EDITORIAL

Pero así como estas son noticias alentadoras, existen otros hechos absolutamente contradictorios. A los de este tipo, el gobierno prefiere cubrirlos con un manto obscuro, a no ser que un diputado de la oposición (Pablo Abdala) insista en saber lo que pasa.

La consigna es clara. Hay que sacudir al electorado frentista, sea como sea, dado que es notorio que el Frente Amplio no concita tanta adhesión como en otros tiempos. Al menos es lo que dicen las encuestas.

Así que hay orden “propagandear” las acciones del gobierno. Para empezar, hacer uso de los muchos minutos gratis que disponen en la TV y en las radios y en el horario más conveniente, gracias a la Ley de Medios, oportunamente votada por el oficialismo. Medida que atenta contra el periodismo independiente y empeora aun más, desde el punto de vista económico, las dificultades que soporta esta industria. A pesar de que la generación de empleo en el sector se debilite y haya que despedir gente porque no se pueden cubrir los costos. Al mismo tiempo, aparecen presentaciones con innegable tufillo electoral, como la armada por la OPP esta semana con la buena voluntad, más o menos impuesta a los Intendentes de varios departamentos, para celebrar las obras del quinquenio con el financiamiento otorgado por dicha oficina. Como si no se tratara de, simplemente, cumplir con sus funciones.

En esa misma línea, se anuncia que Ancap y la Intendencia de Montevideo han tenido ganancias, y se baten palmas y se acaparan titulares con dichas noticias, aunque por supuesto, se obvian los grandes déficits que acarrean una y otra.

Para no ser menos y con fundamentos más sólidos, UTE hace notar el desarrollo logrado en energía renovable no convencional. Más allá de que no se puede olvidar a la generación hidroeléctrica que viene de Administraciones muy anteriores a los gobiernos del Frente Amplio y que sigue siendo la de mayor contribución al sistema.

Lo que destacan las autoridades de la empresa estatal es que actualmente la contribución de origen renovable creció considerablemente, sumando a la matriz energética, la generación eólica (1.500 MW), la solar fotovoltaica (250 MW) y la biomasa (200 MW). En ocho años hubo una inversión de U$S 3.500 millones en esta área. Desde el sector privado provino un 70% de la misma y el 30% corresponden al sector público.

También se habla de que existen buenas perspectivas para incorporar para el 2020-2030, 900 MW de energía solar fotovoltaica y 400 MW de origen eólico y con la posible instalación de una segunda planta de UPM aumentaría la generación de electricidad a base de biomasa, si bien la mayor parte de ella sería para uso propio de la pastera.

Pero así como estas son noticias alentadoras, existen otros hechos absolutamente contradictorios. A los de este tipo, el gobierno prefiere cubrirlos con un manto obscuro, a no ser que un diputado de la oposición (Pablo Abdala) insista en saber lo que pasa. Las autoridades buscan la forma de que no salgan a la luz los yerros cometidos ni la plata mal gastada o el costo que significan para el erario publico. Y como correlato, todos los uruguayos terminan pagando las equivocaciones de los jerarcas, vía impuestos o altas tarifas. Esas que atentan letalmente contra la producción uruguaya y la vuelven tan poco competitiva que no permiten exportar. Algo que acaba de suceder con el arroz que se pretendía vender a Irak. Se perdió la oportunidad por ser demasiado caros, en beneficio de nuestros vecinos los brasileros.

En evidente confusión de estrategias, UTE se metió a hacer la mayor de sus inversiones en una planta (Punta del Tigre) de ciclo combinado, con una potencia de 540 megavatios, para producir electricidad en base térmica. El 28 de noviembre de 2012 firmó con la compañía Hyundai dicha construcción, por un monto de U$S 500 millones. Pero como al mismo tiempo UTE desarrolló las energías renovables mencionadas, esta mega inversión dejó de resultar tan atractiva. Si bien el ciclo combinado hace bajar los costos térmicos, el ente tiene contratos con los generadores de las otras energías que implican pagar por lo que se genere, se use o no. Otra razón para que el entusiasmo se haya enfriado.

A fines de marzo, el gobierno por boca del prosecretario Miguel Toma anunció con bombos y platillos que Uruguay había salido beneficiado en dos juicios ante el Ciadi. Uno contra la distribuidora de gas brasileña Conecta y otro contra la compañía estadounidense de comunicaciones, Italba Corporation. La primera demandaba U$S 80 millones y la norteamericana U$S 100 millones.

Pero resulta que los coreanos le iniciaron un juicio al Uruguay en 2017 por U$S 333 millones, por demoras en las obras y están pendientes otras demandas como la de Aratiri y Montevideo Gas. Tanto el BID, como la CAF y el grupo alemán KfW, financistas de la obra, están preocupados.