Ya no falta nada para que los uruguayos tengamos un joven nuevo Presidente. Mañana se acaba finalmente esa transición de tres meses, que hace parte de nuestro sistema electoral.

Según se la mire, parece excesivamente extensa. Para los que se alejan del gobierno, no solo les sirve para acomodar el cuerpo a la nueva situación, más allá de que se note que a muchos después de 15 años en el poder les cueste reconocer que llegó la hora de bajarse al ruedo. También sirve para un montón de otras cosas. Se aprovecha para adjudicar licitaciones, para hacer nombramientos de último momento, para dar canales de TV a personas que comulgan con ideologías semejantes, para organizar paros contra una ley que todavía no existe, etc.

Pero no se ha notado una eficacia semejante en otros temas, por más importancia que revean. Es el caso de la ley 19.677 que promueve el patrullaje fronterizo por parte de las Fuerzas Armadas. Esta fue sancionada en el Parlamento por la unanimidad de los partidos, en julio del año 2018, sin embargo, hasta la fecha no ha sido más que letra muerta. Ese apoyo multipartidario debería haber sido un acicate para que el Ejecutivo la promulgase rápidamente. Fue una demostración de que el sector político en su conjunto vio lo perentorio que era contar con una legislación de ese porte. El notorio avance en nuestro territorio, de las actividades del narcotráfico hizo percibir claramente que nuestro país se había convertido en un escenario de pasaje, trasiego, venta y envíos de droga hacia Europa y África. Sus fronteras absolutamente porosas eran un gran atractivo para ese tipo de negocio criminal.

Así fue que titulares sobre incautaciones de cargamentos con estupefacientes empezaron a verse con mayor asiduidad en los medios de prensa, hasta llegar a los multimillonarios decomisos descubiertos últimamente. Tanto en nuestro suelo como en el extranjero, tras llegar a puertos europeos desde nuestra tierra. Mientras, en este 2020 siguen apareciendo noticias de requisas de drogas, como la de hace dos días en un campo de Artigas por un monto de pasta base récord en la historia vernácula. La ley de la que poco se preocupó la Administración Vázquez de poner en práctica ha continuado hasta ahora en estado letárgico. Algo que genera más de una pregunta sobre el porqué de esta desidia.

Una legislación que fuera impulsada en su momento, justamente por quien asume como Ministro de Defensa del gobierno que se inicia el próximo día. En el anterior período se anunció el envío de militares a vigilar las zonas fronterizas, pero sin un marco legal adecuado que les brindara a los uniformados la posibilidad de estar a cubierto si fueran partícipes de un hecho luctuoso en el cumplimiento de su nueva función. Javier García, en su calidad de senador, advirtió que era un peligro para esta gente ir a enfrentarse no solo contra los consabidos contrabandistas u otros criminales, sino contra el narcotráfico, nada menos, sin una debida protección legal.

Era tal el despropósito, que la corrección se llevó a cabo consensuadamente y se elaboró la antedicha ley. Pero de nada ha servido hasta la fecha por no haberse reglamentado todavía. El Poder Ejecutivo promulgó la ley más de un año después, en noviembre 2019. Pero de acuerdo a los que están en el tema, no se fijaron las “normas de empeñamiento”. Y además, el decreto tenía dos errores. ¿Habrá sido por falta de tiempo?

Se amparaba en normas que ya no estaban vigentes y le rebajaba el nivel de potestades que le daba la ley vigente. A raíz de los necesarios cambios normativos, el futuro director general se ha reunido con la Fiscalía de Corte.

Por lo tanto, Uruguay continúa en la misma indefensión y los delincuentes muy satisfechos de poder entrar y salir, ya sea por tierra o aire, “a piacere”. El gobierno frentista, al contrario de la velocidad demostrada en tiempos de transición, hizo gala de un llamativo quietismo.

Con el nuevo titular de la cartera de Defensa en el mando se calcula que en unos quince días comenzará el trabajo de los militares, una vez que el Presidente Luis Lacalle firme los decretos correspondientes, que permitan finalmente concretar la misión. La zona de vigilancia terrestre incluirá 20 km. hacia dentro de la frontera, a excepción de las zonas pobladas, abarcando unos 35.000 km. cuadrados.

Será esta la primera actividad coordinada de las tres fuerzas en el país, con la seguridad de los habitantes y la lucha contra el delito como objetivo. Se entiende que en la operativa en su conjunto participen de 500 a 1000 efectivos. Equipamiento y capacitación tendrán que ser parte importante de la ecuación.