EDITORIAL

Estamos en año electoral. Es muy relevante tener en cuenta esta pésima evolución de los datos estadísticos en este tiempo de gobiernos frenteamplistas.

Un país que quiera conocer la calidad de sus políticas públicas debe poder medir con precisión y confianza los resultados que sus implementaciones generan. Infelizmente, en esta era frenteamplista en el poder hemos perdido calidad estadística en este sentido.

Están las constataciones que distintos actores especializados en estos asuntos han hecho públicamente y que han sido disimuladas o directamente ninguneadas por el poder político de izquierda. Se trata, por ejemplo, de las declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Estadísticas, que reconoció que había dimensiones de la tarea de su instituto que metodológicamente debían mejorar. Se trata, también, de las críticas que realizó la CEPAL a fines de 2018 con relación a la medición de la pobreza monetaria, que tampoco fueron tenidas en cuenta en el debate político por parte del oficialismo -y eso que la CEPAL no puede tildarse de ser parte de una “conspiración de Atlanta” o de “la prensa de la derecha”-.

Pero además de estos señalamientos que deberían de haber preocupado a la academia y al mundo político porque atañen a la calidad de la información que se procesa desde el Estado, hay otros indicadores que plantean problemas y sobre los cuales la hegemonía cultural izquierdista nada dice.

En primer lugar, está todo lo que refiere a los datos sobre inseguridad en el país. Ya el Partido Colorado en el tiempo de la administración Mujica había entendido necesario tomar la iniciativa de generar una estadística propia a través de Fundapro, porque se había dado cuenta de que las estadísticas públicas presentaban problemas e inconsistencias. Pero luego, con la reforma penal de finales de 2017, quedó en evidencia el salto enorme que hubo en materia de resultados de delitos, tanto en rapiñas como en hurtos.

Ocurrió así que a partir del momento en que el Ministerio del Interior no controló como antes la información sobre estos asuntos, los datos estadísticos se dispararon al alza, dando cuenta de una mucha mayor cantidad de rapiñas y hurtos en 2018 que en 2017. De ese enorme crecimiento, ¿cuánto correspondió a un problema de mala medición previa a 2017, y cuánto a un problema de empeoramiento real de la inseguridad en el país? Es algo que no sabremos, aunque sí es claro que el cambio avaló las dudas metodológicas que habían justificado la existencia de Fundapro.

En segundo lugar, están empezando a surgir problemas graves con respecto a los datos de inmigración internacional en el país. Poco a poco se ha ido instalando la idea, generada por centros universitarios formados por notorios izquierdistas, que el Uruguay es un país que desde 2009 recibe más gente que la que expulsa a nivel internacional. En realidad, se trata de conclusiones que obedecen antes que nada a un cambio metodológico muy discutible. Además, sin ese cambio metodológico, al menos hasta 2016 los saldos migratorios internacionales son de signo exactamente opuesto a los que se publicitan ahora, es decir, hay más gente que emigra que la que llega al Uruguay por año.

La jugada metodológica, que poco se explica, es dejar de tomar en cuenta solamente las entradas y salidas por el aeropuerto de Carrasco, para pasar a integrar todos los puntos de entrada y salida del país en la medición del saldo migratorio internacional. Es a partir de allí que los resultados cambian. Nada se dice, sin embargo, sobre qué resultados arrojarían ese cambio metodológico para el período, por ejemplo, 1985-2005, cuando el saldo migratorio internacional fue negativo. Pero, en un escenario de mayores dificultades electorales para la izquierda, ¿qué mejor que la academia colabore con un discurso pro- gubernamental que dé la idea de que Uruguay es un país de oportunidades para la gente al punto de que se ha transformado, como en sus mejores épocas pasadas, en un lugar que recibe más gente que la expulsa?

¡Qué decir de las mediciones que se hacen de la gente que vive en la calle! Por tres años el Ministerio de desarrollo no se preocupó por hacerse de datos concretos, y además, en todo ese tiempo, sus autoridades relativizaban el enorme problema que todo el mundo veía sobre todo en Montevideo. Ocurrió, con los resultados de 2019, que la gente en esa terrible situación aumentó casi un 20% con relación a 2016.

Estamos en año electoral. Es muy relevante tener en cuenta esta pésima evolución de los datos estadísticos en este tiempo de gobiernos frenteamplistas, para tomar consciencia de que aquí también el país hereda un enorme problema que tendrá que resolver.