EDITORIAL
diario El País

Patente de corso

No cabe duda: el sindicalista de la enseñanza Mario Bango ha proporcionado el mejor argumento en defensa de la Ley de Urgente Consideración.

Frente a la comisión investigadora parlamentaria que analiza los certificados truchos que permitieron a dirigentes de Fenapes extralimitar sus licencias sindicales, Bango incurrió en el inefable sincericidio de reconocer que "si hubiera ganado el Frente no se habría tocado este tema; hubiéramos seguido certificando por 70-14, o 70 no sé qué".

Habría que ponerse a revisar archivos, pero creemos que esta es la primera vez en que los detractores de la LUC reconocen de manera explícita que el nuevo gobierno, con su buque insignia jurídico, vino a erradicar las ilicitudes e irregularidades que amparaba la administración frenteamplista. Al fin dicen las cosas como son, y por un día abandonan el sonsonete del neoliberalismo, la oligarquía y todos esas etiquetas tontas que suelen blandir como espadas de juguete.

Ahora lo dijeron bien clarito: la coalición republicana llegó para extinguir los privilegios espurios a los que los gobiernos anteriores hacían la vista gorda.

¿Por qué decimos que este es el mejor argumento para defender la LUC? Porque pone de manifiesto como ningún otro la intención de la oposición político-sindical. Ya no se trata solo de complicar la vida al gobierno con el “cuanto peor, mejor” que cada día se les hace más cuesta arriba. Lo que ellos necesitan es una marcha atrás en la política de probidad administrativa, lo más urgente que sea posible, para así seguir usufructuando beneficios particulares que no les corresponden. Y que en el caso de estos certificados truchos para faltar a clase, afectan a los sectores más vulnerables de la población, los mismos que hipócritamente ellos dicen defender.

Es lo que tiene esta comandita entre un partido político y una cúpula sindical no representativa de la inmensa mayoría de trabajadores del país. Son expertos en barrer para adentro (apañaron todo lo que pudieron a Sendic, hasta que les explotó en las manos). En una práctica típica del leninismo, manejan el aparato de poder en beneficio de su nomenklatura, aunque la justicia social que pregonan quede por el camino.

Lo más sorprendente de todo fue que ningún dirigente del FA, ni chico ni grande, saliera a desmentir al sincero sindicalista. No les costaba nada deslindarse de una declaración tan vergonzante. Explicar que no por gobernar el FA, quienes incumplen las normas tienen vía libre. Pero no. Callaron y otorgaron.

Estos temas son claves para encarar una buena campaña en defensa de la ley que la oposición intenta impugnar.

Porque el referéndum significará mucho más que el apoyo o rechazo a la LUC y al gobierno. Será entre dos formas de entender la gestión pública: como un engranaje al servicio de las corporaciones y temeroso de ellas, o como una herramienta disruptiva, dispuesta a cambiar lo que haya que cambiar y meterse con quien sea necesario, con tal de derribar las trancas sistémicas de este país y conducirlo a una mayor prosperidad para todos.

Los mismos que hoy añoran un gobierno frentista que les permitía faltar a clase sin consecuencias, utilizaban ayer la imagen de José Pedro Varela y de Batlle y Ordóñez para pescar incautos firmantes.

Es hora de hablar a los frenteamplistas moderados, que comprueban con dolor la manera como los sectores radicales han colonizado el discurso opositor, y son conscientes de que el país no soporta más la presión corporativa.

Justo ellos, responsables directos de un deterioro educativo que llevará mucho tiempo superar. Agitan fantasmas de una supuesta privatización de la enseñanza que no existe en la ley, por una única razón: saben que con este gobierno se les terminó el tiempo de la discrecionalidad y los privilegios y empezó el del esfuerzo cotidiano, denodado y entusiasta, por mejorar las condiciones de aprendizaje de nuestros chiquilines, para que el Estado no dé a ninguno por perdido.

Es hora de hablar a los frenteamplistas moderados, que comprueban con dolor la manera como los sectores radicales han colonizado el discurso opositor, y son conscientes de que el país no soporta más la presión corporativa de quienes anteponen ideología a resultados. Son ciudadanos bien intencionados y asisten sorprendidos a un ala socialdemócrata que, intentando gestarse dificultosamente, se detiene en discusiones bizantinas como la de denominarse "seregnista" o "progresista".

La batalla puede ser dura, porque implica desmontar una a una las mentiras que se dicen y repiten acerca de la ley. Pero es una condición imprescindible para fortalecer la base de opinión pública que respalda al gobierno y, con ello, garantizar los cambios que el país necesita.

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