EDITORIAL

La ministra y su doble criterio

Un viejo economista decía que "la mitad de la ciencia es descubrir las respuestas exactas; y la otra mitad, formular las preguntas correctas". La acertada afirmación nos vino a la mente ante la defensa del "usuario", consumidor de supergás, que asumió la Sra. Cosse, expresidenta de Antel, hoy ministra de Industria y Energía.

Su argumento, en línea con el instructivo dictado ayer por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), se basó en la necesidad del Estado de defender al "usuario", víctima de las desordenadas empresas envasadoras y distribuidoras de supergás en momentos de alta demanda. Podemos coincidir con tal preocupación, pero sin dejar de señalar el doble criterio de la ministra que como presidenta de Antel fue un ejemplo de ineficiencia y abuso del "poder de coerción" del que gozan los entes monopólicos del Estado.

Los "usuarios" de Antel, salvo la telefonía móvil, no tienen derecho a elegir otro servicio. A ello se agrega la fibra óptica que la empresa pública presta en régimen de monopolio y que la ley de telecomunicaciones consolidó utilizando oscuras normas, y además, los acuerdos de Antel con empresas privadas que en exclusividad ofrecen sus servicios a través de la telefonía básica en perjuicio de la competencia.

Todo este despilfarro lo pagamos los "usuarios" del mismo modo que lo hicimos con la Ancap del Sr. Sendic, a lo que se agregan decenas de millones de dólares en publicidad en todos los medios y espacios públicos, y un IVA en las facturas de los más altos del mundo.

En esta otra función la ministra se respalda en la Ursea acusando a las empresas envasadoras y distribuidoras de no ser "ordenadas en la atención prioritaria de suministros con necesidades socialmente esenciales".

¿Ordenadas? ¿Eficientes? ¿Lo mismo que Antel? Esto último nunca lo sabremos, porque desde que el plebiscito impulsado por el Frente Amplio, el Pit-Cnt y sus socios de un partido tradicional derogó los artículos referidos a Antel, el derroche y la falta de transparencia ha sido la norma.

En este escenario: ¿quiénes son los usuarios? ¿Son diferentes a los contribuyentes o a la población en general? ¿Acaso este criterio no se aplica a los que pagan tarifas públicas como el agua, la luz y el teléfono? Esa diferencia en definir al que paga por los servicios con una visión hemipléjica, por lo menos, esconde un doble discurso.

La respuesta es que los monopolios carecen de la mínima transparencia por la simple razón de que el objetivo se resume en captar el máximo de recursos para financiar a los entes del Estado, como Antel y Ancap, y de paso transferir el excedente a Rentas Generales para hacer frente al creciente gasto público.

Todos los emprendimientos de Antel cuando la ministra la presidía fueron financiados con el bolsillo del pueblo, sin tener en cuenta las dificultades que enfrentaban estos "usuarios". Y eso responde a que Antel se comporta como un déspota esclarecido, invocando un falso sentimiento de paternalismo propio del perdulario estatismo que ella misma representó con tanta ineficiencia.

Su gestión se orientó a multiplicar las fuentes de recursos y a preservar la estructura burocrática del ente en un modelo organizativo carente de principios de política tarifaria. A tal punto, que como presidenta de Antel actuó con tanta arrogancia burocrática que determinó que el representante de la oposición en el Directorio renunciara para librarse del "ninguneo" y la prepotencia técnica y política que impuso en su presidencia.

La realidad rompe los ojos por el simple hecho de que las telecomunicaciones están cada día más expuestas a una evolución tecnológica que reduce su naturaleza de monopolio natural y las hace más susceptibles a la competencia.

Sin embargo, el "usuario" (el mismo que consume gas) no tiene la libertad de escoger en tiempos en que tiende a acceder a mejores bienes y servicios, y experimentar novedades; y es por ello que se lo discrimina, sobre todo, cuando las empresas públicas alimentan protagonismos personales que favorecen un censurable oscurantismo que maquilla resultados y omite dar cuenta a los sufridos "usuarios" de los costos en que han incurrido.

Ni qué hablar de las nuevas generaciones de "usuarios". El intento de volverlos virtualmente socialistas solo se explica ocultando la ineficiencia y el clientelismo político. Y lo cierto es que tienden a ser menos beneficiados, pero como no disponen de la mínima información, se les impide romper con el yugo estatal mientras se les vende la idea de que la burocracia pública es su principal defensora. Los "usuarios", todos, se merecen ser tratados con un poco más de humildad y coherencia. No es mucho, pero parece imposible lograrlo.

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