Existe una tremenda ignorancia entre operadores políticos y judiciales de las normas y principios que regulan las tareas periodísticas. Esto es algo grave, ya que generan en quienes se mueven en estas áreas, inseguridad y falta de confianza.

Entre las cosas absurdas que ha dicho el vicepresidente Sendic en estos meses, hay una en la que tiene algo de razón. Es cuando se queja de que los políticos tienen poco apoyo legal a la hora de defender su honor, cuando son acusados de conductas ilegales o antiéticas por los periodistas.

Esto no significa darle a Sendic mucho crédito, sinceramente. Primero, porque su comprensión de la tarea del periodismo, de acuerdo a sus palabras, es corta, turbia, poco clara. Parece creer que el periodismo es una especie de brazo de la policía o de la Justicia, que debería ir buscando pruebas y haciendo denuncias a diestra y siniestra. Y la verdad es que el periodismo busca información, la entrega a sus lectores, y así cumple su rol en la sociedad, que es muy distinto que el que tienen esas otras instituciones. Que tal vez por el mal funcionamiento de las mismas, hoy los periodistas estén ocupando un rol algo desvirtuado, puede ser. La culpa es ajena.

Pero hay otro motivo por el cual las palabras de Sendic no son de recibo. Y es que él era legislador, y su partido tenía mayorías propias cuando se votaron cambios a la ley que hicieron más difícil para quienes están en cargos administrativos reclamar en un juzgado cuando son afectados en su honor. Hoy, gracias al concepto de "real malicia" incorporado por la ley 18.515, el jerarca debe probar que el periodista actuó con mala fe, con negligencia, o sin cumplir los estándares mínimos profesionales para poder procesarlo por difamación o injuria.

Raro que alguien con un equipo legal tan proactivo como el que tiene Sendic no sepa todo esto.

Pero estas consideraciones no significan que la tarea periodística hoy esté más tutelada o que sea más simple. Por el contrario, hay aspectos del mal momento que el Poder Judicial y sus instituciones accesorias atraviesan que hacen una pesadilla el trabajo informativo.

Por ejemplo, este lunes El País publicó un texto fruto de un acuerdo extrajudicial con el exdirector del hospital de Rosario, que poca alegría nos generó como medio. Resulta que el exjerarca renunció a su cargo horas antes de que el Tribunal de Cuentas emitiera una resolución cuestionando su nexo con una empresa que era proveedora de su dependencia. Eso fue informado por El País, pero el exdirector se agravió porque afirma que "no cayó", sino que renunció voluntariamente. Esto es como cuando Nixon renunció a la Presidencia de EE.UU. para no llegar a un impeachment que tenía todo para ser votado, y que todos los medios del mundo que pusieron que "cayó", tuvieran que retractarse. El partido al que pertenece el exdirector tiene representantes en el organismo, que claramente sabían antes de que se emitiera esa resolución, cual sería el tenor de la misma. Incluso la presidente de ASSE reconoció en los últimos días cuál fue el motivo de su salida.

¿Por qué transar entonces en algo así? La realidad es que hoy las causas vinculadas a la ley de prensa son una gran timba cuando se llega a un juzgado. Los jueces penales no están demasiado informados del tema, tienen una tendencia entendible a querer sacarse estas cosas de encima, y suelen forzar transacciones más allá de lo deseable. No fue este el caso, pero es lo habitual.

Además, existe una enorme variabilidad en las sentencias de estos temas. Por ejemplo, hace un par de años el exdirector de ASSE, Alfredo Silva, inició un derecho de respuesta contra este diario por haber publicado una entrevista donde una denunciante, dando la cara, lo acusaba de cometer delitos. En esa misma página se publicaba la postura de Silva, y al día siguiente se publicó una entrevista extensa. Sin embargo, el juicio llegó a un tribunal de apelaciones donde El País "ganó" pero por margen mínimo. ¿Cómo se explica eso en algo tan evidente? Para colmo, luego Silva fue procesado, lo cual validó aún más la postura del diario.

Y el año pasado hubo algo casi peor. Un reclamo de derecho de respuesta planteado por un gremio llegó pasado de fecha y sin el texto que se exigía publicar, defectos que, obviamente, debían hacer desestimar la demanda. A pesar de ello un fiscal, que ha estado en causas de gran renombre, llegó a decir en audiencia que habiendo de por medio algo tan importante como el honor, los plazos y formalidades debían pasar a un segundo plano. En Facultad de Derecho, diciendo eso, no se pasa de segundo año.

Existe una tremenda ignorancia entre operadores políticos y judiciales de las normas y principios que regulan las tareas periodísticas. Esto es algo grave, ya que generan en quienes se mueven en estas áreas una inseguridad y una falta de confianza que son nefastas para el sistema.

Así no funciona.

EDITORIAL