Editorial

¿Necesitamos un arrepentido?

El impacto que está teniendo en las causas judiciales en Argentina y Brasil la figura del “arrepentido”, hace preguntarse sobre su uso en nuestro país.

Arrepentidos", "delación premiada", "colaboración con la Justicia". Estas frases se han vuelto habituales en las coberturas de prensa en nuestro país, particularmente a raíz de las causas penales más sonoras que han afectado a varios de los más destacados dirigentes políticos y empresariales de la región.

En Brasil, por ejemplo, el instituto se denomina "delación premiada", y prevé que aquella persona imputada por un delito, que logre aportar elementos de prueba sustanciales para poder seguir profundizando en la investigación, y que permitan alcanzar a quienes hayan tenido participación destacada en delitos, puede obtener beneficios en su sentencia. Algo similar es lo que se ha incluido recientemente en la ley penal argentina, y que ha desatado la catarata de testimonios y declaraciones que han puesto a un número significativo de empresarios y políticos tras las rejas, entre ellos nada menos que en forma inminente a la expresidenta Cristina Fernández.

Estos casos y noticias rimbombantes nos ponen de nuevo ante la duda: ¿se puede aplicar un esquema similar en Uruguay? ¿Tenemos algo parecido?

Y la respuesta es que sí. Existe normativa que habilita este tipo de negociación con un delincuente, en aras de poder "escalar" en la organización y lograr detener a figuras más encumbradas, o recuperar el producto de ilícitos. El caso más notorio fue el del expresidente de la AUF, Eugenio Figueredo, que colaboró con la Justicia uruguaya para poder así eludir una extradición a los EE.UU., entregando bienes e información en la causa de corrupción en el fútbol. Pero también ha habido casos menos exitosos. Por ejemplo el caso del penalista Carlos Curbelo, que fuera procesado debido al testimonio de una escribana de Maldonado que lo implicó en el manejo de dineros del narcotráfico. La acusada eludió así alguna condena por delitos que ella misma había cometido, y tras el acuerdo, reincidió en el mal camino, poniendo una sombra de duda sobre todo el instituto.

Vale señalar que hasta el reciente cambio del proceso penal, este tipo de figuras era complejo y peligroso. Sobre todo porque en el proceso anterior, el juez que instruía la causa era el mismo que dictaba sentencia, o sea que investigaba y condenaba. Y aunque fuera solo un primer procesamiento, con la perversión que padecía el sistema, ese procesamiento era muchas veces (y ante la opinión pública) una sentencia final.

Eso hacía que a un juez que ya tenía potestades exageradísimas, darle la posibilidad de negociar con imputados a cambio de beneficios en caso de acusar a otras personas, fuera una apuesta extremadamente riesgosa, que desbalanceaba el derecho de cualquier ciudadano a un juicio justo. Ahora con el nuevo proceso, donde quien desarrolla la instrucción es el fiscal, y el juez es realmente un tercero imparcial que puede valorar la prueba sin estar tan metido en la cosa, el instituto brinda mayores garantías para el ciudadano.

Pero, de todas formas, tenemos cuestiones morales en el medio. ¿Es saludable para un sistema penal que se premie a un delincuente por "vender" a otros como él? ¿Afecta la ética del sistema penal que el estado negocie con delincuentes? ¿Son creíbles los testimonios de un criminal que habla para lograr tener una pena menor por sus delitos?

Las respuestas a estas preguntas son, desde ya, discutibles. Pero lo que hemos visto en la región, e incluso en EE.UU. en las causas que involucran al presidente Donald Trump, es que en casos de figuras con gran poder y capacidad de obstrucción a la Justicia, estas herramientas son fundamentales para que esta pueda operar. Si el fin es desarticular redes de corrupción que han robado cientos y cientos de millones de las arcas públicas, como en Argentina o Brasil, parece que bien vale el medio de negociar con un criminal.

Y aquí es bueno mirarnos a nosotros mismos con claridad y sin hipocresía. ¿Creemos que somos éticamente tanto mejores que nuestros vecinos? ¿Estamos vacunados contra el virus de la corrupción política? ¿No sorprende a nadie que mientras en toda la región los escándalos de corrupción pública han desarbolado gobiernos y partidos, acá la justicia no encuentra pruebas de nada? ¿La principal empresa del país pierde mil millones de dólares, pero todo fue sin intención y sin que nadie se lleve un peso?

Ojalá así fuera. Pero hay buenos motivos para no ser tan optimistas. El diálogo con los fiscales que estudian los casos de este tipo muestra a gente sin recursos, presionada, y sin capacidad de ir a fondo. Tal vez sería el momento de analizar formas e instrumentos que nos permitan hundir el bisturí en un tema del que parece difícil que estemos tan indemnes.

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