EDITORIAL

Todos compiten con más o menos demagogia por beneficios que costearían el arrendador o el desarrollador. Si la microeconomía no les es suficiente para saber que esto hará desaparecer la oferta de nuevas viviendas, la historia lo enseña así.

Se ha desatado una fuerte competencia en materia de populismo inmobiliario entre sectores del gobierno. Empiezan por querer presentar la satisfacción del derecho a la vivienda como el derecho de los que no la tienen, para que otros se la proporcionen a como dé lugar, hoy y ahora. No es así. La sociedad ya paga suficientes impuestos con los que este gobierno tuvo otras prioridades, por ejemplo la contratación de 70 mil empleados públicos más. En cuanto a la vivienda, las discusiones populistas la presentan como un derecho que si no tiene alcance universal, es solo por falta de leyes que obliguen a ponerlo en práctica. Es algo ridículo, pero por lo que se ve, también es peligroso porque se está ambientando una competencia entre demagogos, a ver quién da más posibilidades de vivienda, sin financiamiento claro está, porque este es un concepto de derecha…

Primero apareció el proyecto de vivienda popular, proyecto este que ambientó una importante competencia por 5 minutos de fama. La idea se presentó —como siempre— como un acto de justicia, permitiendo el acceso a la vivienda sin ahorro previo, pagando solo un porcentaje de los ingresos, y solo por 25 años, luego de los cuales si no se llega al monto de deuda, esta se perdona. Como decía Arana refiriéndose a Adeom, confunden socialismo con los Reyes Magos...

Eliminada de hecho la posibilidad de esta ley justiciera (sic), ahora reviven otros planteos que recuerdan algunas siglas de triste memoria, como DATA o RAVE, responsables de la desaparición de la inversión en vivienda a partir de la ley 13659, tan populista como lo que ahora se presenta, porque en realidad no hay nada nuevo. Se plantea por ejemplo, que el Banco Hipotecario preste plata sin ahorro previo, sin consulta al clearing, cambiando la moneda originalmente planteada y anulando colgamentos. Menos mal que la Presidenta del Banco Hipotecario señaló que su banco debe ser solvente, pero dudamos que su sensatez prime en este caso. Se olvida que el BHU no hace tanto tiempo se fondeaba en dólares, pagando intereses por estos a plazos cortos, para financiar vivienda de largo plazo con estos recursos en moneda salario. Este ejemplo de descalce de plazo y moneda sirvió para que el banco volara por los aires, cuando prosperó otra ola de populismo inmobiliario. Algo más atrás en el tiempo las legislaciones sobre alquileres pasaron por fijar topes según el ingreso del inquilino, o según las características de la vivienda tasadas por DATA, institución de triste memoria. En aquel entonces, si después de batallar contra el populismo de turno, un propietario lograba el desalojo de su inquilino, bastaba que este se anotara en el RAVE (Registro de Aspirantes de Viviendas de Emergencia) para paralizar por años el desalojo. Ahora se proponen cosas parecidas: limitar el alquiler a los ingresos, o a un porcentaje del valor catastral de la vivienda. A nadie le preocupa la suerte del arrendador, legítimo aspirante a una renta de mercado, o del desarrollador, es decir quien invierte en nuevas construcciones aspirando lograr una renta. Curiosamente legisladores frentistas se han propuesto matar una ley sensata del gobierno socialista, porque en realidad no tenía nada de socialista salvo su nombre: la ley de vivienda de interés social. Esta ley generó estímulos de mercado tanto a la oferta (desgravaciones tributarias varias para construir e invertir para renta) como a la demanda, ayudando con garantías a la oferta de crédito, tanto público como privado. Todo sin meterse en las transacciones. La ley fue muy exitosa pero algunos legisladores oficiales creyeron que "social" equivalía a viviendas para pobres y no es así. En efecto se trata de viviendas de buen valor, en barrios medios, y para gente con trabajo y alguna capacidad de ahorro. Ahora pretenden quitar beneficios, fijar topes de alquileres y vaya a saber en qué terminamos. Todos compiten con más o menos demagogia por beneficios que costearían el arrendador o el desarrollador. Si la microeconomía no les es suficiente para saber que esto hará desaparecer la oferta de nuevas viviendas, la historia lo enseña así. Es lo que ocurrió asimismo con los arrendamientos rurales. Si el gobierno quiere regalar viviendas para pobres debe proveer su financiamiento, pero jamás entorpecer el proceso inversor que se desarrolla en el sector privado, solo si se asocia a una legítima expectativa de ganancia. Lo demás es pura demagogia; y creer que basta con enunciar un derecho para que todo se ajuste a su puesta en práctica de modo inmediato, una tontería.