EDITORIAL 

Los papelitos de Vázquez

¿Qué pretende el presidente Tabaré Vázquez con la lista de “deberes” que le ha asignado al próximo gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou?

¿Revisó papelitos y se encontró con cosas olvidadas? ¿Es acaso, como decía Churchill, “una incógnita envuelta en un misterio rodeado de un enigma” o lo suyo es más simple: no se resigna a irse?

En los últimos 15 años gobernó el Frente Amplio con mayorías parlamentarias automáticas y Tabaré Vázquez fue el Presidente en 10. Como quien dice, han tenido tiempo -Vázquez y el FA- para realizar obras que consideraran imprescindibles y aprobar las leyes que estimaran convenientes para la sociedad. Además, en 12 de ellos disfrutaron de una excepcional bonanza económica, como nunca se había visto en la historia.

Durante todos esos años el FA y sus dirigentes -Vázquez obviamente incluido- despreciaron a los partidos de la oposición. Como no los precisaban para gobernar, los ignoraron y ningunearon olímpicamente. Jamás los invitaron o los consultaron para encarar los grandes temas del país. Y tampoco los menores. Eran autosuficientes para todo y, abrazados a su soberbia se consideraban infalibles. Pero ahora, con un pie en el estribo para partir, a Vázquez se le ocurre un programa de acción para su sucesor -que no es de su Partido-, cómo si llegara a la Torre Ejecutiva sin ideas y sin planes para llevar adelante.

Si la intención de Vázquez (un auténtico Campeón de la Nada en este periodo de gobierno) fuera colaborar en el entendido de que el país está primero, se hubiera limitado a asumir sus responsabilidades hasta el 1° de marzo. Y punto final. Ello hubiera incluido -dado que existe un déficit fiscal del orden del 5%- los aumentos habituales de tarifas y no su postergación o su pase de pelota al sucesor, con zancadilla incluida.

Pero no, no asumió sus responsabilidades, cambió las reglas de juego por perder la elección, pero sí se preocupó de publicitar “su” lista de tareas para el gobierno de Lacalle. Veamos.

1) Construcción de una represa en el río Santa Lucía para mejorar la calidad del agua, lo que pone punto final al mito frenteamplista de la “excelente calidad de nuestra agua potable” tras la reforma constitucional sobre el agua que impulsaron en 2004 y significó la expulsión de operadores privados. El precio: 150 millones de dólares. Muchos se preguntan por qué, si es tan importante -como lo es- la calidad del agua potable que consume la población, se privilegió la construcción del Antel Arena y no la represa. ¿La salud de muchos no está antes que la diversión de algunos?

2) La reglamentación de la “emergencia nacional en violencia de género”. En 2017 hubo 31 femicidios, en 2018 repitió el número, el año pasado fueron 19 y recién ahora (el decreto fue publicado en la web de Presidencia el 30 de diciembre) se le ocurre la emergencia. Como dijo la electa vicepresidente, Beatriz Argimón “hace tiempo que estamos en emergencia, llega tarde esta declaración”, y habrá que instrumentarla.

3) La exclusión de todos aquellos tratamientos que financia el Fondo Nacional de Recursos que no forman parte de los protocolos que establece la cátedra de medicina, pero que la Justicia acepta. La propuesta consiste en una ley interpretativa del art. 44 de la Constitución donde se establece que el Estado tiene la obligación de “proveer gratuitamente los medios de prevención y asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”. Lo que se busca es una definición de “indigentes o carentes de recursos” para que no quede a la libre interpretación de los jueces.

4) El Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) en el Hospital de Tacuarembó, dependiente de ASSE. Se trata de un viejo reclamo (12 años por lo menos) del noreste del país, que había sido reiteradamente rechazada por el gobierno frenteamplista.

“Si bien celebramos el cambio de postura que han tenido con el correr del tiempo -dijo el diputado nacionalista Martín Lema, especializado en los temas de salud- el beneficio para la población se va a materializar cuando el IMAE esté en condiciones. Hasta que eso no pase, sigue siendo ciencia ficción y una tarea para el gobierno entrante”.

No hay dudas de que los planteos de Vázquez pueden ser compartibles, pero la pregunta de fondo se mantiene: ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué pasarle deberes a la nueva administración? ¿Por qué publicitar sus “sugerencias” a Lacalle Pou? ¿Se busca ponerlo en un compromiso o vender la imagen de colaboración más allá de las tarifas?

Después de 15 años de gobierno esto huele mucho a doble discurso. Y son unos especialistas. Mejor cambiar y el cambio ya llegó.

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