EDITORIAL

El conflicto en el fútbol es solo un capítulo más de la puja interna en el Frente Amplio que tiene paralizado el país hace años. Solo el vínculo carnal del expresidente Mujica con quienes manejan el fútbol uruguayo explica que el gobierno no tome cartas en el asunto.

La crisis que atraviesa el fútbol uruguayo en su organización local ha llegado a niveles de bochorno. Lo ocurrido en la última asamblea del gremio que agrupa a los futbolistas, con una asamblea multitudinaria que es evitada por las autoridades fugándose por una puerta lateral, debe tener pocos antecedentes en el país. Pero a esta altura, casi tan grave como este conflicto, es la pasividad de un gobierno atenazado por la lucha de facciones que lo viene paralizando desde su primer día.

Desde hace meses, uno de los temas centrales de discusión en este país es el conflicto que azota al fútbol local, en el cual un grupo aparentemente mayoritario de futbolistas se enfrenta al poder que maneja desde hace años al principal deporte. Y, más recientemente, a las autoridades de la Mutual, el gremio que debería representar los intereses de los deportistas profesionales.

Este conflicto tiene muchas aristas, alguna de las cuales quedó en evidencia días atrás cuando un jugador del club Danubio tuvo una grave lesión, y en el estadio de un club profesional de primera división no había ni una ambulancia que lo pudiera acercar a un centro hospitalario. Este nivel de amateurismo, de pobreza absoluta, contrasta con las enormes cifras que se manejan en el fútbol global en el cual, no hay que tener pudor en admitirlo, Uruguay es una potencia indiscutida. Y, sobre todo, con el nivel de riqueza y ostentación que tienen ciertos actores vinculados al deporte. En pocas palabras, hay un claro problema de mala distribución de los recursos en el fútbol uruguayo, y eso es lo que al parecer los jugadores buscan cambiar.

Ahora bien, más allá de que el fútbol despierta pasiones como nada en este país, la organización y funcionamiento de este deporte no deja de ser una cuestión privada, donde un grupo de clubes con un sistema organizativo anacrónico y que privilegia unas formas y unos códigos filomafiosos, maneja un negocio millonario con estructuras de centro barrial. En ese sentido, era poco lo que la sociedad en general podía hacer, más allá de afiliarse a estas instituciones y participar en su vida política.

Pero lo que sucedió en la última asamblea gremial de jugadores cambia completamente las cosas. El hecho de que la dirigencia de un gremio con personería jurídica y que debe cumplir ciertas normas administrativas públicas básicas, desconozca a una asamblea y se fugue por una puerta lateral, demanda una inmediata intervención por parte del Ministerio de Educación, que es el garante del funcionamiento de estas organizaciones. Lo llamativo es que esto no haya ocurrido ya. Y no ocurre por una razón muy clara y que es lo central que este hecho deja en evidencia: detrás del conflicto en el fútbol hay también fuertes intereses políticos.

A nadie escapa que el presidente del sindicato de jugadores, Enrique Saravia, es dirigente del MPP, sector del expresidente José Mujica. A nadie escapa que está en ese puesto por voluntad expresa de Francisco Casal, el empresario que maneja el fútbol local y quien tiene una relación muy cercana con el expresidente Mujica. A nadie escapa que Mujica le perdonó una deuda tributaria millonaria a Casal, ni que en su momento operó para que dirigentes de clubes accedieran a vender los derechos del fútbol a esa empresa, tal como lo denunció en su momento un expresidente del club Nacional de Fútbol.

Tampoco escapa a nadie bien informado que hay otro sector del gobierno que no ve con buenos ojos esta situación y que ha buscado intervenir para cambiar las cosas. Vale la pena recordar ciertas palabras del exministro de Deporte, Héctor Lescano, quien en su momento dijo que al fútbol uruguayo le vendría bien un lavado con esponja de alambre. Y que eso le terminó costando el cargo.

En resumidas cuentas, lo que atenaza hoy la crisis en el fútbol e impide una resolución racional y civilizada es lo mismo que atenaza la reforma de la educación, el TLC con Chile, y muchas otras cosas centrales que el país no puede resolver, y es la puja interna en el partido de gobierno entre el senador Mujica y el sector más afín a Astori y al presidente Vázquez. Este bloqueo político permanente, con visiones completamente distintas de entender el país dentro de un mismo gobierno, la está pagando la sociedad uruguaya en su conjunto. El fútbol es apenas un capítulo más.

Esto tiene que quedar claro para la sociedad. No tiene que haber dudas de quiénes son los responsables de esta situación general y de quiénes ponen por delante los tejemanejes y acomodos políticos internos por encima de los intereses superiores de la sociedad uruguaya.