EDITORIAL
diario El País

Con la música a ninguna parte

El fin de semana pasado ocurrió algo sorprendente.

En el marco de la cancelación de espectáculos dispuesta por la emergencia sanitaria, un local gastronómico tuvo la buena idea de contratar al músico Martín Buscaglia para que seleccionara y difundiera allí canciones grabadas, en su mayoría nacionales.

Así, quien se veía impedido de tocar y cantar en vivo, podía al menos trabajar en el rol de pasar sus propios temas y los de sus colegas, generando un hecho artístico a la medida de las restricciones que impone la pandemia.

Pero en un proceder insólito, inspectores de la división de Espectáculos Públicos de la Intendencia de Montevideo indicaron a Buscaglia que lo que estaba haciendo era un show y que, por esa razón, no podía continuar pasando los temas. No faltó razón al reconocido músico compatriota cuando se filmó quejándose por ese proceder, en un video que se viralizó rápidamente.

Con implacable lógica, dio a entender que si él fuera el mozo de ese local y diera play a una lista de reproducción de Spotify, estaría habilitado. Pero haciendo exactamente lo mismo, el solo motivo de ser músico lo pone en el índex de las autoridades departamentales: "los inspectores dicen que el hecho de que haya alguien eligiendo la música que se va a escuchar, es un espectáculo", dijo Buscaglia, complementando la frase con un gesto de estupor.

Consultada por Subrayado de canal 10, la intendenta Cosse dio pobres argumentos en defensa de ese procedimiento irregular: "hay un decreto del Poder Ejecutivo que prohíbe los espectáculos públicos. Nosotros tenemos, por el orden normativo, que respetar ese decreto". Si bien esto es cierto, cabe preguntarse si entra dentro de la categoría de espectáculo el que una persona pase canciones grabadas, ya sea a través de discos como de una lista de streaming. Se supone que al prohibirlos, lo que las autoridades tuvieron en cuenta fue que la falta de distanciamiento físico entre un cantante (o un intérprete de instrumentos de viento, por ejemplo), puede implicar un riesgo de contagio. ¿Pero qué riesgo hay con alguien que se limita a reproducir grabaciones? ¿Si quien lo realiza es un mozo o un cajero del bar no hay peligro, pero si lo hace un músico sí?

El argumento hace agua por todos lados y la indignación pública que causó la denuncia de Buscaglia no se arregla con pasarle la pelota al Poder Ejecutivo: los servicios de la Intendencia deberían aplicar la normativa con un mínimo marco lógico y, para empezar, pedir disculpas por la gaffe de la semana pasada y habilitar la musicalización de lugares públicos con canciones grabadas. Aunque el que lo haga sea el mismísimo Martín Buscaglia.

Si bien la intendenta Cosse declara mostrarse muy sensible al impacto que ha generado la pandemia en el sector cultural, con esto muestra que privilegia la inercia burocrática por sobre la justa aplicación de las normas. Y lo mismo puede decirse de su decisión de mantener cerradas todas las salas de espectáculos y espacios culturales de la Intendencia, a pesar de que en los últimos meses del año pasado y primeros de este, el gobierno nacional los autorizó con aforos limitados.

En dicho período, las cuatro salas del Sodre (Eduardo Fabini, Hugo Balzo, Nelly Goitiño y Vaz Ferreira), dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, no solo permanecieron abiertas, sino que además fueron ofrecidas a los artistas uruguayos sin imposición de costos fijos, otorgándoles la totalidad de la recaudación, descontados los cargos por derecho de autor y tributos municipales.

La indignación pública que causó la denuncia de Buscaglia no se arregla con pasarle la pelota al Poder Ejecutivo. Los servicios de la Intendencia deberían aplicar la normativa con un mínimo marco lógico.

Entonces, cuando una parte del sector cultural se queja del gobierno nacional siguiendo otras inercias, las ideológicas, debería tener en cuenta estas actitudes diametralmente distintas, que valen más que cualquier declaración o promesa para la tribuna.

Paralelamente y a pesar de la gravedad de la pandemia a nivel de contagios y fallecimientos, el Poder Ejecutivo ha anunciado que está trabajando en un plan para el retorno de la actividad cultural, más allá de la clara polarización en la opinión pública, que divide a quienes pregonan reducir al máximo la movilidad (el Frente Amplio) y quienes promovemos el ejercicio responsable del derecho al trabajo.

Son dos posiciones bien claras. Cada artista decidirá quién defiende mejor sus derechos: si una oposición que postula que permanezcan inactivos, dependientes de un subsidio estatal que nunca será suficiente, o un gobierno que alienta su reactivación en el plazo más breve posible.

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