EDITORIAL

Numerosas investigaciones han demostrado que la reducción de la pobreza monetaria en Uruguay se debe al crecimiento económico casi exclusivamente, con un rol menor de las políticas sociales.

Nuevamente el diputado Martín Lema saca la cara por la oposición y se planta firme contra irregularidades y abusos cometidos por el gobierno, marcando un rumbo de coherencia y determinación poco común. En los últimos años hemos visto numerosos casos sumamente sospechosos originados dentro del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que no merecieron ninguna consideración por parte de las autoridades del organismo ni por el partido de gobierno.

El diputado Lema ya había marcado la cancha con su trabajo, estudiando e investigando el accionar del gobierno en materia de salud pública, especialmente en ASSE. Analizando la realidad a través del conocimiento directo de decenas de hospitales y centros de atención a lo largo y ancho del país, recogió testimonios, escuchó historias de funcionarios y pacientes y también recibió denuncias importantes. Luego de un estudio a conciencia de cada caso con la seriedad debida fue presentando una tras otra, denuncias concretas y ciertas sobre amiguismos, acomodos y otros géneros de corrupción que involucraban a autoridades de centros de atención y prestadores de servicios públicos.

Como es de público conocimiento, tan contundente fue la acción de Martín Lema que terminó cayendo la cúpula de ASSE cuando el presidente encontró la menor excusa y puso a su frente una nueva conducción que viene intentando corregir los abusos del pasado con suerte diversa. Es innegable que el servicio de salud pública recibió la atención que merecía por parte del gobierno y de la opinión pública debido a la actuación descollante del diputado Lema. No hay que buscar otras razones.

En las últimas semanas la atención se ha centrado, a iniciativa del senador Luis Lacalle Pou, en la necesidad de investigar hechos muy oscuros que se han acumulado en el MIDES. Convocado nuevamente a la batalla, Martín Lema terminó siendo el diputado encargado de profundizar el asunto y se apresta a presentar en breve, el pedido para la formación de una comisión investigadora en la materia. Como era de esperarse las reacciones no se hicieron esperar, comenzando por la inefable Marina Arismendi, experta en azuzar cucos, pero lamentablemente no en políticas sociales.

Desde comienzos de su primera versión al frente del MIDES en 2005, Arismendi saltó a la fama por acomodar a un pretendiente a yerno -¡ni siquiera a un yerno!- a dedo y luego por la contratación discrecional de decenas de cooperativas, muchas afines al Frente Amplio. Pese a las observaciones de que fue objeto el MIDES ha funcionado, -y a juzgar por los hechos denunciados especialmente en los últimos años-, de forma especialmente desprolija.

Se ha caracterizado además, como otras tantas dependencias gubernamentales, por su capacidad para generar excusas, pero no resultados positivos. Numerosas investigaciones han demostrado que la reducción de la pobreza monetaria en Uruguay se debe al crecimiento económico casi exclusivamente, con un rol menor de las políticas sociales.

Por si fuera poco, la existencia de decenas de programas de poco impacto ha impedido romper con los círculos viciosos de la pobreza, capturando a las personas en una situación de dependencia que ha sido y es explotada por el Frente Amplio con fines clientelistas. Lo han confesado jerarcas de gobierno, lo que nos exime de mayores comentarios.Arismendi también se ha destacado por sus ataques a la oposición, el uso de la mentira sistemática y la atribución de fines perversos a sus adversarios. Siempre elude el debate serio sobre políticas sociales, siempre ataca atribuyendo mala intención a quienes han intentado mejorar la asistencia a los uruguayos más vulnerables.

El fin de la iniciativa de Lacalle Pou y Lema, es muy clara: las políticas sociales son parte central de la acción de gobierno. Son recursos que deben usarse con extrema eficacia y eficiencia no solo porque vienen del esfuerzo de los uruguayos sino porque se vuelcan para mejorar la situación de nuestros compatriotas que la están pasando peor. Despilfarrar o desperdiciar recursos destinados a políticas sociales no solo es ineficiente, es profundamente egoísta y mezquino.

Ojalá el Parlamento apruebe la iniciativa de la Comisión Investigadora, no solo para encontrar los culpables de los desmanes del MIDES, sino y especialmente, para mejorar las políticas sociales. Nuevamente debemos felicitar el trabajo serio de Martín Lema, ejemplo de legislador opositor, con críticas fundadas y propuestas sólidas, en procura de que la solidaridad no solo se proclame, sino que se ejercite.