Los numerosos constituyentes poco experimentados políticamente, ¿serán capaces de asumir que su legitimidad de origen es escasa, y que por tanto se deberá redactar un texto que interprete, también, a la gran mayoría silenciosa de Chile, esa que ni siquiera fue a votar en octubre 2020 y en mayo 2021?

El fin de semana del 15 y 16 de mayo Chile vivió dos jornadas de varias elecciones. La más importante para su futuro institucional radicó en la definición de los 155 constituyentes que estarán encargados de redactar un nuevo texto constitucional.

El filtro izquierdista con el que se viene interpretando lo que ocurre en Sudamérica, con el caso de las manifestaciones recientes en Colombia, por ejemplo, o con el del proceso que vive Chile desde octubre de 2019, impide entender con claridad lo que está en juego en el país trasandino. En efecto, la interpretación standard pro-izquierdista ha querido ver revueltas populares contra un neoliberalismo brutal; manifestaciones contra el poder de una derecha insensible; y triunfos electorales de una nueva izquierda hecha de referentes del pueblo y alejada del establishment partidario, que redundarán en un futuro más próspero y mejor, ya que pondrán punto final a la infame herencia pinochetista que aún gobierna Chile.

Todo parece una especie de maniqueo nuevo verso de Quilapayún, pero a la moda del siglo XXI. Es una perorata equivocada. En primer lugar, porque las manifestaciones populares no pusieron en tela de juicio el modelo de desarrollo chileno en sí, que ha sido el que ha mejorado todos los índices sociales, culturales, económicos y educativos del pueblo trasandino entre 1990 y 2019. Nunca hubo menos desigualdad social, nunca tanta riqueza, nunca tanta educación para las clases populares, y nunca tantas posibilidades de ascenso social, como en el Chile que terminó explotando en octubre de 2019.

El problema es que el ascensor social se había roto y que el crecimiento económico no estaba siendo capaz de asegurar mayor prosperidad para todos. En definitiva, las imponentes manifestaciones ciudadanas de la primavera de 2019 apuntaron a las deficiencias graves que el modelo fue acumulando en estas décadas.

En segundo lugar, la solución que permitió a Chile salir de la terrible crisis desestabilizadora de octubre- noviembre de 2019 pasó por un ambicioso proceso de cambio constitucional. En octubre de 2020 la ciudadanía votó en favor de esa nueva constitución con una mayoría aplastante de 80% contra 20%. Sin embargo, en esa instancia sólo fueron a votar la mitad del total de los chilenos habilitados para hacerlo.

El fiasco de hace un par de semanas fue mayor: para la votación de la constituyente, la participación ciudadana fue sólo del entorno del 40%. Hay pues cierta debilidad en la legitimidad de origen de ese órgano que será clave en la futura definición institucional del país. Y para mayor enredo, el proyecto de texto constitucional que esta asamblea redacte deberá ser aprobado por la mayoría de todos los ciudadanos inscriptos: para esa futura instancia electoral, ellos sí estarán obligados a concurrir a votar.

Además, la constituyente presenta varias incógnitas políticas. Por un lado, es falso que la derecha haya sido de allí barrida. Por el contrario, si bien es cierto que sus expectativas electorales se vieron muy frustradas, no es menos cierto que los partidos de ese signo alcanzaron la mayoría relativa mayor y se harán oír por tanto fuertemente. Por otro lado, hay bloques llamados independientes, sin experiencia política, que rechazan la lógica partidaria y los entendimientos entre gente que piensa distinto - algo que es incluso denostado con el mote de “participar en la cocina” -, por lo que es difícil hoy saber qué modelo constitucional preferirán. Finalmente, la vieja izquierda concertacionista de los años 90 votó muy mal, sobre todo en su sector demócrata cristiano, y fue superada por una alianza de comunistas y radicales que, definitivamente, nada bueno puede augurar para el futuro institucional chileno.

¿Logrará primar el sentido de la negociación amplia, que no excluya a una derecha que llegó primera en las urnas, de forma de arribar a fuertes consensos sobre el nuevo texto constitucional? Los numerosos constituyentes poco experimentados políticamente, ¿serán capaces de asumir que su legitimidad de origen es escasa, y que por tanto se deberá redactar un texto que interprete, también, a la gran mayoría silenciosa de Chile, esa que ni siquiera fue a votar en octubre de 2020 y en mayo de 2021?

Estas importantes preguntas se contestarán en estos meses en los que, además, Chile se embarcará en la elección de su presidente para el período 2022- 2026.

Así las cosas, es claro que el panorama político futuro trasandino es de alta complejidad. Y que su éxito no está para nada asegurado.