EDITORIAL

El FA y sus gobiernos no han tomado en cuenta que las pasividades son el reintegro de lo que aportaron los trabajadores mientras estaban en actividad. Es su propio dinero y con el IASS se les expropia o se les requisa el ahorro de una vida.

El estatismo progresista hace ver a las pasividades como un gasto, como algo que está a su alcance para echar mano cuando se le ocurra, en los montos que le apetezca y manejarlo a su antojo.

No valoran ni toman en cuenta que en su inmensa mayoría se trata de personas que trabajaron por más de 30 años y aportaron la parte de su sueldo que exigieron las leyes (aguinaldo y salario vacacional incluidos) para llegar a una etapa de retiro con el mínimo de sobresaltos. Se olvidan o no les interesa que las pasividades son el reintegro de lo que aportaron de sus sueldos (y pagaron impuestos mientras trabajaban). Es su propio dinero, se les expropia o se les requisa el ahorro de una vida. Con un agravante, la ley establece que pierden su derecho al trabajo o tienen que hacerlo en negro: están presos por sus años, por sus pasividades topeadas, a merced de la voracidad fiscal del Estado -que siempre puede aumentar- y es imposible una marcha atrás.

Eso no significa que estén impedidos de pelear y reclamar por sus derechos. El Movimiento en Defensa del Artículo 67 de la Constitución de la República (Modeco) anunció la semana pasada que se llevan recogidas unas 200.000 firmas para derogar el impuesto a las jubilaciones (IASS) y se encuentran muy cerca de alcanzar la cifra requerida para plebiscitar la reforma (10% de inscriptos en el Registro Cívico Nacional).

El planteo supone agregar un inciso al art. 67 de la Constitución, que consagra el derecho a la jubilación, que establezca que “las pasividades, las pensiones, y en general, todo tipo de prestaciones servidas por el Banco de Previsión Social o entidades estatales, paraestatales o privadas, no pueden ser gravadas con tributos de ninguna naturaleza, ni ser objeto de detracciones, descuentos o prestaciones de cualquier tipo, salvo las obligaciones alimentarias, de salud o las que consienta su titular”.

Atrás quedó la polémica que generó su creación. Un fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia cuando el impuesto se llamaba “IRPF a los jubilados”. Los ataques a la ministra Sara Bossio por su voto decisivo y los ataques directamente a la Suprema Corte de Justicia por un diputado del FA que dio rienda a su espíritu republicano con un “parece que los magistrados (de la SCJ) se olvidan de quién vota y quién asigna cada peso que ellos gastan en el intento de impartir justicia (…) La Suprema Corte de Justicia y los jueces en general se ve que han tenido repentinos ataques de amnesia y se olvidan que algunas venias se votan acá y que tanto la Rendición de Cuentas como el Presupuesto se votan en esta casa”.

Después llegó el IASS y la Corte, con integración cambiada, lo aceptó.

La gran mayoría de los jubilados son gente que han hecho del trabajo un hábito, que han elegido ese camino para ganarse el sustento y el bienestar de su familia, que han hecho cultura de él y ha sido siempre su única apuesta para vivir mejor.

¿Es un disparate desde lo que se reclama? ¿La economía estatal puede verse seriamente afectada por el respeto a los derechos de los jubilados? ¿El déficit fiscal se verá gravemente dañado? No, son unos 200 millones de dólares en un universo de unos 60 mil millones de dólares que es el PIB uruguayo. Algo así como el 0,3%.

Obsérvese la cifra: US$ 200 millones y piense cuánto costaron -y se pagó religiosamente- las diarreas empresariales que impulsó el Frente Amplio a lo largo de sus gobiernos. Los millones de Pluna, de Ancap, el Fondes, la Regasificadora, la aventura de Aratirí (y su desconocida demanda para los ciudadanos de US$ 3.356 millones), la Planta de Ciclo Combinado, el clientelismo con sus 70.000 nuevos empleos públicos, la plata quemada en el Ministerio del Interior o en el Mides. ¿No se les cae la cara de vergüenza?

El proyecto de reforma constitucional ha generado algunas expectativas y mesurado silencio entre los principales protagonistas de este año electoral, sobre todo por los pésimos números de la economía que maneja el gobierno y va a ser su irreversible legado de terror. Solo el sector de Unidad Popular se embanderó con la iniciativa. Otros adelantaron su apoyo a la recolección de firmas y otros se limitaron a anunciar la derogación del impuesto en caso de alcanzar el gobierno e incluso si la situación del país lo permite. Es válido. ¿Pero es suficiente?

De la jubilación no hay regreso. Una vez que se llegó a esa etapa es porque las naves están quemadas y no hay salida. Entonces lo único que queda es seguir para adelante. No es un tema de oportunidad, porcentajes o montos, es una cuestión de principios, derechos y justicia.