En plena Semana Santa, en la misa crismal del jueves, el cardenal Daniel Sturla conjugó por un momento el aspecto terrenal con el tradicional mensaje religioso, se centró en la situación de la sociedad y pidió a los sacerdotes que redoblaran su esfuerzo para luchar contra la "fragmentación social" que se refleja en la sucesión de hechos violentos.

"Estamos viviendo en una sociedad fragmentada. Lamentablemente tenemos muchas muertes violentas en estos días que han sacudido la conciencia de nuestra sociedad. ¿Qué decir de la muerte del sanducero de familia judía David Fremd? ¿O de los dos taxistas cuya muerte lamentamos en estos días? Todas golpean el alma. Me ha conmovido la muerte de este chico por ser hincha de un cuadro de fútbol… y escuchar en la radio que en los estadios se cantan cánticos de guerra entre las hinchadas, haciendo caso omiso del dolor de las familias y manifestando lo peor del ser humano", afirmó el cardenal, para agregar que "nuestros barrios más carenciados tienen necesidad perentoria de evangelio. El tema es pasar de los discursos a acciones eficaces".

No se trata de politizar el mensaje del Cardenal: lo dijo en un entorno especial y su descripción de lo que ocurre en el país —sobre todo en Montevideo— estaba destinada a llevar el mensaje cristiano a los barrios y estimular su evangelización. Pero los hechos de violencia son ciertos y alarmantes y no son solo de ahora. Hay una escalada imparable de la inseguridad y la sociedad se sacude ya por la presencia de sicarios que cobran por matar, matan y se van —como ocurrió con el matrimonio paraguayo acribillado en Solymar— ya por la paranoia terrorista-religiosa, ya por la esmirriada recaudación de un taxista, ya por el color de una camiseta de fútbol, ya por otras muertes que caen en la bolsa de los "ajustes de cuenta". Todo sirve, todo da igual.

El tema es que esa preocupación de la Iglesia debería ser prioridad del gobierno, que no puede hacerse el distraído y hablar —por la voz del Ministro del Interior— como si nada pasara en el país, porque está mejor que los niveles registrados en otros lados. Esa explicación es pobre, tonta y peligro-sa y solo puede tener cabida (¡y vaya si la tuvo!) en una engañosa campaña electoral.

No vamos a hacer un repaso de las estadísticas del crimen en los últimos años. Son recontra conocidas, sino observar cómo se han precipitado estas situaciones en un país que ha disfrutado de una bonanza económica sin precedentes y que, según sus autoridades, ha permitido realizar exitosas políticas de reinserción social en los sectores más castigados y ha bajado a cifras históricas el porcentaje de desempleo. Salvo la posibilidad de que "chorro", ladrón o rapiñero sean considerados como una actividad informal, pero un empleo al fin y al cabo, porque eso explicaría cómo baja un índice social y cómo sube el otro.

Es bueno recordar que el ministro Bonomi lleva seis años a cargo de esa secretaría de Estado. Que ha tenido los mayores incrementos presupuestales en muchos años, y carta blanca para hacer y deshacer en el organigrama policial. Seis años de cambios de autoridades subalternas, de modificaciones de jurisdicciones, de promesas y vaticinios. Y seis años donde los resultados, especialmente ante estas realidades, han sido de magros para abajo. Nadie se explica por qué sigue ahí. Nadie encuentra respuestas de cómo ha logrado mantenerse, cómo ha tenido el apoyo de dos presidentes y cómo sobrevive el respaldo de una bancada parlamentaria cuando la escalada de violencia y la inseguridad se han transformado en dramáticas.

El ministro Bonomi y el subsecretario Vázquez han perdido toda credibilidad y cualquier acción que se intente para combatir la violencia, la inseguridad y la fragmentación, no puede pasar por sus personas. Y el Frente Amplio va camino a quedar definitivamente abrazado a este fracaso; no ha logrado implementar ninguna política de contención: el desastre de la educación, sin ir más lejos, es pura y exclusivamente su responsabilidad.

Mientras tanto, los ciudadanos inocentes seguirán resignados a vivir entre rejas y contratar alarmas, cámara y servicios de vigilancia si pueden; los que pasean por las calles (a toda hora) o entran a los comercios seguirán siendo los delincuentes, y en los barrios más pobres, en las zonas marginales, la policía continuará sin entrar y el hampa extenderá sus fueros manteniendo el terror de sus habitantes. Aquí, mucho más que allá, no se trata de que le roben un celular. Lo que está en riesgo es la vida misma.

EDITORIAL