La soberbia es mala consejera. Esa es la primera conclusión tras escuchar la conferencia de prensa en la que tras anunciar el final feliz del secuestro de la doctora Salomone, el director de Policía, Julio Guarteche, la emprendió contra los medios de comunicación. Dijo que la información publicada había afectado la investigación, y sugirió a los medios hacer una "profunda autocrítica".

El enojo del funcionario no es algo nuevo ni original. La relación de esta cúpula del Ministerio del Interior con la prensa desde que asumió, hace ya unos cuantos años, ha estado marcada por la desconfianza, la hostilidad y el enfrentamiento. Algo que hasta cierto punto es natural, ya que el rol de la prensa es marcarle los defectos y sus lados negativos al poder. Y eso nunca cae bien. Menos en una institución vertical como la Policía, menos en una gestión con tantos lados negativos, con tantos defectos, como la de este ministro del Interior.

Pero más allá de la sana desconfianza que debe haber entre políticos, policías y periodistas, hay actitudes y gestos de quienes dirigen la seguridad ciudadana hoy en día que muestran un desconocimiento alarmante del rol de los medios.

El caso del secuestro de la doctora, por ejemplo, impactó a la población de manera llamativa. La cifra de accesos a la web de El País digital el martes de mañana llegó a un récord histórico, solo superado por la mordida de Suárez. Eso muestra que la ciudadanía tenía una avidez particular por conocer detalles del asunto. Y los medios van a intentar saciar esa necesidad de información de la gente con las armas que tengan a disposición. Le guste a la Policía, o no.

Sin embargo eso no significa hacerlo a cualquier precio. De hecho, varios de los detalles que surgieron ayer sobre el caso, desde la pista carcelaria hasta el barrio donde pudo estar secuestrada la doctora, estaban en poder de periodistas de El País hace días, y no se difundieron para no poner en riesgo a la rehén. Otros datos sí difundidos, y que generaron la molestia en las autoridades, fueron el fruto del más puro trabajo periodístico, y no había razones para esconderlos.

Esto es difícil que sea entendido por autoridades que, de nuevo, no parecen tener idea del rol o la forma de trabajar de la prensa. Por ejemplo, un alto operador político del ministerio se quejaba días atrás de que un periodista no había aceptado su palabra de que la doctora no estaba en un hospital de la capital, y había ido hasta allí a montar guardia en persona. El día que un periodista dé por buena la primera versión de un policía o un político, es el día que debe empezar a pensar en otra salida laboral.

También hay que señalar que buena parte de la confusión de los jerarcas de la Policía y el ministerio en su vínculo con la prensa puede venir de este lado de la ecuación. No han sido pocos los periodistas que han transado con estos jerarcas, entrando en un juego de toma y daca, de elogios por primicias, que no es positivo para nadie.

El primer error de las autoridades es pensar que la prensa es un enemigo al que hay que bloquear toda información. Es así que el bienvenido hecho de que la Policía haya dado una conferencia de prensa para explicar detalles en un caso exitoso como este, no es para nada habitual en Uruguay, a diferencia de casi todos los países del mundo. En otros casos resonantes como el de Lola Chomnalez o el de Koni Silva (de resultado menos festivo para la Policía) todavía no hubo nunca algo parecido. Y en el caso de Silva, la difusión a tiempo del nombre del sospechoso prófugo, tal vez hubiera permitido salvar dos vidas.

El segundo es creer que quien no se encolumna detrás de su postura es un enemigo. La Policía y los medios de comunicación tienen tareas y objetivos distintos: la una, resolver y evitar delitos; el otro, aportar información a la ciudadanía para que esta pueda tomar decisiones personales de la manera más eficaz. Estas tareas son en el fondo complementarias. Y, si no, basta recordar el caso de la chica Yamila asesinada en Maldonado, donde hasta que la prensa no se involucró, las autoridades policiales no daban importancia a la denuncia de los familiares. ¿Cuántos casos de corrupción policial saldrían a luz sin la prensa? ¿Cómo sabría la gente cuáles modalidades delictivas están en boga y cómo protegerse? ¿Cómo podrían evaluar electoralmente a los jerarcas políticos que deben supervisar a la Policía?

Más allá de la sana tensión entre estas actividades, se trata de una relación imprescindible y que debe manejarse profesionalmente. Sin paranoias, sin complejos persecutorios, y en forma constructiva. En ambas tareas los errores son inevitables, y las autocríticas son siempre útiles y positivas. Para todos.

Editorial