EDITORIAL

Hay un blablablá oficialista que se apoya en interpretaciones antojadizas de las cifras. Son mentiras estadísticas que en nada reflejan la vida real de la gente. Hay que tenerlo claro.

El problema no son los números sino las interpretaciones equivocadas de esos números: esta frase elemental explica en parte el divorcio cada vez mayor que se viene verificando entre el discurso oficialista y la realidad del país. Veamos algunos ejemplos.

El oficialismo y sus compañeros de ruta intelectuales por lo general vinculados a la Universidad de la República (UdelaR) afirman que la pobreza sigue disminuyendo. Frente a declaraciones de diputados de la oposición, de dirigentes de movimientos sociales o de algún analista que osan desconfiar de tal certeza oficialista porque simplemente ven la realidad, es decir, porque constatan en su cotidiano vivir que hay más pobres hoy que hace un par de años, nunca falta el intelectual o político afín al Frente Amplio presto a corregir con vigor semejante atrevimiento.

En las admoniciones en redes sociales, artículos periodísticos o declaraciones, tales paladines oficialistas traen a colación los resultados de la medición de pobreza por nivel de ingresos del Instituto del Nacional de Estadística (INE). Su último dato de 2017 fue que menos del 8% del total de la población es pobre. O sea que en esta visión oficialista de la realidad, la pobreza es menos del 8% porque así lo dice el INE, y afirmar lo contrario es mentir, exagerar o, en una perspectiva más propia del plan Atlanta de Sendic, querer desestabilizar al país haciendo poco creíbles los datos oficiales.

Lo que nunca señalan esos censores oficialistas es sobre qué base el INE calcula ese 8% de pobres. Y el cálculo es que, a octubre de 2018, es pobre todo aquel que residiendo en un hogar unipersonal recibe menos de $13.526 si habita en Montevideo, menos de $8.798 si vive en el interior urbano, y menos de $5.921 si lo hace en el interior rural. Ese es el ridículo umbral de ingresos que permite al INE primero y al coro de analistas y políticos oficialistas después, afirmar que en el país hay menos de 8% de pobres. El problema evidentemente no son los números, sino la interpretación de esos números.

Otro ejemplo es cuando el oficialismo y sus compañeros de ruta intelectuales de la UdelaR nos quieren hacer creer que nos transformamos en un país receptor de inmigración. Aquel viejo país del cual la gente emigraba ya no existe más, dicen, y ahora somos un modelo internacional al cual acude gente de todas partes para encarar esperanzados el futuro. Y para reforzar su idea, constatan que hay por doquier más extranjeros que antes entre nosotros.

La verdad es bien distinta. Los datos oficiales siguen marcando una fuerte tendencia a la emigración internacional de los uruguayos relativamente más jóvenes y más calificados; los que parten son más numerosos que los que llegan; y desde 2015 el saldo migratorio internacional total es negativo en al menos unas 10.000 personas por año. No es verdad que seamos un país que recibe una enorme ola de inmigrantes, ni tampoco es cierto que esa supuesta ola se transforme prontamente en un problema serio de integración social: todo eso es un discurso propio de organismos internacionales que tienen sus propias agendas de prioridades pero que, para el caso de Uruguay, no reflejan nuestros verdaderos problemas más graves. De vuelta: el problema no son los números, sino sus interpretaciones.

Un tercer ejemplo refiere a la mayor inseguridad. El coro de periodistas, analistas y políticos oficialistas había empezado a señalar en 2017 que los resultados de los cambios implementados por la gestión Bonomi estaban dando buenos resultados. Sin embargo, cualquiera que estudiara bien las cifras veía que eso no era verdad: no había un cambio de tendencia con respecto a años anteriores y lo que ocurrió, en todo caso y con ojos analíticos muy benevolentes, fue que hubo ciertas mejoras algunos meses.

Ya para 2018 ha quedado claro que la realidad de las cifras pudo más que la interpretación oficialista. En efecto, el cambio en el código del proceso penal de fines del año pasado arrojó como resultado una medición distinta de la cantidad de denuncias de delitos tales como hurtos y rapiñas, lo que a su vez mostró que la situación actual es mucho peor que la sufrida en 2015, 2016 y en 2017. La verdad es que el aumento actual de las cifras de los delitos condice con la sensación que hace años ya vive la población: la inseguridad está siempre peor que antes.

Hay un blablablá oficialista que se apoya en interpretaciones antojadizas de las cifras. Son mentiras estadísticas que en nada reflejan la vida real de la gente. Hay que tenerlo claro.