior, a la Policía, a los jueces, al derrumbe de la familia, a la mala educación, a la droga, a la violencia que muestran el cine y la televisión, a los videojuegos, etc. Pero no ocurre esto en todos los lugares del mundo. En Venezuela es una cosa y en Canadá es otra.

Se debe tomar conciencia de que la gestión del gobierno tiene mucho que ver con la seguridad ciudadana. Para empezar, hay que endurecer las leyes y proteger más a los ciudadanos y menos a los delincuentes. Nuestro poder legislativo se hace bastante el distraído y cualquier aggiornamento propuesto lleva años antes de que finalmente se sancione, si es que sucede. Por su lado los jueces, aplican mal o bien las leyes, como se acaba de ver con el patético episodio del reciente asalto al Banco República en La Paz, en que a la jueza de feria le preocupó más que la fechoría, el que se publicaran las caras de los asaltantes que oportunamente captaron las cámaras. Cuestión de defender su privacidad, más que de tratar de agarrar a los delincuentes, que hoy siguen felizmente prófugos. Y la policía que ni se atreve a insistir con algo que puede ayudar a su captura y que la ley de Procedimiento Policial prevé pues se trata (no solo se fuga de una cárcel) de "fugados". Es hora de que la complacencia termine. No puede ser que en las crónicas policiales se lea... "el individuo arrestado por esta muerte, posee un frondoso prontuario. Varias rapiñas con violencia agravada, posesión de armas, de objetos robados; la víctima que aparentemente se resistió al asalto, deja una viuda y tres niños de corta edad".

¡Por favor! No da para más.

Editorial