EDITORIAL

El problema de la "inclusión"

El debate en torno a la mal llamada ley de inclusión financiera ha despertado un saludable espíritu libertario en los uruguayos, que parecen haberse cansado de ser manoseados y engañados por los burócratas de turno.

La sociedad uruguaya, para variar, se ha lanzado a un debate interesante. Es el que ha surgido a raíz de la (mal) llamada ley de Inclusión Financiera, y de la campaña lanzada por un grupo de ciudadanos de a pie, apoyados ahora por el principal líder de la oposición, para modificar algunos de sus aspectos. Más allá del tema en sí, la polémica nos permite analizar uno de los grandes problemas que padece el debate público en Uruguay, que es el acaparamiento que han hecho los expertos en economía (contadores, economistas, periodistas económicos) de la discusión. Esto no por discriminar a esa noble disciplina cuyo conocimiento tanta falta ha hecho a los políticos de nuestra región, sobre todo a los de "izquierda", sino porque sus defectos y carencias se han vuelto así los de todo el debate público.

Pero empecemos por el principio. Esta ley pretende de forma compulsiva bancarizar toda la actividad económica del país. Esa es la clave del asunto, y todo lo que se diga para matizarlo, disfrazarlo, cambiarle de color, es una mentira. ¿Es necesariamente mala la bancarización? No. Parece ser una tendencia general, tiene innegables costados prácticos, y hasta se podría señalar que permitiría reducir algunas injusticias. Esto más allá de la genuina inquietud de algunos ciudadanos ante el poder y la información que pasarán a tener las instituciones bancarias. Otras empresas como Google y Facebook tienen más poder e información, dicen algunos. Sí, pero el Estado no nos obliga a tener una cuenta allí.

Entremos por un segundo en la parte de las justificaciones. Según el gobierno, se trata de una medida benéfica, inclusiva, que consagra derechos y que reparte felicidad. El ministro Astori, en la cumbre de la sabiduría desde la cual periódicamente nos predica el evangelio al resto de los mortales, ha llegado a decir que se trata de una revolución, de una medida que cuando logre ser comprendida por la mayoría de la gente, será la gran reforma inspiradora que legará este gobierno. Definitivamente, a los simples humanos de carne y hueso a veces nos resulta difícil seguir el devenir mental del ministro. Desde aquel aguerrido militante para quien los bancos y el sistema financiero global eran el demonio, a este burócrata actual que defiende las exoneraciones impositivas a las empresas extranjeras y obliga a todos los uruguayos a ser clientes de los bancos. Tal vez llegue el día en que así como descubriremos que la "inclusión" es una reforma progresista y trascendente, entendamos la deriva mental de Astori. Tal vez.

Pero la realidad que rompe los ojos, es que lo que existe detrás de esta propuesta es la intención de tener un control más acabado sobre todas las transacciones económicas que se realizan en el país con el fin de controlar la evasión y hacer más difícil la informalidad. ¿Es esto necesariamente malo? Otra vez, pues no. Más allá de la visión que tengamos sobre el destino que da Astori y su troupe a los recursos que este Estado ineficiente y derrochador nos extrae cual sanguijuela insaciable a los sufridos contribuyentes.

El gran tema de fondo es que se trata de una limitación a la libertad personal de la gente. El ciudadano mayor de edad, en un sistema liberal, democrático, tiene derecho a tomar por sí las decisiones económicas y personales que tenga ganas. Si se va a coartar ese derecho, debe ser por motivos muy serios y muy fundados. Acá no ocurre ni lo uno ni lo otro. Si la bancarización es tan fabulosa, que la gente opte por sí misma. Y el argumento de que los patrones nunca decidirían por sí mismos pagar en bancos porque se les limita la posibilidad de operar en negro, es falso. Si esa es la razón de todo esto, hay mil caminos para no permitir ese abuso, sin necesidad de meter a toda la población "de pesado" en un banco.

Cerremos con lo del arranque. Porque este último concepto, que parece evidente para cualquiera que tenga formación legal o política, resulta al parecer de imposible comprensión para los economistas y su círculo mediático. Un circulo mediático que (y esto sería un tema para un estudio más profundo) siente una debilidad casi erótica por todo lo que provenga del equipo económico que ha manejado el país en los últimos tres períodos. Incluso más allá de posturas ideológicas.

Esta discusión, de nuevo, se trata de un tema de libertad individual, de derechos en serio. Es filosófica y política, no económica ni de medios de pago. ¿Que antes ha habido imposiciones mayores y más discutibles? Es posible. Pero cuando la ciudadanía se decide a dar la batalla en defensa de su derecho de manejar con libertad lo que es el fruto de su trabajo honrado, tendrá en estas páginas siempre a un aliado.

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