EDITORIAL
diario El País

Proselitismo en el lugar equivocado

Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie.

No podrán constituirse agrupaciones con fines de propaganda utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes”. Así dice, en forma irrefutable, el artículo 58 de la Constitución.

Los integrantes del Institución Nacional de Derechos Humanos no parecen haberlo leído, si bien para cumplir su tarea necesitan conocer la Constitución. No es que deban memorizarla, basta tener un ejemplar en sus escritorios o consultarla en Internet.

De haber tenido en cuenta este artículo y usado un poco de sentido común, nunca se les hubiera ocurrido recomendar al Codicen, aduciendo que era un asunto de libertad de expresión, que derogue la prohibición de colocar carteles y pasacalles propagandistas en los centros educativos.

El artículo en cuestión es tan claro, tan contundente y tiene una lógica tan evidente, que sorprende que la mencionada Institución haya cometido semejante error.

Cuando el Codicen prohíbe al sindicato colocar carteles y pasacalles o incluso que imprima consignas en los tapabocas que usan los docentes (como en un momento quiso hacer), no hace más que cumplir con lo que la Constitución requiere. Si lo tolerara, estaría omiso en sus funciones. Aceptaría que dentro del área donde tiene responsabilidad, se pueda violar la Constitución con total desparpajo.

El consejero del Codicen, Juan Gabito, recordó que la Institución Nacional de Derechos Humanos se olvidaba del artículo 58 y más que nada, se olvidaba que los docentes en un centro educativo “no son un ciudadano cualquiera, son funcionarios que están mandatados por un estatuto”.

Tampoco es que el sindicato no tenga dónde expresarse. Tan solo no puede hacerlo en locales públicos. De hecho sus reclamos se difunden y sus dirigentes son entrevistados por la prensa cuando están en conflicto. Nadie oculta lo que piensan. Simplemente no pueden usar los locales públicos para hacer proselitismo en ningún edificio donde funcione un organismo del Estado.

Lo curioso es que dicho principio nunca fue cuestionado en todos estos años, hasta que hace unos meses el sindicato de profesores quiso hacer público su rechazo a la LUC adentro de los liceos afirmando que eso no violaba la laicidad pues estaban amparados en su derecho a la libre expresión. Todo lo que hasta ese día había sido una campaña no permitida por las autoridades de la educación (en los más diversos gobiernos), de golpe dejó de serlo. Sin que nadie hubiera cambiado la Constitución.

Es verdad que la libertad de expresar opiniones es esencial a la vida democrática. Pero la garantía para que así sea también está en que haya salvedades muy específicas. La de no hacer proselitismo en lugares estatales es una y, como bien recordó el diputado Pasquet, la salvedad respecto a expresar opiniones políticas para jueces, militares y policías. Son restricciones que garantizan los derechos y libertades de los demás. Por eso a nadie se le ocurre cuestionarlas.

Cuando el Codicen prohíbe al sindicato colocar carteles y pasacalles o incluso que imprima consignas en los tapabocas que usan los docentes, no hace más que cumplir con lo que la Constitución requiere.

El artículo 58 responde, pues, a un elemental sentido común y a una forma clara de entender los derechos y libertades individuales. Las escuelas, liceos y universidades públicas, por pertenecer al Estado son de todos los uruguayos, no de algunos. Es un terreno donde los partidos, los sindicatos y las iglesias no pueden hacer propaganda ni predicar a favor de sus causas. Los jóvenes que asisten a un liceo, vienen de hogares donde la realidad se lee de diferentes maneras y las convicciones sobre todo tipo de asunto pueden variar de una familia a otra. Ese liceo, siendo del Estado, los recibe a todos por igual y con respeto. No es su función acarrear gente para un bando o para otro. Nadie les dio poder para ello ni para eso los ciudadanos pagamos impuestos, parte de los cuales financian la educación pública.

Así practicada, esa actitud (muchas veces burda y grotesca) viola la Constitución, los derechos de los estudiantes, de los demás funcionarios y de los contribuyentes que financiamos la enseñanza pública.

Que los integrantes de la Institución de Derechos Humanos no se hayan percatado de la existencia del artículo 58 o no entiendan su significado profundo, causa genuino asombro. Obliga a preguntarse si están realmente calificados para ocupar sus cargos.

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