La izquierda en general ha querido deslegitimar el triunfo de Lacalle Pou. Ha dicho que ganó “por poco”, que “la mitad del país” estaría representada por el FA, y que no tener en cuenta la opinión de la izquierda es sinónimo de autoritarismo y poca democracia.

A casi dos meses de iniciado el nuevo gobierno, y a poco más de cinco meses del balotaje que diera un claro triunfo al presidente Lacalle Pou, ha quedado ya muy claro cuál será el tipo de oposición que la izquierda llevará adelante.

No hay que dejarse engañar por comentarios que pregonan un espíritu de unidad en el que el Frente Amplio (FA) participaría gustoso. La verdad de las cosas es muy distinta: en todos estos meses todas las señales importantes han mostrado claramente que la izquierda va hacia una oposición total y radical, aunque ella ponga en juego la salud de la República o la calidad de la convivencia democrática.

El primer movimiento no debe ser olvidado: la izquierda en general ha querido deslegitimar el triunfo de Lacalle Pou. En efecto, ha dicho que ganó “por poco”, que “la mitad del país” estaría representada por el FA, y que cualquier iniciativa que implique no tener en cuenta la opinión de la izquierda es sinónimo de autoritarismo y poca democracia.

Frente a todo ese relato izquierdista, que se origina al menos en la noche misma del balotaje, importa tener claro cuál es la realidad: Lacalle Pou ganó con una mayoría sólida en noviembre, que incluye victorias en 17 de los 19 departamentos del país y en los barrios más poblados de Montevideo; el FA tiene su representación política en el Parlamento, y no es más que el 39% de la opinión del país; y el nuevo gobierno está comprometido con la ciudadanía en llevar adelante un programa de acción que implica una alternancia, un cambio, con respecto a lo que fueron los quince años frenteamplistas en el poder.

El segundo movimiento consistió en acciones concretas a partir del 1° de marzo para impedir al gobierno llevar adelante sus políticas. De ellas participaron no solo el FA, sino también sus aliados sindicales y gremiales. Así, por ejemplo, el sindicato de profesores de secundaria realizó un paro “por las dudas” contra un proyecto de la ley de urgencia; el Pit- Cnt organizó caceroleos contra el gobierno en plena emergencia sanitaria, a pesar de que declaró luego, cuando percibió el rechazo popular a su propuesta, de que ese no era su objetivo; Vázquez y algunas corporaciones médicas afines a la izquierda intentaron deslegitimar el camino tomado por el gobierno, al promover un confinamiento obligatorio que hubiera sido terriblemente perjudicial para el país; el Pit- Cnt y luego el FA, plantearon propuestas de repartos de dineros en plena crisis por causa de la pandemia, sin aportar ninguna seriedad al financiamiento de esas medidas; y en estos días, de forma coordinada con el FA, hubo renuncias en masa en salud pública que, evidentemente, han buscado desestabilizar al gobierno allí donde más necesario se hace contar con servicios por la emergencia nacional que sufrimos.

El tercer movimiento se consolida en estos días, cuando con distintas excusas la izquierda ha intentado deslegitimar la ley de urgente consideración. El FA ha dicho, increíblemente, que tiene poco tiempo para estudiar sus artículos, cuando desde enero ya se cuenta con un borrador de la ley, y cuando hace semanas ya que el presidente hizo llegar a todos los partidos el proyecto concreto. El sindicalismo ha señalado que en este contexto no se puede manifestar contra la ley, como si eso fuera motivo para paralizar el rumbo del país. Y la politología nacional izquierdista ha afirmado que esta ley ahonda la grieta con el FA y está al límite del autoritarismo, omitiendo así kilómetros de bibliotecas que tratan acerca de las ventajas de las medidas de racionalización del parlamentarismo en democracia, dentro de las cuales se inscriben este tipo de leyes.

Ya se avizora el cuarto movimiento: cuando la ley de urgente consideración sea aprobada, porque existe mayoría parlamentaria y compromiso político para cumplir con lo prometido al país en octubre y noviembre de 2019, el FA y sus aliados intentarán boicotearla con el mecanismo de llamar a referéndum contra ella. No es nuevo: ya lo hicieron al inicio del período de Jorge Batlle, cuando el país estaba en crisis. Y fracasaron.

No queda dudas: la oposición de la izquierda es total y sin límites. Por el bien del país, hay que aplicarle la figura del cordón sanitario: dejar que ella se exprese libremente y con las garantías de la ley, pero a la vez no ceder ni un milímetro en la acción reformista del gobierno, que cuenta con legitimidad democrática y mayorías populares para conducirnos hacia un mejor futuro.

El pueblo uruguayo no es tonto. Juzgará con rigor esta oposición tan dañina para el país.