EDITORIAL

“El Frente Amplio insiste en revisar las menguadas formas de financiamiento privado de instituciones como el Jubilar, Impulso o Los Pinos, proyectos exitosos cuyo pecado es dejar en evidencia el fracaso de la educación pública tradicional”.

La interna del oficialismo es un nido de grillos. Un caldero de odios y resentimientos que busca ser disimulado de manera muy poco creíble por las autoridades de la coalición. La semana pasada se reunió el Plenario del FA para analizar aspectos programáticos, y para evitar nuevas peleas públicas, se evitó profundizar en los temas serios. A decir del diputado Mahia, “se priorizaron los aspectos que unen al Frente Amplio por encima de los que puedan dividir”.

Ahora bien, ¿cual fue el tema en que todos estuvieron de acuerdo, y que se sabía no generaría roces? El revisar el sistema de exoneraciones que permite que empresas privadas puedan derivar algo de lo que deberían pagar de impuestos, a instituciones educativas entre las que se encuentran algunas de funcionamiento privado, como pueden ser los liceos Los Pinos, Impulso, Jubilar. También universidades privadas, que han usado en los pasados años los fondos de esas donaciones para implementar sistemas de becas para estudiantes de escasos recursos económicos.

Vale señalar que ya hace unos años todo el sistema ya fue revisado, reduciéndose de manera importante el monto que las empresas pueden descontar de impuestos con estas donaciones, al punto que las universidades privadas han debido recortar este sistema de becas, de manera muy significativa.

Pero la opción del Frente Amplio por seguir estrangulando este sistema, es muy reveladora de una manera de pensar, que por lo visto no es ya patrimonio de los sectores más retrógrados como el Partido Comunista, sino que por lo visto, y como ha sucedido con tantas ideas nefastas de este tipo, ya ha perneado en toda la coalición. Agrandando la brecha ideológica con la sensibilidad mayoritaria de la sociedad uruguaya.

Expliquemos el tema un poco más en profundidad. En todos los países exitosos del planeta existen esquemas tributarios de este tipo, que permiten que empresas y hasta personas, puedan definir el destino de una parte de lo que deberían pagar en impuestos, siempre que esos fondos terminen yendo a instituciones que el estado considera cumplen un rol importante para sociedad. Y la justificación es muy simple y clara: se trata de acercar las decisiones sobre el destino de recursos públicos al ciudadano, de manera que no todo quede en manos de las burocracias profesionales. Y, de paso, que la gente puede sentir que lo que le toca aportar, realmente sirve para mejorar las condiciones de su entorno.

En Uruguay, para algunos ideólogos del Frente Amplio, esto es un pecado mortal. Significa, según sus voceros, ceder al empresario o a “los ricos”, la capacidad de disponer a dónde van los recursos de todos. Un disparate mayúsculo que solo cabe en cabezas que todavía no se enteraron que el Muro de Berlín se hizo añicos, y que la planificación central marxista es el peor error de la humanidad en casi dos siglos.

Más allá de esto, hay otro motivo por el cual estas “figuras” políticas desprecian este esquema. Y es que ha sido la columna vertebral que ha permitido financiar instituciones de administración privada que han tenido un rol central en mostrar a la sociedad cómo aun en los contextos más desfavorables, instituciones manejadas con profesionalismo y con voluntad de integrar en vez de dividir, pueden lograr resultados iguales o mejores que las que se encuentran en las zonas más ricas.

Para el núcleo duro del Frente Amplio estas instituciones son el enemigo, y lo han dejado claro desde el día uno. No pueden aceptar que su fracaso tras 15 años de manejar la educación pública pueda quedar tan en evidencia. Y maldicen el día en que el ex presidente Mujica, en un momento de debilidad ideológica, aceptó abrir esa ventanita.

No hay absolutamente nadie que ponga en duda el éxito de estas instituciones, y lo bien que le han hecho a las comunidades en las que se han insertado. Pero de todas formas, año tras año se buscan formas de limitarles el financiamiento, y complicar su operativa. Dejando bien en claro que los preconceptos ideológicos y las ansias de controlar hasta el mínimo detalle de la vida de los uruguayos, están muy por encima en su lista de prioridades, que el bienestar de los jóvenes más pobres.

La sociedad uruguaya precisa tener bien claro lo que está pasando. Porque durante muchos años, se dijo que quienes defendían estos discursos radicales y fanáticos, eran sectores pequeños, que luego serían controlados por las figuras “moderadas” que tenían más votos en las elecciones nacionales. Nuevamente queda claro que eso es una mentira. Y que el Frente cada vez queda más preso de los dogmatismos de las minorías.