La solución propuesta por el gobierno al tema de los cincuentones es mala para los afiliados, es mala para el Banco de Previsión Social y compromete el futuro de las nuevas generaciones con mayores gastos que significarán más impuestos.

El gobierno decidió dar respuesta al "problema de los cincuentones", y eso es sin duda una buena noticia. Si hay miles de uruguayos que temen ser perjudicados y reclaman alternativas, la más elemental sensibilidad exige que sus planteos sean escuchados y que cualquier desventaja injusta sea subsanada.

Pero las buenas noticias terminan aquí. Porque si bien el gobierno ha decidido dar una solución al problema, la que ha elegido es muy mala. Mala para todos, excepto para un pequeño grupo que toma de rehén al país entero.

La solución propuesta es mala para los afiliados, porque los obliga a tomar una decisión irreversible en un plazo de dos años, es decir, cuando muchos tienen por delante diez o quince años de vida laboral. De lo que pase en esos años dependerá para cada uno que sea mejor pasarse al BPS o mantenerse en el sistema mixto. Pero nadie puede saberlo de antemano porque depende de factores tales como la continuidad de los aportes y los niveles salariales a los que acceda cada trabajador.

El único que hoy (o dentro de dos años) podría asegurarle a un trabajador que le conviene salirse de la AFAP y pasar todos sus ahorros jubilatorios al BPS, sería brujo o un adivino capaz de saber si cada uno de los afiliados estará empleado de manera continua hasta el día que se jubile, si pasará por períodos de desempleo y cuál será el salario que estará cobrando año tras año. Cualquiera que arriesgue un pronóstico sin tener esas dotes adivinatorias, estará jugando a la ruleta con plata ajena.

Otro perjuicio para los afiliados es que perderán la heredabilidad de los ahorros. En el régimen mixto, si un afiliado fallece y no hay personas en condiciones de cobrar una pensión, los ahorros administrados por la AFAP (incluidos intereses) son cobrados por sus herederos. En cambio, si un afiliado al BPS fallece en esas condiciones, la totalidad de sus aportes quedan en el BPS.

La solución que propone el gobierno también es mala para el BPS porque si bien supone la inyección de una gran cantidad de dinero a corto plazo (se prevé que ingresen unos 1.600 millones de dólares), a la larga generará costos que superarán ampliamente esta cifra. Según cálculos realizados por técnicos del propio BPS, el costo fiscal de esta modificación del régimen jubilatorio será equivalente al 4,3% del PBI: un peligroso crecimiento de un ya abultado déficit fiscal con miras al futuro del país. A lo que habría que agregar que el BPS asumirá nuevos riesgos, como pagar la totalidad del costo de eventuales indemnizaciones por accidentes de trabajo (cosa que no ocurre en el régimen mixto, donde interviene el Banco de Seguros).

Hay sólo dos maneras de hacer frente a esta pesada factura. La primera consiste en dedicar menos dinero público a otros destinos, como la educación o la salud. La segunda consiste en agobiar con más impuestos a las próximas generaciones de uruguayos. Por cualquiera de estos dos caminos, la propuesta terminará perjudicando a la inmensa mayoría. Es curioso que un gobierno que ha llamado a reducir el déficit y ha advertido que ya no queda "espacio fiscal", se haya olvidado de golpe de sus propias advertencias.

¿Por qué el presidente Vázquez ha optado por impulsar personalmente una solución tan perniciosa? No ciertamente porque no existan ideas mejores. La Agenda de Gobierno presentada por el Partido Nacional en las elecciones de 2014 ya incluía una propuesta de "Mejor jubilación garantizada", que permitía solucionar el problema eliminando toda incertidumbre para el trabajador. El núcleo de la propuesta, fundada en sólidos análisis técnicos, consistía en postergar la elección del régimen jubilatorio hasta el momento de la jubilación. En estos días la Asociación Nacional de las AFAP ha hecho un planteo similar.

¿Por qué, entonces, el gobierno se ha comprometido con una propuesta tan irracional? Porque esa propuesta es la preferida por el ministro Murro, por la cúpula del Pit-Cnt y por la mayoría del directorio del BPS, que están embarcados en una feroz lucha ideológica contra las AFAP desde sus mismos orígenes. No les importa que el régimen mixto cuente con amplio apoyo ciudadano, ni se fijan en los efectos favorables o desfavorables que pueda tener su iniciativa sobre los trabajadores de carne y hueso. Lo único que interesa es avanzar hacia una total estatización del régimen previsional. Si lo consiguen se sentirán victoriosos y, de paso, podrán controlarlo mejor.

Esto ya es suficientemente grave. Pero más grave todavía es que, una vez más, el gobierno del presidente Vázquez haya aceptado quedar de rehén de la interna del FA y de una relación con el movimiento sindical que se vuelve cada día más tóxica.

EDITORIAL