EDITORIAL

Es la mujiquización del Estado. Proclaman que invierten en políticas sociales, pero los resultados en educación, salud y seguridad los desmienten en forma flagrante. Asisten impávidos al deterioro de la convivencia democrática y ellos mismos lo agravan.

Es tradición decir que vivimos en un país estatista. Lo construyó el primer batllismo bajo la consigna de que el Estado debía ser el escudo de los débiles. Con mayor o menor eficiencia —no es nuestra intención analizarlo aquí— esa concepción estuvo presente en prácticamente todos los gobiernos democráticos del siglo XX, aun en aquellos de mayor liberalización económica. El porrazo del 2002 abrió la puerta al Frente Amplio, cuya visión estatista ya no respondía al talante socialdemócrata de sus adversarios, sino a una ideología colectivista, que fue incubándose en la sociedad desde los años 40, en una operación gramsciana de la que ya hemos escrito en esta página.

Y llegamos al Uruguay de hoy: para responder al clamor generalizado de los sectores productivos por el abatimiento de impuestos y tarifas, el aparato del poder agita el cuco de una derecha que aspira a "recortar las políticas sociales". Dicho esto, uno supondría que el Frente Amplio ha fortalecido aquel escudo de los débiles. Y nada más lejano a la realidad.

En los últimos días, la sociedad uruguaya se vio conmovida por un número desmedido de decesos de personas jóvenes, en circunstancias totalmente evitables. El crimen de la joven cajera del supermercado de La Blanqueada fue sin duda el que produjo más indignación pública. ¿Dónde estuvo el Estado para evitarlo? No estuvo. Falló. En los últimos tiempos trabajar en un comercio es una actividad peligrosa. Quizá por eso estallaron las opiniones en las redes sociales con una virulencia inusitada.

Hablemos ahora de su matador, que luego se quitó la vida. ¿Dónde estuvo el Estado para sacarlo de esa insanía criminal? Tampoco estuvo. También falló. ¿Qué está haciendo el Estado por la salud y la escolarización de esos chiquilines dejados de la mano de Dios, con el cerebro quemado por la pasta base? Nada. Se limita a quitarse responsabilidad, como el desagradable tuit del consejero de Primaria Pablo Caggiani, que culpa a los gobiernos anteriores, solo porque el muchacho nació antes del 2005. El mismo iluminado que bardea a los expertos que proponen un verdadero cambio educativo, descalificándolos con el mote de pinochetistas.

Y hablemos ahora de una tercera víctima joven. La chica que, como informó El País en su edición de ayer, acaba de morir como consecuencia del consumo de drogas sintéticas en una fiesta electrónica de Atlántida. ¿Dónde estuvo el Estado para evitarlo? Tampoco estuvo. También falló. Leemos con una sorpresa rayana en la repugnancia, que uno de los organizadores del espectáculo, de nombre Nicolás Chirico, ha declarado que "están estudiando, entre todos los productores de fiestas electrónicas, lanzar una campaña para concientizar sobre el consumo de drogas sintéticas en estas fiestas". Se ve que estudiarlo les da mucho trabajo, porque en noviembre de 2015 ya había muerto otra persona en uno de sus propios eventos, por la misma causa.

La política que ha tomado nuestra Junta Nacional de Drogas (la misma que últimamente se limita a pedir disculpas cuando hay desabastecimiento de marihuana en las farmacias) ha sido simplemente publicar unas amables recomendaciones en su página web y dejar, por ejemplo, que ciertas ONG compañeras, en algunos de estos eventos, instalen carpas para testear la calidad de las drogas (sic). A nadie se le ha ocurrido la "insólita" idea de inspeccionar in situ para sacar a patadas a los dealers y mandarlos presos. No sea cosa de que se vean demasiado represores.

Este es el Estado protector del Frente Amplio. El de largas filas de personas, que dan vuelta la esquina, no para sacar libros de las bibliotecas, sino porro de las farmacias. El de un Presidente de la República que guapea en plena calle contra una turba de barrabravas, en lugar de guardar la sobriedad debida a su cargo y comunicar sus ideas en el tono y lugar que corresponden.

Es la mujiquización del Estado. Proclaman que invierten en políticas sociales, pero los resultados en educación, salud y seguridad los desmienten en forma flagrante. Asisten impávidos al deterioro de la convivencia democrática y ellos mismos lo agravan, por acción y omisión.

Cuando el ejemplo que se da desde el poder es de impunidad ante la corrupción e incapacidad de debatir sin insultarse, no es extraño que en los hogares haya desquiciados que matan a sus parejas, en las escuelas, madres que golpean a los docentes de sus hijos, y en los barrios, bandas de narcos rapiñando y asesinando sin piedad.

Indignidad arriba y revoltijo abajo.