EDITORIAL

El Mides o la changuita

Hay dos maneras de combatir la pobreza: haciendo a las personas dependientes de la limosna estatal o invirtiendo en educarlas y crearles oportunidades de trabajo digno, que les permitan superar su situación. El FA ha optado por lo primero.

No podemos resignarnos a que el destino de la gente más necesitada del país sea un Mides o una changuita", dijo el ex presidente Julio María Sanguinetti al cerrar su exposición en el almuerzo de ADM de anteayer. En su dramática contundencia, la frase encierra mucho más de lo que dice. Porque no refiere solo al hecho objetivo de que el gobierno ha abatido los índices de pobreza e indigencia regalando pescado, en lugar de enseñar a pescar. Habla también, y especialmente, de un criterio de gestión aplicado sin pausa desde 2005, sustentado no tanto en decisiones coyunturales, como en nocivos atavismos ideológicos.

Cuando el país retomó la senda de crecimiento, a partir de 2003, parecía lógico que el gobierno siguiente decidiera transferir recursos a los sectores más afectados por la crisis. El problema fue que la medida dejó de ser transitoria y se convirtió en el buque insignia de tres gobiernos del FA. Y más grave aún fue la prédica del presidente que tuvimos a partir de 2010, siempre orientada a desdeñar explícitamente el culto al trabajo. Esa curiosa filosofía personal llegó al paroxismo cuando Mujica declaró, en foros internacionales, que la ventaja de invertir en el país radicaba en que los uruguayos éramos "atorrantes" (sic), que como no nos gustaba trabajar, no teníamos ambiciones y por ello resultábamos más confiables…

Cuando Vázquez reasumió la presidencia en 2015, en cambio, puso cierto énfasis en lo que llamó "promover la cultura de trabajo". Pero la inquietud no pasó de lo declarativo. Porque a juzgar por lo hecho, la única cultura que han beneficiado es la del empleo público, siendo los suyos los únicos gobiernos que hicieron crecer (desmesuradamente) esa plantilla desde la restauración democrática.

Por lo demás: la voracidad fiscal con que castigan los salarios, mal puede llamarse fomento al trabajo. Todo lo contrario: basta decir que hay profesionales o ejecutivos de empresas que desisten de dedicar sus horas libres a dar clase en las universidades, porque al hacer cuentas, comprueban que con lo que ganarían allí se pasarían de franja y el aumento del IRPF se comería su nuevo ingreso.

La decadencia de esta cultura de trabajo se ve inmejorablemente ejemplificada en la multiplicación de jubilaciones por incapacidad a partir de 2008, amparada en la desafortunada ley frenteamplista de ese año. El mismo ministro Astori ha reconocido que no faltaron quienes se acogieron a ese beneficio sin merecerlo realmente. En un país donde es negocio declararse incapaz para currar con el Estado, ¿de qué cultura de trabajo nos hablan?

Llega el momento en que tenemos que asumir que estos mensajes no son inocentes. Que hay dos maneras de combatir la pobreza: haciendo a las personas dependientes de la limosna estatal o invirtiendo en educarlas y crearles oportunidades de trabajo digno, que les permitan superar su situación. Y que la autodenominada izquierda no ha hecho otra cosa que optar por lo primero, teniendo en cuenta que las carteras de Educación, Trabajo y Desarrollo Social son el coto de caza electoral de sus sectores más reaccionarios, aquellos que se oponen al derecho individual a progresar, reivindican la anacrónica lucha de clases y se complacen en emparejar hacia abajo.

Son los mismos que torpedean los acuerdos comerciales que darían más y mejor empleo. Los mismos que niegan a los pequeños y medianos empresarios nacionales los beneficios fiscales y la paz sindical que no dudan en conceder a UPM. Los mismos que hacen la plancha sobre un sistema educativo regresivo, que beneficia al rico y perjudica duramente al pobre. Los mismos que saben que un pueblo educado abandona su condición de masa y se convierte en un conjunto de ciudadanos críticos, que en lugar de vender su voto por unos pesos, elegirá con libertad el mejor proyecto de país para sus hijos.

Está instalada una batalla ideológica y hay que librarla en el plano del debate de ideas. Alguien tiene que decirle al ministro Astori que no puede sentirse "satisfecho" por un acuerdo en la ley de los cincuentones, que le costará al país más de dos mil millones de dólares cuando, de aplicar el proyecto alternativo presentado por la oposición, ese costo se abatiría a la mitad. Alguien tiene que hacer entender a los ciudadanos que aun defienden esta conducción económica, que el poder lo ejercen los mujiquistas, siempre tensando la cuerda hacia la irresponsabilidad fiscal y la retranca al progreso.

Hoy la oposición tiene el deber histórico de concertar fuerzas y señalar el camino.

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