EDITORIAL
diario El País

Mostrando los mejores argumentos

Si bien la Corte Electoral no terminó de contar las firmas para convocar a un referéndum que decida si la Ley de Urgente Consideración (LUC) se mantiene o no, todo indica que serán suficientes y la consulta se hará.

Por eso, desde diferentes grupos políticos empieza a discutirse cómo habrán de ser las estrategias de quienes quieren derogar la ley y las de quienes quieren mantenerla.

La etapa que viene, de confirmarse que las firmas alcanzan, no puede ni debe compararse a una campaña electoral. Acá no hay partidos ni candidatos buscando votos para ganar. Lo que sí hay es una ley que el gobierno entiende que es el eje de su gestión (y por lo tanto necesita defender) y una postura de la oposición de pretender derogar esa ley para de esa forma obstaculizar esa gestión.

No en vano el presidente Lacalle Pou reunió a su gabinete en un encuentro en la residencia del Prado, para discutir los pasos a seguir en caso de que ello fuera necesario.

El presidente siente que lo que está en juego es su ley, la ley que discutió la coalición de gobierno, que votó en el Parlamento y que él promulgó. Por lo tanto está dispuesto a defenderla en la medida que los cuestionados son él y su gobierno.

Por esa razón también, todos los partidos de la coalición están alineados en la necesidad de defender la LUC. El problema es que no cualquier estrategia sirve y algunas pueden tener efectos contraproducentes.

Como el proceso de recuento de firmas tomará su tiempo, es bueno aprovechar ese período para coordinar una buena ofensiva y evitar exabruptos innecesarios.

Lo que está en juego es la ley que sustenta la gestión del gobierno, no los personalismos y perfiles de sus socios.

Incluso es discutible que sirva ir a debates televisados como manera de marcar posiciones. Para empezar, la ley fue debatida durante la campaña electoral de 2019 porque ella resume lo que los partidos de coalición propusieron al electorado y por lo que ganaron.

Después fue debatida por los propios partidos socios una vez que ganaron las elecciones y ya en el gobierno fue debatido en forma muy pública en el Parlamento junto con la oposición hasta su aprobación final.

¿Qué más queda por debatir ante una consulta en que el ciudadano está limitado a decir Sí o No?

Trascendió en estos días que el senador frenteamplista Óscar Andrade quería debatir sobre el tema con el senador cabildante Guido Manini Ríos. Basta recordar algunos antecedentes para saber que Andrade no debate, recita sus dogmas. Tira un argumento atrás de otros a velocidad pasmosa, por lo general no conectados unos con otros y menos aún con el tema en cuestión. Es como si hablara solo. Para eso, es mejor dejar que vaya a un programa televisivo y lo dejen disertar por su cuenta. Y que Manini haga lo suyo por otro lado.

Para colmo, si a Andrade no le gusta lo que su interlocutor dice, su técnica es siempre la misma. Se pregunta por qué solo se habla de ese determinado tema y no, por ejemplo, de Colombia. Eso descoloca al interlocutor que no entiende qué tiene que ver Colombia con el debate en curso y en esa confusión Andrade cree que ganó un punto. Quizás lo gane ante su contendiente, pero no ante el público que se quedó en ascuas.

El objetivo final, para el gobierno, es mantener su ley y no otra cosa. Por lo tanto no tiene sentido generar una situación en la que dos corrientes políticas opuestas se estén gritando consignas previsibles.

Se trata, sí, de que cada parte exponga sus ideas claras y firmes, pero no de ofrecer un espectáculo que simula ser un debate sin serlo.

Días atrás, el senador Jorge Gandini en el programa que conduce Sergio Puglia expuso argumentos sencillos y bien pensados: de alguna manera marcó la pauta de cual debía ser el tono de la prédica por quienes no quieren derogar la ley.

El objetivo final, para el gobierno, es mantener su ley y no otra cosa. Por lo tanto no tiene sentido generar una situación en la que dos corrientes políticas opuestas se estén gritando consignas previsibles que nada tienen que ver con lo que está en juego. La pelea no es uno contra el otro, es para persuadir a la ciudadanía que la ley es buena, sirve y es necesaria.

En todo caso, sí demostrar que la otra parte carece de argumentos y se opone a la ley con el puro objetivo de trancar al gobierno como parte de su estrategia de “resistencia”. No le interesa una genuina discusión respecto a cómo gobernar el país.

La iniciativa argumentativa la deberá tener siempre el gobierno. No puede estar a la defensiva, corriendo de atrás y respondiendo lo que dicen los promotores de la consulta.

A los golpes bajos (que los habrá) se responde con altura y sin entrar en la provocación, porque en todo momento el mensaje debe ir dirigido a la gente.

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