Dentro de los múltiples temas relevantes que incluye la ley de urgente consideración enviada por el Poder Ejecutivo a consideración del Parlamento se encuentran una serie de reformas económicas de primera importancia.

Entre otros vale le pena el fortalecimiento de las unidades reguladoras como la Ursec y la Ursea desmanteladas en el gobierno de Mujica, lo que permitió los desbordes por todos conocidos en Ancap y Antel entre otras.

La creación de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas también es una iniciativa fundamental, ya que permitirá que el Estado comience a evaluar las políticas que desarrolla, y no solo centrar todas las discusiones en presupuestos y montos asignados.

Se establece, además, un mayor control sobre las sociedades anónimas que dependen de las empresas públicas, otro agujero negro en los pasados gobiernos.

Un artículo polémico, pero sumamente relevante, es también el que establece la desmonopolización de la importación de combustibles. Esta iniciativa va en el sentido correcto de permitir reducir el precio de los combustibles, un elemento fundamental para la producción, el transporte y tantas otras áreas de la economía que influyen en la vida de todos los uruguayos. Sería deseable que todos quienes entienden la importancia de este avance de la libertad de las personas apoyen y se manifiesten para lograr los apoyos necesarios para alcanzar su aprobación.

Todos los temas mencionados son de gran importancia para el país, pero existe otro componente de la ley de urgente consideración que fue central en la exposición de la Ministra de Economía y en la consideración de la comisión especial a cargo del estudio de la propuesta legislativa: la creación de una regla fiscal.

Al analizar los problemas de crecimiento de largo plazo del Uruguay un elemento fundamental es la amplitud, especialmente la profundidad de sus ciclos económicos. Dicho en otros términos, los países que más crecen en el largo plazo no son simplemente los que crecen a tasas más altas en los años buenos, son los que logran evitar, o al menos suavizar las recesiones. En este aspecto Uruguay luce decididamente mal.

Una de las razones fundamentales es el mal manejo fiscal.

El gasto público en nuestro país tiene un comportamiento fuertemente procíclico, tanto en términos del crecimiento del producto como del ciclo electoral. En buen romance, cuando la economía crece el gasto público aumenta aún más exacerbando el ciclo. En los años electorales además, el gasto público aumenta mágicamente pese a la existencia desde hace tiempo de algunas restricciones legales.

Esto tiene consecuencias nefastas para la economía uruguaya, siendo quizá la más importante que los momentos en que llega una recesión siempre nos agarra con altos niveles de déficit fiscal y endeudamiento, que obligan al país a procesar ajustes fiscales en el peor momento para hacerlo porque tiene efectos recesivos.

Lo razonable, desde una perspectiva país de largo plazo, sería generar ahorros en los momentos de crecimiento excepcional para no forzarnos a políticas de ajuste en los malos momentos, lo que precisamente profundiza el ciclo económico.

Las últimas crisis en la historia del país dan muestra clara del punto señalado, pero para no irnos demasiado atrás, basta con apreciar la herencia dejada por los gobiernos del Frente Amplio. Los años de crecimiento ininterrumpido, anunciados con bombos y platillos por la actual oposición, dejan al país con un déficit fiscal del 5 por ciento y un nivel de endeudamiento del 65 por ciento del producto. Cifras impresentables que eran sumamente riesgosas si ocurría una reversión del ciclo, lo que efectivamente sucedió a partir de la llegada de la pandemia del coronavirus.

El margen de maniobra del gobierno, por lo tanto, se ve extraordinariamente limitado por el pésimo manejo fiscal de las administraciones anteriores. Dejaron ir año a año el déficit fiscal sin miramientos y falseando la verdad todos los años con las proyecciones fiscales. Es asombrosamente cínica la actitud de los dirigentes frentistas, responsables de que no tengamos recursos para afrontar la crisis, al exigirle al gobierno un incremento de gastos que saben que no pueden realizar y por su propia culpa.

Para evitar desastres fiscales como el dejado al país por los gobiernos del Frente Amplio es indispensable que se apruebe una regla fiscal que limite el gasto y mire a los números estructurales, más allá de la coyuntura.

Es por eso que la ministra Arbeleche tiene razón. Necesitamos comenzar a ser serios con nuestras cuentas.