EDITORIAL

Estamos teniendo problemas con resultados estadísticos claves. Ya los hubo, y muy graves, con las datos del Censo de 2011 y los tenemos hoy, por supuesto, con los del ministerio del Interior sobre la inseguridad. Es tiempo de exigir responsabilidades políticas.

Para evaluar la calidad de las políticas públicas vinculadas a la pobreza es preciso buena calidad técnica en la realización de índices y mediciones, y confiabilidad del Instituto Nacional de Estadísticas (INE): baste ver el desastre que fue el manejo de las estadísticas públicas en la era kirchnerista en Argentina para tomar cabal consciencia de que se trata de un tema fundamental para el país.

Tenemos una larga tradición de seriedad y confiabilidad en los datos estadísticos del INE. En particular, todos los meses de abril de cada año ese instituto presenta su informe general sobre estimación de la pobreza por el método del ingreso que es una referencia para políticos y académicos.

Sin embargo, las recientes denuncias realizadas en la comisión de legislación del trabajo de Diputados por parte de la asociación de empleados de estadística y censos, que es el sindicato del INE, debiera de prender todas las luces rojas, sobre todo entre los partidos de oposición, acerca de la certeza metodológica de las estadísticas generales del INE, y en particular las de la pobreza.

En efecto, el sindicato denunció en el Parlamento que la sección del INE encargada de evaluar la calidad de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), que es el instrumento fundamental para obtener los resultados anuales de estimación de la pobreza por el método del ingreso, hace más de un año que no está trabajando.

Evidentemente, no tuvo entonces participación en los resultados que el INE presentó a la opinión pública el mes pasado sobre la evolución de la pobreza en el último año. Según el sindicato, sus funcionarios fueron incluso trasladados a otras áreas.

Además, los encuestadores, que son quienes hacen el trabajo de campo a partir del cual se establecen las estadísticas, no cuentan con recursos del INE para solventar sus traslados para hacer sus tareas en las distintas localidades del país.

El problema es muy grave. Porque si no hay un eficiente y serio control de calidad estadística y tampoco hay garantía de calidad del relevamiento de la información de campo, los resultados que arrojan las encuestas del INE pierden seriedad metodológica. Pierden así toda legitimidad como instrumento de medición, tanto para los análisis académicos como para los debates y propuestas políticos. Y cuando se analiza lo concreto de los resultados de 2017 para la estimación de la pobreza por el método del ingreso y se los compara con años anteriores, el panorama se hace más preocupante aun.

Tomemos un solo ejemplo de ese informe para ilustrar la gravedad del asunto. Según el INE, en todo el país entre 2014 y 2016 la incidencia de la pobreza en personas fue más o menos similar cada año: de 9,7% en 2014 y en 2015 pasó a 9,4% en 2016. El salto de mejora se dio en 2017, con una cifra que pasó al 7,9%, es decir, con el resultado más bajo de todos desde que se lleva registro de esta medición. Como se recordará, fue un dato ampliamente difundido por el oficialismo.

Esa mejora general tan drástica de 2017 ocurrió también con todos los índices de pobreza medidos por áreas geográficas de un año al otro. En efecto, entre 2016 y 2017 la pobreza bajó en Montevideo (de 12,9% a 11,1%), en las localidades de más de 5.000 habitantes (de 7,1% a 5,9%), en las de menos de 5.000 habitantes (9,7% a 7,2%) y en las zonas rurales (de 2,7% a 1,9%).

Así las cosas, resulta que los mejores datos en la estimación de la pobreza por el método del ingreso fueron en 2017.

Justamente el mismo año en el que, según denunció el sindicato de funcionarios del INE, ya estaba desmantelada la sección de esa institución encargada de evaluar la calidad de la ECH a partir de la cual, precisamente, se elaboran esos datos estadísticos. Además, el sindicato señala que esa ECH fue realizada por funcionarios que en ese 2017 carecieron de recursos para, por ejemplo, trasladarse con holgura por todo el país para hacer sus encuestas.

Finalmente, hay un tema de sentido común que llama la atención: ¿acaso al ver la realidad del país se puede decir que hubo un salto de mejora importante entre el trienio 2014- 2016 y el año 2017, que se tradujo en una baja sustancial (de cerca del 16%) de la cantidad total de pobres? Porque eso es precisamente lo que sugieren los datos del INE.

Estamos teniendo problemas con resultados estadísticos claves. Ya los hubo, y muy graves, con las datos del Censo de 2011 y los tenemos hoy, por supuesto, con los del ministerio del Interior sobre la inseguridad. Es tiempo de que la oposición exija responsabilidades políticas.