El miércoles se conoció el anteproyecto de ley de urgente consideración que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, presentó a sus socios de la coalición abriendo una etapa de análisis, discusión y modificaciones para finalmente presentarlo al Parlamento apenas asuma en marzo.

Bajo el título “Uruguay seguro, transparente y de oportunidades”, repartido en 10 secciones que contienen 457 artículos, el proyecto propone profundos cambios legales en un amplio abanico de la sociedad y el Estado que, ya de pique incluye temas como seguridad, empleo, Justicia, educación, economía, agropecuaria, medio ambiente, relaciones laborales, seguridad social, desarrollo social, salud, vivienda y otros temas que hacen al futuro de los ciudadanos.

No hay dudas de que Lacalle tiene bien clara la importancia de los primeros 100 días de todo gobierno, donde abundan las expectativas y hay una “luna de miel” con los ciudadanos que votaron por un cambio y esperan que ese cambio se produzca.

Y tampoco hay dudas de que esta toma de decisiones inmediatas es sinónimo de fortaleza, planificación previa responsable, una muy buena capacidad de gestión y la potencial efectividad de un gobierno. Y acá está en juego no solo la presidencia de Lacalle, sino el real funcionamiento de una coalición que lo llevó al triunfo. Está claro: se prometió en la campaña electoral y corresponde cumplirse.

El proyecto tiene un fuerte contenido liberal, en el entendido de que es imposible el crecimiento económico, su distribución y la justicia social si no se garantiza previamente la existencia de una sociedad libre y pacífica, donde los derechos humanos no están para ser debatidos y reclamados por la academia, sino para ser ejercidos directamente por las personas, bajo mandato de la Ley y la tutela del Estado. Lacalle Pou fue transparente en todo momento, anunció lo que iba a hacer en caso de ganar y, cuando ganó, fue leal a sus palabras.

No se entiende entonces el grito en el cielo y la alarma de algunos dirigentes del Frente Amplio por el contenido de la ley. Lo que dice el proyecto es lo mismo que se ha expresado en el periodo electoral, pero además es bueno que lo lean y estudien tranquilamente para evitar el papelón de lo ocurrido durante la campaña, cuando preclaros dirigentes frenteamplistas (Mario Bergara, Yamandú Orsi) la emprendieron duramente -en un talenteo pleno de frivolidad- , contra el documento que selló el acuerdo de Lacalle Pou con su compañeros de coalición y después, ante las preguntas de los periodistas, debieron reconocer que opinaban y criticaban, pero ni siquiera lo habían leído.

Y menos se entiende que la mayoría de los disparos contra el proyecto apunten al tema de la seguridad ciudadana que estuvo una y mil veces presente en discursos y compromisos asumidos a lo largo y ancho de muchos meses de campaña y fue uno de los factores principales de la derrota frenteamplista.

¿Qué los sorprende entonces? ¿Dónde estaban? ¿Acaso son selenitas y viven en la Luna?

Con toda la batahola que armaron de inmediato da la impresión de que en el Frente Amplio estaban contentísimos con los récords en materia de asesinatos y rapiñas, con el auge de la violencia doméstica y su secuela creciente de femicidios, con los asaltos y robos a cualquier hora del día en cualquier ciudad y en cualquier barrio, con la explosión del narcotráfico en todo el país, los ajustes de cuenta, la feudalización de zonas o “zonas liberadas” donde no entra la policía, la corrupción que generan, el plata o plomo, las “exportaciones” de cocaína al mundo, con la proliferación de bocas de pasta base, con el irrespeto o el desprecio a la autoridad policial, con los ciudadanos que viven enrejados para proteger a sus familias mientras los delincuentes se pasean, con el trío Bonomi-Vázquez-Layera al frente del Ministerio del Interior.

El discurso de Lacalle Pou y sus compañeros de coalición y todos los documentos firmados fue que aquellos que respeten la ley serán defendidos por el Estado. Y aquellos que violen la ley, serán castigados por el Estado. Y para ello, habrá más normas jurídicas que los protejan y mayor respaldo y presencia policial. Basta de gobiernos que consideran a los delincuentes, a los que violan las leyes, como víctimas de la sociedad.

Que cuando se enfrenten a los delincuentes, gane la policía y la sociedad. No al revés. Así de simple y de sencillo.