EDITORIAL

Pobreza, juventud y delincuencia

Uno de los problemas estructurales más graves que tiene el país es la situación social y educativa de las nuevas generaciones. Se acumulan los estudios que dan cuenta de que estamos construyendo un país con un futuro incierto.

Uno de los últimos trabajos en este sentido fue reseñado hace unas semanas por el semanario Búsqueda. Es una investigación del sociólogo Luis Eduardo Morás hecha en el libro "Los enemigos de la seguridad. Desigualdades y privación de libertad adolescente". Allí se señala que los adolescentes que cometen delitos provienen mayoritariamente de los municipios A y D de Montevideo. En esos municipios están barrios como Cerro, Casabó, Pajas Blancas, Paso de la Arena, Los Bulevares, Manga, Piedras Blancas, Casavalle o el Borro. Se trata de las zonas de Montevideo en donde se dan las situaciones de pobreza y marginalidad más graves.

La investigación da cuenta de que la mayoría de los adolescentes infractores tuvo problemas serios de repetición y abandono de los estudios. Morás señala que hay dificultades de aprendizaje que no fueron correctamente diagnosticadas ni atendidas como lo impone para estos casos la normativa vigente. Morás señala lo evidente: el círculo vicioso que se forma a partir del abandono de los estudios con una inserción laboral precaria y de bajos salarios, que impide una mejora de la situación social y que a su vez no tiene perspectivas de superación por la falta de calificación laboral.

La investigación señala también que previo a su ingreso al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, ocho de cada diez adolescentes infractores habían trabajado. Sin embargo, la inmensa mayoría de ellos lo había hecho en la economía informal. Con respecto al consumo de drogas, el trabajo concluye que no se puede validar la creencia generalizada de que los menores de edad infractores son todos consumidores severamente problemáticos de drogas, ni tampoco se puede establecer la existencia generalizada de una subcultura que naturalice el delito.

Morás subraya que solo uno de cada diez de los internados presentaba una trayectoria de vida particularmente problemática, es decir, con abandono del sistema educativo a nivel de Primaria, total ausencia de experiencia laboral previa, inexistencia de vínculos con referentes positivos o apoyos familiares, y con problemas en el consumo de drogas.

En resumidas cuentas, tres de cada cuatro adolescentes infractores "residían en territorios caracterizados por la acumulación de profundas y persistentes carencias en términos de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, vivienda inadecuada y hacinamiento, desempleo, informalidad laboral y escasos logros educativos tanto de la población adolescente como de los adultos".

Este trabajo deja en claro que es posible enfrentar y cambiar la grave situación social de la que provienen los jóvenes delincuentes. Porque lo que ellos precisan es una buena educación pública que les permita obtener mejores empleos, más calificados, y por tanto con mejores salarios. De esta forma podrán empezar a salir del círculo vicioso de la pobreza y la delincuencia. El vínculo entre delincuencia, juventudes populares y falta de oportunidades de inserción social, laboral y de progreso individual está más que claro. Ya en 2013, por ejemplo, del total de los 13.056 procesamientos penales, 5.492 fueron a personas entre 18 y 25 años.

Es desesperante constatar cómo pasan los años y el Frente Amplio, que ha dispuesto de unos ingresos fiscales como nunca antes tuvo gobierno alguno en la historia del país, no hace absolutamente nada sustancial para cambiar esta realidad. La urgencia de la inversión de recursos en educación pública es evidente, sobre todo en esos barrios populares donde más se precisa esta herramienta del Estado. Pero en vez de llevar adelante planes concretos, con resultados medibles, el gobierno pierde dinero en inversiones que no son para nada prioritarias.

En marzo pasado, el economista Talvi dejó claro a partir de una investigación de su centro de estudios que para revertir la situación angustiante de pobreza, juventud y delincuencia, hay que instalar 135 liceos modelos en las zonas carenciadas del país. Lo mejor de todo es que no requieren de un costo imposible que desfinancie las cuentas estatales. Al contrario, se precisan 200 millones de dólares por año, lo mismo que ha perdido Ancap con Sendic entre 2010 y 2015. La situación de los menores infractores puede mejorar radicalmente. Pero para ello tiene que cambiar el gobierno.

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