La hegemonía cultural de la izquierda desvirtúa y sesga la descripción de los procesos sociales que dice querer cambiar. Eso lleva a que temas en los que podría haber consensos amplios, terminan en realidad integrándose a la fuerte división partidista que caracteriza a nuestra política nacional.

Un ejemplo claro es el de la participación de las mujeres en política. Por años se criticó que esa actividad era llevada adelante sobre todo por hombres. Y es verdad de que más allá de notorias e importantes excepciones a nivel internacional, son los hombres los que más se ocupan de la vida pública de sus países. Hay allí una desigualdad que razonablemente se puede intentar revertir: la de las condiciones de acceso para iniciarse a la vida política que muchas veces son comparativamente desfavorables hacia la mujer.

Es así que se aprobó una ley que procuró abrir más las puertas de la participación a la mujer al facilitarle la elección al Parlamento. El problema, como siempre en estos casos, es que por mucha ley que se apruebe el cambio verdadero pasa por las decisiones políticas que se tomen, es decir, por las prácticas partidarias que son las que efectivamente terminan promoviendo la real participación de la mujer en política.

En esta coyuntura, los resultados de la representación parlamentaria para el quinquenio que se iniciará en febrero terminaron siendo desalentadores. Los grupos sociales y las distintas organizaciones que se ocupan de la promoción de la mayor participación de las mujeres en política señalaron así su decepción por la poca representación que ellas obtuvieron ya que, en comparación, se trató de una de las más bajas de Sudamérica.

Pero además, y aquí es donde se verifica la acción de la hegemonía cultural de la izquierda, la crítica fue sobre todo contra los partidos de la coalición multicolor, ya que se dijo que, de todos los partidos y en la elección de representantes titulares, el Frente Amplio era el que mejores porcentajes presentaba de parlamentarias mujeres. Lo mismo ocurrió cuando se conoció la integración del gabinete del presidente electo Lacalle Pou: allí, nuevamente, actores vinculados a la hegemonía izquierdista - periodistas, comentaristas, politólogos, representantes de agencias y organizaciones pro- mujeres, etc. - señalaron que la presencia de mujeres era insuficiente en el nuevo Ejecutivo anunciado.

Hasta aquí, todo esto es conocido. Sin embargo, este discurso es parcial y sesgado. Porque falta señalar ciertos datos que muestran que, en verdad, la situación es diferente a lo que la hegemonía izquierdista quiere hacernos creer.

Primero, porque la estructura parlamentaria en el Senado quedó con una fuerte representación femenina también para el caso del Partido Nacional (PN). En efecto, por causa del juego de suplencias de ciudadanos que pasarán a ocupar lugares en el Ejecutivo, 4 de los 11 senadores y vicepresidente blancos serán mujeres, en una proporción similar a la de 5 senadores mujeres en 13 en total del Frente Amplio.

Segundo, porque este proceso electoral trajo novedades históricas. Por primera vez Uruguay eligió una vicepresidente mujer, y por primera vez eligió también a una Senadora negra. Las dos son, claro está, integrantes del PN. Pero hay más: por decisión política de la coalición multicolor y en particular del presidente electo, por primera vez el ministerio más importante del gabinete, que es el de economía y finanzas, estará en manos de una mujer. A su vez, la representación ministerial en particular de Cabildo Abierto será totalmente paritaria: dos ministerios, uno para un hombre y otro para una mujer.

Por supuesto que hay que seguir procurando que las mujeres ocupen lugares a la par que los hombres en política. Pero con ese objetivo importa que se describa bien cuál es la realidad actual: la coalición multicolor es el actor político que más ha abierto las puertas a la representación femenina, porque varios cargos de gran relevancia institucional serán ocupados por mujeres.

El asunto no es nuevo. La hegemonía cultural de izquierda ha ocultado deliberadamente, por ejemplo, que Martín Echegoyen fue clave en el proceso legislativo que equiparó los derechos civiles de la mujer en los años 40, o que la primera ministra del Uruguay fue designada por el presidente Jorge Pacheco a fines de los años 60. A nadie puede extrañar entonces que ahora disimule estos logros de 2020 en favor de la participación de las mujeres en política solo porque ellos están vinculados al PN.

Así de contundente es la mala fe de la hegemonía cultural izquierdista.