Hace diez años ocurría la peor tragedia carcelaria de la historia del país. Allí murieron 12 personas, 12 seres humanos que estaban bajo la custodia del Estado uruguayo.

Murieron quemados por las llamas de un incendio que se pudo haber evitado, que tuvo numerosas advertencias previas, debido a la desidia de las autoridades responsables.

Hace diez años, cuando todo esto ocurrió, no hubo responsabilidades funcionales ni políticas. No hubo detenidos, no hubo renuncias, ni siquiera las máximas autoridades políticas del momento, el ministro Eduardo Bonomi y su grupo, que habían tenido la experiencia de pasar varios años presos debido a su alzamiento contra un gobierno democrático, sintieron una dosis de empatía suficiente como para asumir una responsabilidad. O al menos asegurarse de que hubiera una investigación a fondo.

A tal punto llegó esa falta de humanismo, que hoy los familiares de los muertos están elevando un pedido público al presidente Lacalle Pou, para que la causa no prescriba, sin que nadie se haga cargo de la muerte de sus seres queridos.

Luego de esa tragedia, el ministro Bonomi y su grupo, siguieron casi una década más a cargo del ministerio que vela por la seguridad pública y las cárceles, tiempo en el que tampoco hicieron demasiado para mejorar el tema. Como bien dejó en evidencia días atrás un video difundido por el nuevo ministro Larrañaga, donde se ve el estado de las prisiones hoy en Uruguay. Y que es una invitación a una nueva tragedia cualquier día, sobre todo en estas épocas de fríos cruentos, en las cuales los presos deben buscar calentarse con cualquier tipo de implemento casero como el que provocó el incendio de Rocha, diez años atrás.

Todo esto cobra mayor trascendencia, cuando se ve la reacción política de la actual oposición ante otra tragedia muy diferente: la muerte de una persona que vivía en la calle, a quien el sistema de refugios no logró dar cobijo, y que murió de manera indignante cuando dormía bajo el pretil de una panadería.

Ante esta muerte dolorosa, las figuras más representativas de los gobiernos anteriores, salieron a hacer lo que tan bien saben hacer. Endilgar culpas, enchastrar y, sobre todo, erigirse en paladines morales de la sociedad, y en jueces de quienes no piensan como ellos.

Proliferaron las acusaciones, no de falta de recursos, no de ineficiencia administrativa, no de carencia de preparación. Lo que estos altos dirigentes del Frente Amplio se encargaron de decir a quien quisiera escucharlos, es que la muerte de este pobre hombre se debió a que las nuevas autoridades desprecian a los pobres, que no tienen sensibilidad social, y hasta se encargaron de hacer referencias tan inconducentes como ruines, a la fe religiosa de algunos jerarcas actuales del Mides. Como si eso tuviera algo que ver en el debate en cuestión.

De golpe, se olvidaron que durante los 15 años de administración del Frente Amplio, fueron decenas las personas que murieron en la calle por el mismo motivo. Tanto que son recordadas las polémicas entre el Mides y la Intendencia de Montevideo, pese a estar entonces en manos del mismo partido, cruzándose culpas por estas muertes. Tanto que el expresidente Mujica llegó a proponer una ley para que la gente fuera llevada de prepo a los refugios. A la vez que otras figuras de su partido señalaban que había un derecho legal a vivir en la calle.

El nivel de hipocresía que ostentan los dirigentes de este partido queda en evidencia cuando se recuerdan episodios como el de la cárcel de Rocha. ¿Dónde estaban los sensibles defensores de la dignidad humana en aquel entonces? ¿Dónde estaban los que ahora exigen renuncias de ministros y jerarcas? ¿Acaso alguno le pidió entonces la renuncia al ministro Bonomi? ¿Acaso hubo planteos de instituciones de derechos humanos, como la que ahora reclama por un personaje de la noche caído en desgracia?

Y hay diferencias notorias entre aquel caso y ahora. En 2010, las arcas del estado rebosaban de recursos extraídos al contribuyente tras la reforma tributaria del 2007. Casi tanta abundancia de recursos, como de diagnósticos de que las cárceles, especialmente las antiguas como la de Rocha, no podían funcionar más así, en el siglo XXI. Y sin embargo, no hicieron nada. No hicieron nada.

Ahora tenemos una administración que tomó el poder hace 4 meses. Y en el medio le cayó una pandemia que postró al país. Emitir juicios como los que se le escucharon en estos días, a dirigentes de un partido que fue tan insensible cuando le tocó el turno de manejar el poder público, solo se puede calificar como una hipocresía indignante.