El 25 de septiembre -hace ya más de dos meses-, Alejandro Astesiano, custodia personal del Presidente de la República, fue detenido en la residencia oficial de Suárez y Reyes poco después de aterrizar en Uruguay tras acompañar a Luis Lacalle Pou en unos días de vacaciones en Costa Rica.

Se sospechaba que formaba parte de la red que entregaba documentos falsos.

A poco de iniciarse las investigaciones surgió que había sido incorporado a un grupo delictivo que se dedicaba a gestionar y entregar pasaportes uruguayos apócrifos a ciudadanos rusos, sobre la base de partidas de nacimiento adulteradas y que integraban un ciudadano ruso (Alexey S.), un escribano (Álvaro F.) y en principio el excónsul uruguayo en Rusia, Santiago di Conza. Astesiano jugaba el rol de “facilitador” porque el cargo que desempeñaba abría muchas puertas y había sido sumado al grupo en 2020 o 2021. Alexey S. aportaba los clientes (rusos) y el escribano se ocupaba de elaborar los documentos.

La banda había comenzado a funcionar en 2013 cuando di Conza -que había ingresado a la Cancillería en 2011- fue designado en Rusia. En ese entonces José Mujica era el Presidente de la República (aunque la designación de di Conza fue firmada por el vicepresidente Danilo Astori) y Luis Almagro era el Ministro de Relaciones Exteriores. Di Conza estuvo en el cargo hasta 2018, ya en plena segunda presidencia de Tabaré Vázquez.

“La mafia de los pasaportes comenzó a operar cuando gobernaba el Frente Amplio” escribió en Correo de los Viernes el expresidente Sanguinetti.

No se conoce con exactitud el número de pasaportes truchos que han surgido a lo largo de estos años. Para la fiscal Gabriela Fossati, pueden ser “decenas, cientos o pueden ser miles”. Por su parte, el escribano Álvaro F. declaró ante la fiscal que en el consulado de Uruguay en Moscú se tramitaron más de 10.000 pasaportes y que por cada uno de ellos se cobraban US$ 20.000.

Hubo una investigación anterior llevada adelante por el entonces fiscal de Flagrancia, Alejandro Machado. Se empezó a trabajar en 2018 y en 2020 se decidió archivarlo por falta de pruebas. Una segunda investigación -que es esta y ya lleva más de dos meses en el tapete político- comenzó el 21 de setiembre cuando la Dirección Nacional de Identificación Civil advirtió que un ciudadano ruso llamado Román K. pretendía obtener la ciudadanía natural uruguaya presentando documentación que a simple vista les pareció irregular a policías de esa repartición. Román K. fue detenido y formalizado por un delito de suposición de estado civil. Alejandro Astesiano fue denunciado y detenido.

Ahí empezó la gran algarada del Frente Amplio: vieron que era la oportunidad de atacar duro al Presidente de la República porque la presencia de su jefe de custodia en la banda abría una brecha donde se podía golpear con o sin razón. No hay dudas de que el Presidente tuvo toda la culpa (que aceptó y asumió) al elegir a Alejandro Astesiano para un cargo muy delicado y para el cual era incompatible, que se salteó pesadas sombras de su pasado que era imprescindible respetar; pero de allí a reclamar su renuncia o buscar su escarnio público hay un abismo y no se puede ni se debe caer en él.

Pero al FA eso no le importa. Tampoco les importa la verdad. No se dan cuenta (o peor, si se dan cuenta igual lo hacen) que esto no es la Ley de Urgente Consideración, ni la reforma de la seguridad social o la reforma educativa: en su ofuscación de malos perdedores atacan directamente la institucionalidad y el Derecho en busca de la revanchita. Les importa un ardite la magnitud de su demencia y solo ven la posibilidad de hacer daño al gobierno aunque todavía falten dos años para la consulta electoral.

Eso sí, la Fiscalía de Corte debería facilitar todos los recursos que sean necesarios a la fiscal Gabriela Fossati -tal como si fuera una fiscal de Delitos Económicos o más- para que este tema tenga rápida solución. Hacen mucho daño las versiones, los inventos y las falsas noticias que circulan en un tema que, de alguna manera, afecta al Presidente de la República y a la institucionalidad.

Como dijo el Dr. Leonardo Guzmán con impecable delicadeza y precisión en su columna del viernes (Lo partidario y lo institucional): “Si en semejante asunto se prolonga el estado de quién sabe, crecerá la cizaña sin necesidad de plantadores”.