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El opaco mundo de las ONG

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El que siga las noticias, habrá notado la relevancia que vienen cobrando las organizaciones no gubernamentales en materia de políticas públicas.

Se trata de un fenómeno global, donde este tercer sector, por fuera de lo público y lo estrictamente privado, crece en protagonismo, con el argumento de una representación de lo que se llama la “sociedad civil”.

Ahora bien, en Uruguay bajo los gobiernos del Frente Amplio, el fenómeno creció de manera explosiva, y sin ninguno de los contrapesos o controles que sí tienen en países donde existe una regulación afinada al respecto. Las noticias de estos días han puesto sobre la mesa uno de los grandes problemas que presenta este fenómeno: la delegación en ONG de tareas de responsabilidad estatal, y mediante la financiación pública. El caso más emblemático es lo que se ha visto en el Mides, donde las administraciones frentistas derivaron en estas ONG tareas que iban desde la administración de refugios hasta el cumplimiento de programas enteros.

El pasado domingo el programa Santo y Seña denunció que el Mides pagaba decenas de millones de dólares a dos de estas ONG, una llamada Plemuu (Plenario de Mujeres del Uruguay) y otra llamada CPP (Centro de Participación Popular). Pero el fenómeno está muy extendido en todo el estado.

Esto genera tres problemas básicos. El primero es que uno se pregunta qué formas de administración y manejo del dinero público pueden tener estas ONG. ¿Es creíble que una organización fundada para “mejorar la condición de la mujer”, administre 20 millones de dólares por año del contribuyente? ¿Tiene mecanismos de contralor suficientes?

La segunda es la sospecha de que esto se hace justamente para esquivar los controles administrativos que tiene el propio estado cuando realiza este tipo de acciones. ¿Participan organismos de contralor? ¿Se evalúan correctamente estos manejos del dinero de todos? Las denuncias hechas por la nueva gestión del Mides sobre el desastre que eran muchos refugios para gente sin hogar, por los que el estado pagaba muchísimo dinero, parecen mostrar que no.

Y por último, está la sospecha política. Sospecha que cada día cobra más fuerza, cuando se ven determinados casos. Hace ya algún tiempo, en Qué Pasa se informó sobre un grupo de militantes del Partido Comunista de San José que quería abrir una radio partidaria. Y como no tenían recursos, se presentaron al Mides, y allí se les entregó la administración de un refugio, para lo cual no tenían capacitación ni vocación. Con lo que le retenían del sueldo a los empleados, se pagó el funcionamiento de la radio. Todo saltó por una denuncia de los empleados, molestos por esa retención en sus haberes.

Ahora, este informe de Santo y Seña vuelve a dejar enormes sospechas. Por un lado esta organización CPP, de nombre muy similar al grupo político del expresidente Mujica, fue fundada y estuvo dirigida por figuras muy próximas a... ¡sí!, el grupo político del expresidente Mujica. Algo similar ocurre con otras de estas ONG que han tenido proliferación de contratos en estos años. ¿Hace falta ser muy maliciosos para imaginar que parte de esos recursos que el contribuyente uruguayo cede para causas sociales terminan financiando una estructura política afín a ese partido?

No queda ahí la cosa. Cada vez que hay temas álgidos para el país, surgen las voces de este mundo ONG que marca una agenda muy clara en línea con la visión de algún partido. Por ejemplo, cuando se habla de medios de comunicación, aparece la llamada “coalición para una comunicación democrática”, con posturas muy afines a las del Frente Amplio. Entre las ONG que figuran allí, aparecen algunas como “Atabaque”, cuya página web solo tiene una foto de una lista del MPP. O una agencia “vosyvoz” que no se sabe a quién representa, su financiación, ni de dónde surge su competencia en el tema. Otro firmante es Cainfo, que si uno investiga en su financiamiento, solo tiene publicado los años 2015 y 2016, y más de la mitad proviene de la fundación Soros. ¿En qué sentido estas ONG representan a la “sociedad civil uruguaya? ¿Por qué los dirigentes políticos, votados por la gente en elecciones libres, deben prestar atención a lo que dicen estas ONG que nadie sabe a quién o qué representan?

Durante los pasados 15 años hubo una explosión de ONG que marcaron la agenda política y asumieron millonarios contratos con el Estado para cumplir funciones públicas. El país se merece una investigación a fondo sobre este tema.

El país se merece un debate claro y transparente sobre el rol y la forma de funcionamiento de las ONG, tanto en las que inciden en las políticas públicas, como en las que reciben dinero del contribuyente para cumplir tareas estatales. Y una investigación a fondo sobre su incidencia en los últimos 15 años.

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