EDITORIAL

Es gracioso que se exima de responsabilidad a un funcionario que malversa dineros públicos, porque la empresa para la que fue designado (por el gobierno) es un Frankestein jurídico que funciona bajo el derecho privado.

Al momento de escribir estas reflexiones, no había tenido lugar aún la conferencia de prensa del senador (y expresidente de ALUR) Leonardo de León, en la que anunció que expondría sus puntos de vista sobre el archivo de su caso, solicitado por el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco.

La noticia, que en los últimos días sorprendió tanto a la oposición como a buena parte del gobierno, amerita algunas reflexiones primarias.

Dos fueron las razones por las que tomó la polémica decisión.

La primera, por no haberse verificado denuncia de parte de ALUR. El fiscal Pacheco declaró a El País que "la empresa debió decir: acá hay alguien que está usando la tarjeta y la está usando mal. El tema empieza a fallar por la ausencia de reglamentación y de legislación sobre el funcionamiento de estas empresas subsidiarias. Algún día eso se debe legislar".

Al respecto, el senador Luis Alberto Heber matizó su indignación, reconociendo a El Observador que "este caso es un ejemplo de que existe una nebulosa en las empresas públicas no estatales". No hay duda de ello.

Es gracioso que se exima de responsabilidad a un funcionario que malversa dineros públicos, porque la empresa para la que fue designado (no por un directorio de particulares sino por el gobierno), funciona bajo el derecho privado. Es el maravilloso mundo de estas invenciones que suelen describirse irónicamente como "hijas y nietas" de los entes públicos. Se nutren de recursos del Estado, enjuagan sus pérdidas gracias a que el propio Estado (o sea, Juan Pueblo) les paga su producción a precios exorbitantes y, convertidas en el coto de caza de sus autoridades designadas a dedo, jamás osarán cuestionar sus "despreocupados" despilfarros.

El fiscal Pacheco dice que no pide el procesamiento "porque la propia empresa no lo denuncia, ni tampoco la accionista minorista (Pdvsa) lo hizo". Provocaría risa si no fuera todo tan patético. Pero en el fondo tiene razón: lo que hay que hacer es legislar sobre ese Frankestein jurídico que son estas empresas privadas engordadas con recursos públicos. O dicho de otro modo: hay que terminar con ellas, porque cada vez que caen en manos de estos gestores, en poco se diferencian de ser una estafa legalizada a los contribuyentes.

Así funcionamos en este país que vive, como bien lo describe el senador Heber, en la nebulosa.

Volvamos a la justificación del fiscal. Había dado dos razones. Y claramente, la segunda acrecienta nuestro estupor.

Si bien Pacheco reconoce que hay algunos gastos del senador De León que generan "serias dudas", como reservas de hoteles en Buenos Aires y Durazno, coincidentes con eventos de política partidaria, y en un restaurante en Cataratas, declaró al portal "Ecos" que no ameritan presentar una denuncia, por tratarse de gastos "de escasa entidad": "por una apropiación indebida de dos mil pesos, no procesás a nadie. ¿Cómo voy a procesar a un senador, movilizar un desafuero, por un gasto en un hotel de Durazno? La ausencia de reglamentación es central en esta decisión. Y los pocos casos que se pudieron acreditar como que no tenían nada que ver con la función, en realidad son pocos y no son montos excesivamente altos".

Nuevo rasero moral: no se castigará a nadie por gastar dinero ajeno, siempre y cuando no sea mucho. "En criollo", señala el diputado Pablo Iturralde, "lo que dice Pacheco es que De León robó pero que fue muy poquito y hace mucho tiempo. Me resulta muy loco".

No hay duda de que las irregularidades e ineficiencias que viene acumulando el gobierno en los últimos años son tan numerosas y sorprendentes, que los uruguayos nos estamos acostumbrando a comentarlas con sorna, cuando deberían repugnarnos. Se impone cada vez con más fuerza una política de feria de saldos, donde se discute menos sobre lo esencial y más sobre inconductas deplorables, indignas de quien ejerce el poder representando a vastos sectores ciudadanos.

En una actitud que lo enaltece, el senador frenteamplista Rafael Michelini admitió a El País que daría su voto a un eventual desafuero de su colega cuestionado. Pero veamos la elevada respuesta de otro correligionario, el diputado por la lista 711 Saúl Aristimuño, a través de Twitter: "Michelini declaró, aún sin pronunciamiento del fiscal, que estaba dispuesto a votar el desafuero de un compañero legislador ¿A quién va a querer desaforar ahora?".

Así, sutilmente, se expresan los disensos políticos en el seno de la coalición oficialista. Qué horrible todo.