EDITORIAL

El episodio en el que un grupo de sindicalistas impidió el paso a trabajadoras de un frigorífico revela un nivel de prepotencia que no solo es inmoral, sino que ataca de un modo directo los valores de la Constitución. El gobierno es cómplice.

El actual presidente Vázquez tiene mucho que ver con el asunto. Fue durante su primer gobierno que se derogó el decreto que autorizaba a desalojar las ocupaciones, y el que comenzó con este espiral demencial, donde grupitos organizados se creen con derecho a violar principios constitucionales centrales, como el derecho al trabajo, a la propiedad, o a la libre circulación. Pero volvamos un poco al inicio.

La semana pasada circuló por todo el país el video de un grupo de dirigentes del Pit-Cnt de Salto enfrentándose con funcionarias del frigorífico local, a las que no dejaban ingresar a su lugar de trabajo. El documento no deja lugar a dudas. Las trabajadoras querían ingresar, y dos o tres personajes con tono prepotente les decían que no. Y que lo hacían para defender la propia dignidad de sus antagonistas, a las que les aseguraban, en tono soberbio y agresivo, que estaban en su derecho en no dejarlas pasar.

Esto deja en claro varias contradicciones centrales del actual movimiento sindical, y la inmoralidad de un gobierno que los defiende a cualquier precio.

La primera contradicción es legal, y tiene que ver con lo que dice la Constitución uruguaya. El artículo 7 afirma que "Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad". El 32 agrega que "La propiedad es un derecho inviolable", y afirma que este solo se puede afectar mediante una ley y previa compensación.

Más adelante, en el art. 53 se dice que "El trabajo está bajo la protección especial de la ley". También que todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica. Queda meridianamente claro que nuestra Constitución no habilita a un grupo de sindicalistas a ocupar una fábrica, a menos que haya un bien superior en serio riesgo de ser violentado. Digamos que la empresa adeuda créditos laborales, y la ocupación se hace para proteger bienes que pueden garantizar dicho pago. Allí se podría entender. Todo lo demás es ilegal.

Pero además, el derecho de huelga es un derecho por la negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que un trabajador es libre de ir o no a trabajar, y su derecho de huelga es una extensión de esa libertad personal por la que puede decidir no concurrir a cumplir con su tarea a menos que se cumpla con ciertos reclamos. Nunca ese derecho puede expandirse al punto de impedir a otros trabajadores ejercer su propia libertada de ir a trabajar.

Seamos claros. El único argumento con el cual un sindicalista puede impedir a un ciudadano ejercer su derecho al trabajo es la violencia. Será más clara en el caso de una violencia física, o menos clara en el caso de la intimidación. En cualquier forma eso es no solo inmoral, sino ilegal. Y el Estado, que tiene el monopolio de la violencia legítima en el territorio nacional, debería estar presente para evitarlo.

No vamos a hacer como la oficina de Presidencia y salir a comentar sobre el recibo de sueldo del dirigente sindical involucrado, presidente departamental salteño del Pit-Cnt (aunque su monto explica muchas cosas de los problemas presupuestarios de esa intendencia), ni a centrarnos en las personas. Es un tema de ideas. Nadie tiene derecho de amedrentar a otro ciudadano uruguayo para obligarlo a hacer algo que no quiere o a dejar de hacer algo que quiere. Punto.

Pero lo que deja en claro el episodio es la demagogia y el problema de representatividad central que tiene el sindicalismo uruguayo. Los señores que impedían el paso de las modestas trabajadoras se supone que son sus representantes. Sin embargo, la forma de hablarles deja en claro como la dirigencia sindical se cree una vanguardia moral, que está muy por encima de la gente a quien debería representar, cuyas intenciones están lejos de buscar lo mejor para sus afiliados. "Si ustedes no tienen dignidad", le dice uno de los sindicalistas a las trabajadoras. ¿Quién es el dirigente para cuestionar la dignidad de quienes son sus verdaderos jefes? ¿Es acaso un jefe sindical un ser superior que sabe más lo que le conviene al trabajador que él mismo? Claro que no. El gran problema es que, a contrapelo de lo que demanda la Constitución, en Uruguay nunca se ha regulado el derecho de huelga ni el funcionamiento de los sindicatos. Estos eligen a sus representantes sin garantías democráticas básicas. Y lo que pasa es que esos señores después no sienten que deben lealtad o respeto al trabajador común. Su agenda es muy otra.

La pregunta que deja esto es: ¿dónde está el gobierno, cuya función es defender a los más débiles y hacer respetar la Constitución?