Editorial

Un Parlamento con pocos juristas

Aunque para ser un buen legislador no se requiere título de abogado parecería que un Parlamento escaso en conocedores del Derecho tiene más propensión a elaborar leyes con errores. Sobre esa base podría sacarse la conclusión de que para asegurar la calidad de las leyes lo mejor es disponer de un Poder Legislativo como los de antaño, es decir dominado por los "doctores".

No es esa la situación del nuevo Parlamento uruguayo que cuenta apenas con 18 abogados en un total de 129 miembros. ¿Eso lo condena a legislar con yerros? No necesariamente.

El tema cobró realce ante varias declaraciones de inconstitucionalidad formuladas en los últimos años por la Suprema Corte de Justicia contra leyes defectuosas.

Posturas políticas aparte, es claro que en la mayoría de los casos —si no en todos— los criterios técnicos aplicados por la Suprema Corte fueron correctos. En ocasiones, la violación de la Constitución fue tan palmaria, que hasta los propios autores de las normas observadas adujeron razones extrajurídicas para justificarlas.

Es indudable que la pasada legislatura tuvo una floja actuación en la materia. Según algunos, ello ocurrió por falta de asesoramiento adecuado; otros resaltan la influencia que pudo ejercer el aberrante principio mujiquista de que lo político está por encima de lo jurídico; y finalmente están quienes sostienen que los errores fueron cometidos porque las bancadas legislativas carecían de un porcentaje suficiente de abogados. Vale la pena analizar este último argumento.

El nuevo Parlamento, en donde algo menos del 15% del total de sus componentes son abogados, presenta una de las tasas históricas más bajas en materia de expertos en las ciencias jurídicas. Empero, ese porcentaje confirma una tendencia registrada en nuestro país desde la recuperación de la democracia consistente en que las clásicas profesiones liberales, la de abogado entre ellas, tienen cada vez menos exponentes en la cámara de Diputados y en el Senado.

Al mismo tiempo, se anota mayor concurrencia de otro tipo de profesionales, por ejemplo docentes, personas procedentes de la militancia gremial, o cultores de diversos oficios no vinculados con el Derecho o los asuntos públicos. A pesar de ello una, legislatura tan variopinta no está condenada a recaer en los errores de su antecesora. Aunque es evidente que un Parlamento con buenos juristas siempre dará mayores seguridades en la materia, hay formas de solucionar las carencias. Por de pronto, los legisladores pueden contratar en su secretaria a colaboradores con buena formación jurídica. Además, las comisiones y el plenario de ambas cámaras cuentan con la ayuda de asesores legales a quienes recurrir. Y por si fuera poco, tienen la posibilidad de convocar al Parlamento a expertos de las distintas ramas del Derecho para pedirles opinión sobre los proyectos de ley en discusión.

Con ese respaldo, ningún parlamentario debería alegar desconocimiento de las normas, ni ignorar que una ley votada por él no puede enmendarle la plana, a un artículo de la Constitución de la República. Es cierto que en el campo jurídico puede haber más de una interpretación sobre el alcance de las normas, sobre todo cuando en su derredor se desatan polémicas como sucedió, por ejemplo, con la tan llevada y traída ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En la legislatura anterior, ese y otros casos mostraron la presión de una mayoría parlamentaria que sancionó leyes a sabiendas de que podían ser declaradas inconstitucionales. Mal hecho.

Mucho mejor es la actitud del nuevo gobierno cuando dispone aguardar al resultado de las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de Medios. Aquí, como en ciertos casos del pasado quinquenio, sobran advertencias sobre la inconstitucionalidad de algunas de sus normas. En vez de seguir adelante y votar la ley sin reparar en críticas, como se hizo en tiempos de Mujica, Tabaré Vázquez prefirió esperar a que la Corte se pronuncie. Aunque su decisión incidirá en cada caso particular, es claro que servirá para anticipar la postura que en definitiva asumirá la Corte. Con esa guía, el legislador podrá corregir, sustituir o anular artículos objetados y evitar la inconstitucionalidad.

Obrando así, con buen asesoramiento y con prudencia, la nueva legislatura corre menos riesgo de errar sin que gravite en exceso el bajo porcentaje de profesionales del Derecho que hay en sus filas. De esa forma, se evitará el desprestigio que supone para el Parlamento dar el paso en falso de aprobar normas antijurídicas.

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