EDITORIAL
diario El País

Los que piensan distinto

El mundo está lleno de gente que piensa cosas distintas a lo que la mayoría considera sensato. A veces esos pequeños grupos tienen razón y es la multitud la que perdió el rumbo. Otras veces no pasan de ser un grupúsculo necio atrapado en una visión disparatada e irreal del mundo.

El problema es que unos y otros quieren expresarse y en una democracia tienen derecho a hacerlo aunque sus ideas vayan a contrapelo del sentir general de una población.

¿A que viene esta reflexión? A que un grupo de legisladores frentistas pidió informes al Ministerio de Salud Pública y al de Educación y Cultura ante la aparición de carteles en calles de Montevideo y Canelones que “promueven el miedo” sobre el aborto, un derecho que, recuerdan, está consagrado por ley.

Según el pedido de los legisladores, estos carteles estarían hechos por una organización social vinculada a la Iglesia católica.

En el pedido de informes a los dos ministerios, se les plantean exigencias fuertes, por entender que esos carteles vulneran los derechos consagrados en la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo. Dicen que trasmiten desinformación, frases imprecisas y “relatos falsos” sobre el aborto.

El pedido de informes fue también al Ministerio de Educación por cuanto el funcionamiento general de las organizaciones sociales está regido por dicho ministerio.

Antes de entrar de lleno en el tema habría que dejar en claro dos puntos.

El primero es que estos carteles se exponen en la vía pública, no en edificios del Estado, ni en hospitales públicos y empresas estatales, ni en escuelas y liceos oficiales o en la Universidad de la República. Si así fuera, habría allí una flagrante violación de la Constitución por hacer proselitismo dentro de locales del Estado y violar el principio de laicidad en la enseñanza pública.

No es el caso, como sí lo fue el de personas que trabajaban en institutos de enseñanza oficial y habían convertido sus tapabocas en minipasacalles con mensajes contra la LUC. Algo parecido pasó con los sindicatos que pretendieron juntar firmas contra esa ley adentro de un hospital público.

Estos carteles están afuera, en la calle, y por lo tanto no violan el mencionado principio constitucional.

En segundo lugar, los carteles contra el aborto no afectan a la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo. La ley sigue plenamente vigente y los mensajes en su contra, por sí solos, ni la vulneran ni pueden derogarla. Del mismo modo, tampoco un mero cartel contra la LUC es capaz de hacer caer dicha ley, que al igual que la otra fue aprobada por ambas cámaras y promulgada por el correspondiente presidente, tal como lo establece la Constitución.

El tema no pasa por ahí. No es una discusión sobre si estamos o no de acuerdo con una ley que permite interrumpir un embarazo, sino que se trata de determinar si estamos dispuestos a aceptar que quienes piensan diferente sobre un tema, pueden expresarse.

No es una discusión sobre si estamos o no de acuerdo con una ley que permite interrumpir un embarazo, sino que se trata de determinar si estamos dispuestos a aceptar que quienes piensan diferente sobre un tema, pueden expresarse.

La cuestión es sobre la libertad de expresión y más en esta situación donde, reiteramos, los carteles denunciados no están en locales y oficinas del estado ni en centros de enseñanza pública.

Hubo una anterior ley que no permitía el aborto y quienes la criticaban llevaron a cabo campañas para modificarla. A nadie se le ocurrió que debían ser acalladas.

Volvamos a lo del principio. Sí, hay gente que piensa cosas diferentes a las de la mayoría. Además, es evidente que sobre ciertos temas nunca habrá unanimidad.

El tema del aborto es uno de ellos, al igual que el de la eutanasia y el suicidio asistido. Siempre habrá dos visiones sobre ellos y ambas querrán expresarse públicamente.

Tan discutibles son estos asuntos que en ambos casos (ley vigente en cuanto al aborto y ley propuesta en cuanto a la eutanasia) se reconoce la postura de aquellos médicos “objetores de conciencia” que no quieren actuar en uno y otro casos.

No hay manera de reprimir los carteles cuestionados. Sería preocupante si los ministerios interpelados tuvieran instrumentos para hacerlo. No por el tema en sí, insistimos, sino porque significaría que pueden usar un poder para silenciar voces disidentes que no les corresponde tener.

Si quienes apoyan el aborto están seguros de sus argumentos, no deberían temer. No es mala cosa que puedan fundamentar bien sus convicciones cuando desde un cartel o desde donde sea, alguien se las cuestiona.

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