Ejercer la profesión de periodista en la región se ha convertido en un desafío de alto riesgo. A las persecuciones que por motivos ideológicos enfrentan los reporteros en varios países, que pueden ser conocidas y esperadas por los gobiernos que tienen, se agrega el asesinato liso y llano para silenciar sus tareas.

No hay dudas de que la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados molesta mucho y no solo a los que ocupan cargos públicos.

En la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de Medio Año realizada recientemente en Punta Cana (República Dominicana), que contó con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro y más de 280 directores y editores de medios americanos, se denunció que en los últimos seis meses habían sido asesinados 12 reporteros en América Latina: cuatro en México, cuatro en Brasil y uno en Colombia, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP expresó que estas muertes se suman a los casi 500 periodistas abatidos en los últimos 30 años, "una lista demasiado extensa de víctimas del crimen organizado, de la corrupción política y de la complicidad, por miedo u omisión, de estados incapaces de parar esta sangrienta epidemia".

La SIP reiteró su reclamo de que los asesinatos de periodistas sean declarados delitos de lesa humanidad por los países miembros y por lo tanto imprescriptibles. La tarea de los gobiernos a la hora de esclarecer estas muertes ha sido pobre o sumisa con los poderes fácticos de turno (llámense crimen organizado, mafias o cualquier otra forma de impunidad) y los avances para esclarecer los crímenes son lentos o casi inexistentes.

Colombia con 135 homicidios y México con 128, encabezan la lista de muertes violentas contra reporteros.

Más allá de esta condena y reclamo de la SIP, los informes sobre el estado de la libertad de prensa en la región mostraron un panorama inquietante en aquellos países donde el derecho a la información es manejado a gusto del gobierno de turno, como son los casos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia Nicaragua, El Salvador y México (sede de la próxima reunión de la SIP), la mejoría registrada en la Argentina con el advenimiento del nuevo gobierno y un sesgo de preocupación por lo ocurrido en Uruguay. El habitualmente breve reporte sobre nuestro país —que disfruta de altos estándares de respeto a la libertad de prensa— tuvo mayor extensión y causó sorpresa cuando apuntó a que "en una declaración sin precedentes en la historia política del país en tiempos de democracia, el gobernante partido Frente Amplio acusó al periodismo de haber montado una campaña destinada a menoscabar la imagen y credibilidad de integrantes del gobierno, como así también debilitar la institucionalidad democrática del país".

El informe describió el proceso del título de "licenciado" del vicepresidente Raúl Sendic (desde la aparición de la denuncia en "El Observador" y su primera confesión) que motivó esa declaración, como así también los dichos del presidente Tabaré Vázquez en una sintonía crítica hacia los medios porque magnifican lo que no sale bien y minimizan lo que es positivo, al punto de que "se han convertido en un partido de oposición".

Ambos episodios quedan en la peor historia de este gobierno y su partido en materia de respeto a la libertad de expresión y de prensa.

El presidente Vázquez sabe muy bien que no es lo mismo, por ejemplo, distribuir tablets entre los jubilados que solucionar el angustiante déficit de la enseñanza o el panorama de la inseguridad y el creciente aumento de los delitos graves (homicidios incluidos). En la enseñanza nada ha cambiado, en la seguridad —por lo menos— Vázquez se reunió hace pocos días con dirigentes de la oposición para conversar y encarar políticas de Estado y no meramente partidarias como hasta ahora.

Con sus afirmaciones, Vázquez se sumó a la larga lista de presidentes y políticos fastidiados con los medios de comunicación que no son obsecuentes con el poder, ni están para hacerles favores y decir solo lo que les gustaría escuchar o leer.

Y la declaración del FA fue vergonzosa, como lo fue también todo el episodio de la "licenciatura". Parece que no supieran que nada hace peor a la institucionalidad democrática que la mentira. El Plenario mintió al actuar como si creyera el torpe embuste de Sendic y fue mayor la mentira cuando acusó al periodismo de buscar desestabilizar el sistema democrático para restarle credibilidad y así defender a su compañero político.

Los 280 representantes de los medios americanos presentes en la Asamblea de la SIP aprobaron el informe Uruguay.

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